Defendamos la ciudad

La Nación Por Leyla Ramírez y Alejandra Carmona Nuestra capital promete atraer cerca del 20% de las inversiones totales del país en los próximos 15 años, lo que significa una sola cosa: Santiago seguirá liderando la concentración demográfica, económica y cultural del país. De hecho, ya produce cerca del 50% del total de bienes y servicios de la nación y su población se aproxima también a ese porcentaje. Nada de otro mundo, excepto porque estos volúmenes siderales se presentan en una pequeña cuenca, un hoyo entre montañas con escasa ventilación. Un reducto para el esmog. Pese a que diversos estudios evidencian la importancia de que las inversiones y la población se dirijan hacia las regiones y lo irracional de seguir instalando industrias y conjuntos habitacionales por doquier, los factores medioambientales no son incorporados en las políticas de urbanización de la ciudad. ¿Por qué? Los expertos coinciden en dos principales factores: carencia de una política de planificación urbana y el poder del negocio inmobiliario. Otros van más allá e indican que la ausencia de planificación suele confundirse con la especulación de una industria que goza de manga ancha con la venia del Estado. ¿Por qué? Porque ayuda a engrosar las cifras macroeconómicas que luce el país y ante cualquier cambio en las normas la amenaza del desempleo se coloca sobre la mesa, y porque se planifica la ciudad tratando el suelo como un producto de mercado y no como un bien para construir ciudad. Eso sin contar, por supuesto, con los conflictos de intereses que habría entre lo público y lo privado y la oculta gama de redes comunes de un negocio pujante. ZONA SATURADA En 1994 se promulgó la Ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, y en abril de 1997 se publicó en el “Diario Oficial” el denominado Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En este último se establecía que los proyectos inmobiliarios que se ejecutaran en zonas declaradas latentes y saturadas, como la ciudad de Santiago, debían someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Un torpedo al corazón de la industria inmobiliaria. Sin embargo, un oficio emanado durante el Gobierno de Eduardo Frei interpretó la norma y flexibilizó los requisitos para esta industria. “Desde entonces, dichos permisos se pueden otorgar independientemente de la Evaluación de Impacto Ambiental”, dice Mario Torres Jofré, académico del Departamento de Urbanismo y del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. En 1994, las autoridades limitaron el crecimiento de la ciudad a través del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Sin embargo, en 1997, cediendo a presiones económicas, se amplió el límite urbano en la provincia de Chacabuco. Posteriormente, en noviembre de 2002, la Corema de la Región Metropolitana aprobó el proyecto de modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago presentado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que borró con el codo lo escrito en el Plan de Descontaminación Atmosférica al liberar 90 mil hectáreas de los mejores suelos silvoagropecuarios de la capital. “Un traje a la medida que benefició a unos pocos inmobiliarios que adquirieron terrenos agrícolas en la periferia de la ciudad utilizando información privilegiada, lo que les permitió, permite y permitirá quintuplicar su valor inicial y que afectará la calidad de vida de los habitantes de Santiago al aumentar el desplazamiento de personas desde esos lugares”, sostiene Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad. Torres concuerda con Herman y va más allá: “La especulación inmobiliaria se manifiesta cuando el Estado deja de cumplir el rol que le compete a través de sus instituciones; cuando se deja al ‘mercado’ que actúe y se cree que éste es quien mejor asigna los recursos”, dice. ¿Por qué tanta manga ancha? Según el docente de la Chile, nadie puede desconocer que el sector de la construcción es generador de empleos, ni tampoco la importancia de las inversiones; sin embargo, ello no les puede dar derecho “a hacer lo que se les plazca con la venia del Estado y del Gobierno de turno. Se escucha que se eliminará la franquicia al IVA asociado –65%– a la construcción de viviendas y se responde que ello encarecerá las viviendas, que se dejará de construir un importante número de unidades, que se producirán miles de desempleados. Si esas respuestas no son presiones o amenazas, ¿cómo se podrían calificar? ¿Por qué si el suelo urbano es un producto más en el mercado, las utilidades generadas por la compraventa de él no están afectas al impuesto a la renta?”, se queja. PARTIDO INMOBILIARIO “El inorgánico desarrollo territorial urbano de Santiago no responde al interés ni al bien común. Santiago ha sido capturado por el poder del dinero”, dice enérgico el senador (RN) y miembro de la Comisión de Vivienda Carlos Cantero. No sólo el parlamentario ve con malos ojos las influencias que pudieran ejercer políticos y autoridades con claros intereses en el sector de la construcción. Lo mismo critican ecologistas, expertos ambientalistas e incluso Joan MacDonald, ex subsecretaria de Vivienda del Gobierno de Patricio Aylwin: “Me parece que los recientes procesos de reforma urbana chilenos han tenido dos grandes problemas: una participación desequilibrada de los sectores involucrados, es decir demasiada presencia de los actores del negocio inmobiliario, y nula o escasa inclusión de los ciudadanos, especialmente de los pobres. Y, además, han sido demasiado tecnócratas. Nadie que no sea un experto entiende de qué se tratan las reformas que se discutieron”. Patricio Herman apunta directamente a las influencias políticas que han minado las variables medioambientales en la planificación urbana: “Critican de la desigualdad social, y ellos son sus promotores. La DC es el ‘partido inmobiliario’. Se chantajea al Gobierno. Les dicen: si no hacen lo que pedimos, nos vamos a otros países a invertir y la cesantía aumentará. Eso lo hacen los grandes grupos, como la Cámara Chilena de la Construcción” (que nunca contestó los insistentes llamados de LND). El abogado y dirigente del movimiento Acción Ecológica Luis Mariano Rendón, señala que quienes ocuparon cargos de autoridad han sido claves en que Santiago siga creciendo sin tomar en cuenta variables ambientales. Para Rendón, en el proceso hay actores negativos más claros que otros: “La gestión de Jaime Ravinet como ministro de Vivienda fue un desastre para la ciudad, pero excelente para los negocios inmobiliarios. Ha sido una verdadera depredación urbana”. Desde el piso 26 del Hotel Marriott, Jaime Ravinet intenta retomar los lazos del negocio inmobiliario que abandonó en 1991. Los dejó porque consideraba incompatible continuar con ellos siendo alcalde de Santiago y presidente de la Asociación de Municipios. “Dejé de ser ministro de Vivienda hace tres años y voy a volver a actividades inmobiliarias”, dice abriendo los brazos con particular molestia: “Pero ahora soy el ciudadano Ravinet, mientras fui ministro no tuve nada que ver con el negocio”. Sus palabras intentan dejar en claro que cualquier vinculación que se haga entre él y manipulaciones políticas son sólo un pataleo antojadizo de los ecologistas. En su Dicom aparece como accionista de la empresa inmobiliaria y de comunicaciones La Florida Ltda. y él se apura en aclarar: “Esa sociedad es de 1991 y es la Radio Cooperativa. Cuando el vago de Herman o el zángano de Rendón estaban preocupados de fumar marihuana y adorar a Silo, otros nos preocupábamos de salvar medios de comunicación”. Ravinet no se calla y parece que le tocaran la fibra de la ira. Respira hondo. Retoma y defiende su gestión: “Creo que atribuir la contaminación a la expansión de Santiago es ignorancia. El problema fundamental de Santiago tiene que ver con sus características geográficas. Los gobiernos de la Concertación han logrado un éxito y un desarrollo económico, y a pesar de esto la contaminación no ha aumentado”. VIVIENDA SE DEFIENDE Quien también defiende la gestión de los gobiernos de la Concertación es el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, Luis Eduardo Bresciani. A su juicio, la planificación urbana –especialmente la del suelo– “ha sido bastante alta en Chile. De ello da cuenta el Plano Regulador Intercomunal, que establece claros límites urbanos, los cuales se han mantenido intactos desde 1997, cuando se incorporó la provincia de Chacabuco. También ha sido importante la planificación vial, lo que ha permitido que ésta sea armónica con la ciudad”. Bresciani agrega que cerca del 95% del total de la región está regulada en términos de protección ecológica y áreas rurales protegidas. El diagnóstico del ministerio es que, si bien Santiago ha crecido, lo ha hecho menos que en la década de los ’80 y que el mayor problema es que la actual normativa no ha sido eficiente en generar un crecimiento de mejor calidad, algo que esta administración busca cambiar. “No se modifica nunca más un límite urbano de Santiago sin que las áreas que crezcan se hagan cargo de todos los costos ambientales de lo que implica ese crecimiento. Me refiero a consumo de suelo, construcción de áreas verdes y parques, transporte público y redes de vialidad”. Hasta el 2003 los planos reguladores eran responsabilidad de los municipios. Éstos debían financiar su actualización, lo que en muchos casos no ocurrió por el costo que significaba. De allí que el Gobierno destinara 12 millones de dólares para costear esos estudios para todas las comunas del país. “Estamos en un proceso de actualización de 183 planos en todo Chile, unos 22 en la capital. Esto es inédito”, dice Bresciani, quien acota que el Gobierno ha obligado a incluir la participación de vecinos y variables medioambientales en la creación de estos planes. EL MUNDO AL REVÉS A pesar de la seguridad de Bresciani, no todos concuerdan con él. “No hay consideración alguna con las características ambientales en la planificación y construcción urbana. Ni de uso de suelo, ni de trazado de calles, ni de altura, ni de tipo de edificaciones, y eso es un crimen, una situación extremadamente grave y a la vez llamativa, porque una ciudad que se está construyendo tan vigorosamente y que se sitúa entre las mejores para vivir en Latinoamérica, ¿que no considere la contaminación atmosférica, que es su más grande restricción? ¡Terrible!”, dice Hugo Romero, docente del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile y Centro EULA de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. El experto es pesimista y cree que la situación es insalvable e irreversible en una capital que crece a este ritmo. “Hay muchas áreas urbanas de sectores bajos y medios que son verdaderos desiertos urbanos, no hay forestación. A eso se suma la creciente destrucción de nuestra escasa vegetación. Estamos hablando de miles y miles de hectáreas de cultivos, remanentes parques naturales y forestales en el pie de monte que han desaparecido”, sostiene. Una comedia del absurdo para su gusto: “Si te atreves a formular algo, eres descalificado violentamente, pues los intereses económicos son muy fuertes. Nosotros nos opusimos a Cerrillos, por ser un importante canal de ventilación en esa zona, pero ya ves lo que pasó.” Romero, junto a Fernando Órdenes, de la Facultad de Geografía de la Universidad de Chile, realizó un estudio para asignar territorios de la cuenca a usos residenciales y urbanos a partir de la máxima idoneidad ambiental. La conclusión es lapidaria: no son más de seis mil hectáreas las que cumplirían con todos los requisitos ambientales para recibir futuras urbanizaciones. Todas fuera de Santiago. Sólo seis mil hectáreas en una ciudad que hoy tiene 60 mil construidas y crece del orden de 1.500 hectáreas por año. Eso significa que en 20 años más vamos a tener 90 mil hectáreas construidas; o sea, la ciudad habrá crecido un 50% más. ¿A costa de qué? ¿Con el permiso de quién? LND Torres de Babel y subsidios Un claro ejemplo de falta de políticas sustentables es la no incorporación de regulaciones y variables ambientales en la edificación en el caso de la comuna de Santiago. A partir del año 1989 se posibilitó la “liberalización de las alturas de edificación”, que además se ve estimulada por la instauración de un subsidio de renovación urbana que se transforma en un negocio, dice Mario Torres, académico del Departamento de Urbanismo de la Universidad de Chile. “Repoblar áreas dentro de ciudades ha permitido que empresas se desarrollen al alero del aporte estatal que entrega el fisco. El proceso de renovación urbana ha sido y seguirá siendo un muy buen negocio inmobiliario”, explica en un texto. Como el monto de subsidio es fijo y equivalente a 200 UF –sin importar el tamaño de la vivienda–, la práctica ha derivado en construir un mayor número de unidades habitacionales de superficies inferiores a los 40 metros cuadrados, encareciendo el valor de la vivienda. La liberación de las alturas también afecta gravemente a la contaminación de la capital. Ello porque muchos edificios obstruyen el flujo de la escasa ventilación que existe en Santiago, mientras otros generan los “cañones urbanos”. Se les denomina así a las formas que adquieren las calles principalmente cuando las alturas de los edificios superan hasta dos veces el ancho de las calles, lo que impide que el sol llegue a la base de la calzada y ayude a disipar el esmog. “Las calles que no reciben insolación directa son más perniciosas”, afirma Hugo Romero docente del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Lo anterior sin contar lo obvio: edificaciones no contiguas, con anchas calles que las separen, con importantes espacios como áreas verdes, etc. Recomendaciones, por cierto, que nadie toma en cuenta.