Defendamos la ciudad

Las conclusiones del informe de mayoría son demoledoras. Sustentado a partir de información obtenida en la Contraloría General de la República, el informe parlamentario determinó que por la venta o enajenación de sólo 30 empresas públicas entre 1978 y 1990 el Estado perdió sobre 2.200 millones de dólares. En cifras actualizadas a 2004, la pérdida supera los seis mil millones de dólares. En realidad, esta cifra no representa el total, porque entre 1973 y 1990 fueron 725 las empresas que, a través de diversos mecanismos articulados desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), quedaron en manos de privados. En más de 300 páginas, la comisión denuncia también otras operaciones, hasta ahora desconocidas, como el traspaso de 15.888 inmuebles, de los cuales 11 mil fueron a manos privadas, y la liquidación irregular de más de ocho millones de hectáreas que antes había expropiado la reforma agraria. La superficie equivale a la suma de las regiones V, VI, VII y Metropolitana. La comisión parlamentaria se formó en agosto de 2004 a propósito de las cuentas de Augusto Pinochet descubiertas en el Banco Riggs por el Senado norteamericano. En ese momento, el diputado Julio Dittborn (UDI), integrante de la comisión, aseguró que la oposición estaría alerta para evitar que la citación de empresarios y ex ministros fuera usada como un “show mediático” por parte del Gobierno. Y la advertencia funcionó, porque ninguno de los empresarios involucrados en la venta de las compañías emblemáticas asistió a declarar. La ley no los obliga a hacerlo. Este no es el primer intento de investigar la venta de las empresas públicas durante el régimen militar. En 1991 se formó una comisión similar en la Cámara de Diputados, que después de tres años de trabajo, materializado en 17 tomos, no llegó a ninguna conclusión pública. Según el ex diputado DC Juan Carlos Latorre, que integró esa comisión, “se temía caer en una cierta inestabilidad en el proceso de transición”. Aún estaba fresco el acuartelamiento militar ordenado por Pinochet para detener una investigación sobre los cheques que involucraban a su hijo mayor. El ex ministro vicepresidente de Corfo, René Abeliuk, fue todavía más explícito: “La decisión del Gobierno fue mirar hacia delante y no hacia atrás. Si el Gobierno hubiese iniciado un pleito con los empresarios, habría sido una señal económica confusa. ¿Consecuencias? Las inversiones se habrían paralizado. Había una decisión política que tomar y no había donde perderse”. Las conclusiones del informe presentado este miércoles fueron enviadas al Consejo de Defensa del Estado para que determine responsabilidades penales. Los parlamentarios decidieron, además, oficiar a la Corfo para que solicite a la Corte Suprema el nombramiento de un ministro en visita, sugerir al contralor de la República el inicio de sumarios y pedir al ministro vicepresidente de la Corfo que exija indemnizaciones. Como presidente de la comisión parlamentaria, Montes dijo que este informe es “una constancia histórica, una especie de Comisión Rettig de la propiedad pública, del patrimonio público, de lo que pasó con él durante el Gobierno del general Pinochet. No pretendemos haber cubierto todo, ni mucho menos. Esto tendrá que seguir siendo trabajado en el futuro por las universidades”. El ex ministro de Hacienda Hernán Büchi envió a Montes una carta donde defiende el proceso privatizador, en el que fue actor crucial como conductor de las finanzas públicas entre 1985 y 1987, período que coincide con la más acelerada venta de empresas públicas. Büchi sostuvo que la investigación de la Cámara “reviste un carácter meramente táctico”, considerando las actuales denuncias contra el Gobierno por presuntos casos de corrupción y la proximidad de las elecciones presidenciales. “El proceso es inseparable de la transformación gigantesca de Chile”, afirmó Buchi. “Ésta le permitió convertirse en una nación digna de ser emulada, pues ha podido sentar las bases para que gran parte de la población supere la indigencia y la pobreza”. Este análisis es el mismo que hace el Instituto Libertad y Desarrollo, vinculado a la UDI. Según expuso en la comisión la investigadora Rossana Costa, “el proceso privatizador implicó, categóricamente, incrementos en eficiencia productiva, macroeconómica, inversión, empleo, bienestar de los consumidores y mejoramiento del mercado de capitales”. En la misma línea, el ex biministro de Economía y Hacienda, Rolf Lüders, planteó que el Fisco recibiría mayores ganancias “incluso si las empresas se regalaran”, porque “lo más importante es disminuir el déficit fiscal por concepto de subsidio a las empresas estatales y aumentar su eficiencia, a través de la cual el Estado recibe mejores ganancias por el pago de impuestos”. En el proceso privatizador hubo, sin embargo, irregularidades indesmentibles, en particular respecto de las compañías más grandes y emblemáticas que hasta los ’80 pertenecieron al Estado. Dos informes de la Contraloría, fechados el 18 de mayo de 1988 y el 31 de julio de 1989, y que permanecieron “extraviados” por algún tiempo, establecieron que “durante el año 1987, la Corfo enajenó acciones de sus empresas filiales, lo que representó, en cifras actualizadas al 31 de diciembre de 1987, un resultado negativo de $ 130.978.437.540, por lo que su patrimonio disminuyó en un 22,3%.” Añadió la Contraloría: “Durante la revisión practicada se pudo determinar que la Corfo enajenó en el año 1988 parte importante de las acciones de sus empresas filiales. En cifras actualizadas al 31 de diciembre de 1988, el costo de esas acciones al valor libro fue de $ 183.178.984.173 y la enajenación se efectuó en $ 118.917.768.418. Con ello se originó, a valor libro, un resultado negativo de $ 64.261.215.755”. El “Informe Montes”, como se ha denominado al documento de la mayoría de la comisión parlamentaria, afirma: “Fue legal vender en forma directa sin licitación. Fue legal que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones pudieran posteriormente comprarlas. Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociaran cuando se necesitaba. Nada estaba prohibido y todo podía decretarse a fin de cumplir con rapidez los objetivos privatizadores... Por lo tanto, se debe concluir que todo el proceso privatizador se desarrolló en Chile con normas legales decretadas ad-hoc por una dictadura”. En otra parte dice el informe de la mayoría de la comisión: “Pese a que entre los objetivos explícitos del proceso privatizador se proponía ‘terminar con los subsidios’, vicio adjudicable a las empresas en manos del Estado, la entrega de ellos a la empresa privada fue masiva durante todo el período, no sólo a través del precio de venta de las empresas, sino a través de todos los recursos con que contaba el aparato estatal chileno”. La mayoría de la comisión concluyó que un proceso privatizador de estas características es “totalmente inviable en una sociedad democrática”, y afirmó: “Es muy gráfico comprobar que los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones corresponden en gran medida a los técnicos que las diseñaron desde la Corfo, o que fueron interventores de empresas estatales, como (el entonces yerno de Pinochet) Julio Ponce Lerou, con el grupo Soquimich; Roberto de Andraca, con el holding CAP; y otros como José Yuraszeck, que dieron origen al grupo Endesa España con Chilectra, Enersis y Pehuenche; los grupos de Hurtado Vicuña y Fernández León, o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano, que hizo su fortuna con la ‘diseminación de la propiedad’ que se perseguía con la creación de las AFP”.