Defendamos la ciudad

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por la directiva del Club Deportivo de la Universidad Católica contra un dictamen de la Contraloría, que había dejado sin efecto los permisos que autorizaban la ejecución de un mega proyecto inmobiliario en los terrenos del estadio Santa Rosa de Las Condes. La decisión del tribunal de alzada capitalino fue adoptada con los votos favorables del ministro Lamberto Cisternas y la abogada integrante Andrea Muñoz, y con el pronunciamiento negativo del magistrado Mario Rojas. El director de la Agrupación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, que había objetado el negocio inmobiliario ante la Contraloría General de la República, expresó su disconformidad con la resolución de los tribunales de Justicia. "Estamos ciertos que la mayoría de esa Sala de la Corte de Apelaciones está equivocada cuando afirma que la Contraloría no tiene tuición sobre los actos administrativos otorgados tan livianamente por la Seremi de Vivienda y Urbanismo como por la Municipalidad de Las Condes”, sostuvo Herman. Asimismo, se manifestó confiado que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que representó los intereses de la Contraloría en el proceso, y los socios del club que rechazan el negocio apelarán ante la Corte Suprema, y que ésta ratificará lo resuelto por el órgano fiscalizador. Herman explicó que en la década del ’70, cuando el Estado donó los terrenos al club deportivo, estableció que sólo podían ser destinadas a fines deportivos, por lo que es improcedente el cambio de uso de suelo autorizado por la Seremi de Vivienda y la Municipalidad de Las Condes. "Me causa una tremenda sorpresa que la directiva de ese club deportivo haga prevalecer sus presuntos derechos de propiedad para ejercer iniciativas comerciales sobre ese predio área verde, en circunstancias que el mismo le fue donado en 1970 por el Estado de Chile con destino exclusivo para que sus socios lo utilizaran en sus actividades deportivas”, afirmó. En ese sentido, recalcó que "el Estado en la donación modal limitó el derecho de propiedad del donatario y lo que es más grave, según atestiguaron formalmente los Seremis de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, como la Intendencia Metropolitana, el Estado no ha desafectado de su condición de bien nacional de uso público ese terreno riberano del Mapocho originado en 1950 por rellenos ejecutados con fondos fiscales del MOP".