24 Abril 2006
Reportaje publicado en La Nación, Lunes 24 de abril de 2006

Planes reguladores y los derechos de los habitantes: Un festín al que los ciudadanos no están invitados

La discusión acerca de cómo debe cambiar la fisonomía de las ciudades ha dejado fuera a los principales actores: sus habitantes. Cambiar los planes reguladores se ha convertido en un gran negocio, que ninguna comuna está dispuesta a dejar escapar.

La Nación Katerinne Pavez Huir de una comuna sobre poblada a una que parece ofrecer una mejor calidad de vida. Ese era el norte de muchos vecinos que han llegado a La Reina en los últimos 10 años. De ahí se entiende su reacción furiosa cuando el alcalde de esa comuna, Luis Montt, anunció que se cambiaría el plan regulador, instrumento que permite modificar el uso del terreno y delimitar la densidad poblacional. Los activistas y los propios vecinos saben que estos planes están siendo modificados por las comunas única y exclusivamente para aprovechar el negocio del boom inmobiliario. Meter más gente en menos espacio parece ser la lógica del mercado, que le pone precio al terreno sin considerar los aspectos urbanísticos, sociales y culturales que le dan vida a los barrios. Un desastre en materia vial y de calidad de vida que parece no preocupar demasiado a los alcaldes, y mucho menos a las empresas constructoras. “En el caso de La Reina el plan regulador fue exhibido en un sótano, con muy poca información, entonces el problema es que mientras no haya transparencia está todo mal”, explica el arquitecto Héctor Arroyo. Esto lo corroboran algunos de sus vecinos. Como Francisco Stefoni, quien afirma que no se opone al cambio, pero reclama que el alcalde no les dio mayor información de lo que pensaban hacer: “Basta con que habilite la información en la página web de la municipalidad para que luego podamos decidir en un plebiscito, pero con información”, señala. Arde Las Condes En Las Condes las cosas se han puesto complicadas para Francisco de la Maza, al descubrirse que otorgaron permisos de edificación con normas urbanísticas derogadas. Aún cuando en 2003 se cambió el plan regulador y se normó la cantidad de pisos que podían tener los edificios de altura. Un ejemplo de esto son las dos torres que están en construcción en Isidora Goyenechea 3000, frente a la plaza Perú. La ordenanza dicta que la altura máxima es de 15 pisos para el sector, pero estas torres están proyectadas para 27 y 30 pisos. El alcalde De la Maza ha reconocido que 19 permisos de edificación presentan irregularidades, pero Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad cree que son más: “Un montón de inmobiliarias que tienen buena llegada y que deben haber utilizado información privilegiada o por lo menos ejercieron tráfico de influencias obtuvieron una serie de permisos con las normas derogadas. Se violó claramente lo establecido en el plan regulador” y aclara que han pedido al edil de Las Condes revisar la totalidad de los permisos “porque creemos que son más de 19. Eso es lo que queremos conocer y eso es lo que el alcalde ha negado sistemáticamente”. Plan regulador para Fra Fra Las señales indican que los planos reguladores, y en definitiva las políticas públicas son dictados por las grandes inmobiliarias, interesadas sólo en el negocio. Un dato de la causa: en la manzana de Apoquindo, el Bosque Norte, Roger de Flor y Encomenderos se abrió la posibilidad de aumentar la densidad del sector. La mitad de la manzana es de propiedad de Francisco Javier Errázuriz, ex senador y dueño de Supermercados Unimarc. “El Ministerio de la Vivienda no tiene consejo consultivo, el consejo lo componen ellos y la Cámara Chilena de la Construcción”, aclara Héctor Arroyo, dando cuenta de la poca participación y menor información con la que cuentan los ciudadanos. Al respecto, Javier Wood, director de planificación de la Seremi de vivienda reconoce que el ministerio no tiene mucho que decir a los cambios de planes de las comunas, sino sólo regular que no alteren el plan metropolitano. Opina que falta avanzar en el reconocimiento de que “las comunas no son islas” y que cualquier cambio que se haga en una de ellas, afecta el funcionamiento de sus vecinas. “La decisión de lo que quiere la comuna es privativa de los municipios...El plan regulador de Santiago sólo puede fijar una densidad promedio”.




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