Defendamos la ciudad

La presión económico-inmobiliaria es una de las principales variables que influyen en las municipalidades para elaborar o modificar sus planos reguladores comunales. De acuerdo con un informe de la Cámara Chilena de la Construcción, sólo en el primer semestre de 2006 la inversión inmobiliaria creció en Santiago en 27,1% respecto del año anterior. A modo de ejemplo, Providencia recibió 600 millones de pesos por concepto de permiso de edificación sólo del mall Costanera Center. Bettina Horst, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, explica que el plano regulador es una herramienta importante como fuente de generación de recursos para los municipios. El Colegio de Arquitectos estima, respecto de los planos reguladores, que Chile está viviendo un período histórico en que la inversión privada está muy por encima de la inversión pública en la ciudad. Las agrupaciones de derechos de vecinos, como Defendamos la Ciudad, opinan que el Ministerio de Vivienda, que es el organismo contralor, se ha desperfilado en su misión de desarrollo de la ciudad para "convertirse en un promotor inmobiliario más". Ello se ha traducido en que cada vez pesa menos la opinión de las personas en este contexto. Por ley, las municipalidades deben tener plano regulador. En el caso de la Región Metropolitana, las que no lo tienen se rigen por el Plano Regulador Metropolitano de 1997. Preparar o modificar uno de éstos cuesta a cada municipio cerca de 100 millones de pesos. Los municipios sin recursos reciben apoyo del Ministerio de Vivienda para el trámite. Para Cristián Labbé, alcalde de Providencia, quien anoche comenzó a informar de las modificaciones que se harán a su plano, es un deber del municipio para con sus vecinos mantener el "valor accionario" del suelo. El metro cuadrado en esa comuna es de 24,8 UF promedio. Es variada la relación de las distintas zonas de Santiago con sus planos reguladores. Hay algunas que no cuentan con uno propio, pero tomaron "prestado" el de sus vecinas. Ocurre con Cerrillos, que se regula por el plan que tenía Maipú en 1983, mientras que esta última actualizó el suyo en diciembre de 2004, para estar acorde con el Plan Bicentenario. Cerrillos espera tener lista su normativa para finales de este año, pero falta exponerla a los habitantes de la comuna y ser revisada por la Conama y el gobierno regional. Un caso parecido ocurre con Lo Espejo, que se maneja con el plano de La Cisterna, aunque también está en proceso de hacer uno propio, y para ello se iniciarán consultas con los vecinos. Aquellas comunas que no cuentan con un plan regulador propio, bien sea porque no han tenido el dinero para hacer los estudios y el proceso que implica su aprobación, o porque los organismos técnicos y vecinos no han dado el visto bueno, se rigen por el Plan Regulador Metropolitano, que determina el uso autorizado del suelo en toda la ciudad. La Granja es una de las que cuentan con su plano regulador vigente desde 1986 y que está en proceso de reformulación, en conjunto con el Ministerio de la Vivienda y el gobierno regional. Las autoridades comunales comenzarán dentro de poco a reunirse con los vecinos para que evalúen la propuesta, y se espera que para julio de 2007 esté listo para ser operativo. En la municipalidad explican que a La Granja la cruzan megaproyectos de envergadura, por lo que quieren aprovechar para potenciar el desarrollo urbanístico y comercial de la comuna. Que la relación vecinos-municipio suele ser tirante lo demuestra el caso de La Reina, cuyo alcalde debió abortar su proyecto de cambio al recibir una andanada de críticas.