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CRUZ MORCILLO/ JOSÉ MARÍA CAMACHO MADRID/MÁLAGA. Juan Antonio Roca, ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y actual asesor, es para la Policía el auténtico cerebro de la trama de corrupción que ha puesto en jaque al Consistorio y colocado a sus máximos responsables con un pie en prisión. Ideólogo y «recaudador», ese es el papel clave que le atribuyen los investigadores y le coloca en la cúspide de la pirámide de favores y corruptelas que se ha llevado ya por delante a 23 personas (ese era el número de detenidos a última hora de ayer). El engranaje puesto al descubierto por la «operación Malaya» es sencillo y extremadamente eficaz. De hecho, ha permitido que sus protagonistas cuenten con un patrimonio «sin nombre» que supera los 2.400 millones de euros, según las primeras estimaciones realizadas por la Comisaría General de Policía Judicial, en base a los bienes incautados y trabados. Hoy a disposición judicial Esa fortuna está repartida por varias provincias -Málaga, Cádiz, Huelva, Madrid y Murcia-, enmascarada en decenas de cuentas bancarias -se han bloqueado más de un centenar- y a nombre de testaferros que harán muy complicado llegar hasta el fondo del entramado. No obstante, los investigadores se muestran muy optimistas. «Nunca se había llegado a nada en Marbella, no podíamos alcanzar el fondo y esta vez lo hemos hecho y acreditado», explica uno de los investigadores. Juan Antonio Roca es el artífice del argumento, el más antiguo de la galería de personajes -con la alcaldesa Marisol Yagüe a la cabeza- que hoy empezará a desfilar por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, después de pasar su segunda noche en un calabozo de comisaría (todos los detenidos han sido trasladados a Málaga). Su papel de «recaudador» de fondos, a través de la concesión de licencias municipales y de ampliar el volumen de edificabilidad de los terrenos para favorecer a determinados promotores y constructores, comienza en la etapa de Jesús Gil, cuando Roca «monta» el Ayuntamiento como tótem del Urbanismo. Al sucesor de Gil, Julián Muñoz, no le convence y lo aparta del cargo. Pero el ya todopoderoso empresario no está dispuesto a perder el negocio que conoce mejor que nadie y promueve la salida de Muñoz del consistorio. Según fuentes de la investigación, convence a un grupo de concejales -los ahora detenidos- para que firmen y aprueben sus millonarios proyectos, cuya recaudación va directa a la «caja B». Cada uno desempeña su papel y otorga concesiones, en función del cargo que ocupa, y cobra por ello. Si hay que votar lo apoyan en bloque, y para dar fe y firmar documentos están el secretario del ayuntamiento, Leopoldo Abrantes, también detenido, y la alcadesa, acusada de cohecho y malversación de fondos públicos, según fuentes del caso. Ni un solo euro ingresa en los fondos municipales sino que presuntamente va directo a los beneficiarios en primera y segunda instancia. Los principales serían Juan Antonio Roca, la alcaldesa Marisol Yagüe, la primera teniente de alcalde Isabel García Marcos; y los concejales Victoriano Rodrígez (Transportes) y José Antonio Jaén (Cultura y Educación) y luego estarían los numerosos empresarios, abogados y testaferros (algunos desempeñan el triple papel) también arrestados en la operación policial que ha colocado al Ayuntamiento costasoleño al borde de la disolución. Con estos tejemanejes, todos han incrementado su patrimonio -el de algunos es casi imposible de calcular-, pero esos miles o millones de euros están a nombre de más de un centenar de sociedades instrumentales al frente de las cuales figuran «hombres de paja» o testaferros, sin actividad que justifique esas millonadas. La Policía calcula que la investigación patrimonial durará al menos otros ocho o nueve meses -se han intervenido documentos que ocupan cinco furgonetas-. Los detenidos están acusados de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y blanqueo de dinero. Los investigadores consideran que han recabado «suficientes indicios y pruebas» para que casi dos tercios de los 23 arrestados ingresen en prisión por orden judicial. La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, no empezará a conocerse hasta hoy, cuando los primeros detenidos pasarán a disposición de su señoría. Lo harán previsiblemente Roca, la alcaldesa y algunos de los casi diez abogados detenidos en Madrid y Marbella. Todos los arrestados han sido trasladados a dependencias policiales de Málaga y todos quedarán a disposición del Juzgado 5 que decidirá sobre la situación procesal de los 23 capturados a lo largo de todo el fin de semana. Ayer se produjeron dos nuevos arrestos en Madrid (otro abogado) y en Málaga, un empresario, que se sumaron al hasta entonces último y no exento de vodevil practicado el miércoles pasadas las doce de la noche. A esas horas era invitada la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, en el aeropuerto Pablo Ruiz Picasso de Málaga a dormir en la Comisaría de Marbella junto al resto de ilustres compañeros. La concejal regresaba de su luna de miel que había pasado en Rusia. Su abogado reiteró ayer lo que ella había anticipado horas antes que no estaba preocupada porque no tenía nada que ocultar. La edil, que fue expulsada del PSOE tras apoyar la moción de censura contra Julián Muñoz en 2003, se encarga actualmente de la tenencia de Alcaldía de Puerto Banús y de las áreas de Proyectos Estratégicos y Puertos en el Ayuntamiento de Marbella, y está acusada de los delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, según su director de gabinete. Cohecho y malversación La alcaldesa Marisol Yagüe y el ex gerente Juan Antonio Roca prestaron declaración ante los agentes ayer por la mañana en presencia de sus respectivos abogados. El letrado de Yagüe explicó que su cliente, que anoche volvía a dormir en un calabozo incomunicado, estaba «tranquila» y «bien» pese a la operación que sufrió la semana pasada de un quiste en la espalda. Hoy la polémica alcaldesa tendrá que enfrentarse a una doble comparecencia judicial. En principio, por la «operación Malaya» en la que está acusada de cohecho y malversación de caudales públicos, y en segundo lugar debe acudir a un Juzgado de lo Civil en el que estaba citada tras ser denunciada por la constructora que se encargó de las reformas de su chalé.