Defendamos la ciudad

La polémica desatada por la posibilidad de que la Costanera Norte pueda ejercer una tarifa de "saturación" abrió un nuevo flanco: si efectivamente las autopistas urbanas son el mejor idóneo para descongestionar el tránsito de Santiago. El presidente del Colegio de Arquitectos, Juan Sabbagh, no cree que la creación de autopistas sea la solución para la movilidad de Santiago, pues, antes de su implementación, se "debió haber incentivado el uso del transporte público y lanzar con fuerzas el plan Transantiago". Respecto si el problema de diseño sería la causa de la saturación de las autopistas, Sabbagh dice que “sería fácil resolverlo, puesto que habría que invertir más”. Sin embargo, apunta a que como las calles de Santiago operan como un conjunto, "no se saca nada con intervenir este problema si descuida el resto”. "Se implantó un sistema de carretera similar a un sistema rural y no se buscaron intervenciones adecuadas. Este proceso era muy largo, además se involucraba a otros sectores, como las municipalidades, los ministerios de Transporte y Vivienda. Lo que estamos pagando ahora es una especie de improvisación general”, explica el arquitecto. A su vez, el ingeniero civil Remberto Echeverría afirma que se producen cuellos de botellas "porque al interior de las autopistas existen tres vías y en las salidas sólo una", pero asegura que incluso si se resuelve ése problema, “a la larga éstas se van a congestionar igual”. Según Echeverría, una de las mayores causas de congestión de la ciudad son las facilidades que hay para el uso de automóviles. "No estoy en desacuerdo que las personas tengan autos, sólo que no lo deberían utilizar para trasladarse al trabajo. Lo que hay que incentivar es el transporte masivo", dice. Esta visión es compartida por Sabbagh, quien sostiene que "Santiago tiene una demanda automotriz muy superior a su calidad vial, entonces la única solución es que se haga una apuesta al transporte público”. Por otra parte, el presidente del Colegio de Arquitectos no sólo cree que se han descuidado las rutas alternativas, sino que toda la red. “Ninguna de esas vías se han tomado en cuenta, solamente se hizo este trazado por arriba del plano de Santiago y ellos determinaron un par de entradas y salidas y nada más. El resto de las calles les dio lo mismo", afirma. “La red de autopistas debiera ser parte de un sistema integral que contemplan toda la red de superficie, más el sistema de transporte público, el que debiera llegar a todas las partes de la ciudad”, enfatiza. Distintas visiones por cobro de “saturación” El anuncio del aumento de las tarifas en horario punta molestó a varios automovilistas, pues lo consideran injusto. Dado que en el contrato se establece que este cobro entra en vigencia una vez que se cumpla un año de la puesta en marcha de la autopista, Costanera Norte SA estaría facultada para realizar este controvertido cobro el próximo 13 de abril. Uno de los críticos a esta medida es el presidente de la agrupación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, quien califica el alza como “irracional”, ya que “los individuos van a pagar una mayor tarifa cuando van a recibir un peor servicio”. Dado que el incremento está estipulado en el contrato, Herman enfatiza que esto fue un “regalo” que el Estado de Chile le hizo al concesionario italiano. “El Estado privilegió los intereses comerciales de los empresarios en detrimento de los intereses de la ciudadanía”, acusa. Sabbagh, en tanto, sostiene que el alza de tarifas “es una medida artificial”, que no sólo “va hacer que se le dé mucha plata a los dueños de las autopistas”, sino que también “no se va a resolver el problema de congestión”. “El problema se debe a que no existen alternativas de transporte público equivalentes, las carreteras están saturadas. Si bien, con el aumento de las tarifas van a bajar la cantidad de autos que pasan por dentro de las autopistas, lo que va a pasar es que exista una saturación por los que transitan por el resto de la red”, asegura. En tanto, Echeverría no se opone al alza de tarifas. “Es lógico que para descongestionar la Costanera Norte se suba la tarifa” para que de esta manera “se desincentive el uso de esta autopista para aquellos que no puedan pagar este peaje”. “Está bien ese mayor cobro, porque de no ser así la Costanera Norte pasaría congestionada y no serviría”, asegura. Asimismo, descarta que se esté perjudicando a la clase media, ya que como se trata de una autopista concesionada, no hay obligación de usarla. “El Estado debe velar para que existan vías alternativas para aquellos que no puedan pagar, y eso sí existe. Si no existieran calles alternativas ahí sí se estaría perjudicando a un sector”, sostiene. Consejo consultivo El timonel de Defendamos la Ciudad considera que el cobro “es producto de la imprevisión que tuvieron los funcionarios públicos cuando hicieron las negociaciones con los concesionarios”, y porque fue un proceso “lleno de secretismos” de parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP). "Si la ciudadanía hubiera estado informada en su debida oportunidad, estoy seguro que no se le hubiese hecho este regalo a las concesionarias", afirma. "Es por esto que la agrupación ha propuesto que en todos los ministerios debieran existir Consejos Consultivos para que las generación de políticas públicas sean consensuadas y acordes al criterio común de ese consejo", ya que “en la actualidad todas las políticas públicas se implementan sobre la base de las solicitudes, peticiones y pautas que da el sector privado”, apunta Herman. Según Herman, este grupo debe estar integrado por funcionarios públicos sectoriales, por el sector privado que se desenvuelva en la actividad productiva del ministerio respectivo, y por las organizaciones de ciudadanos que tengan competencia técnica en cada una de las materias. “En este consejo se pueden confrontar las posiciones del sector privado que está en el mercado y las organizaciones, para que el sector público evalúe y coloque en una balanza las distintas posiciones expresadas y pueda tomar las mejores decisiones”, puntualiza. Mayor fiscalización El nuevo ministro del Obras Públicas, Eduardo Bitrán, ha reconocido la necesidad de establecer una entidad más autónoma para fiscalizar calidad del servicio y tarifas de los proyectos, dando su beneplácito a la creación de una Superintendencia del ramo. Al respecto, Echeverría considera que una mayor fiscalización “es positiva, porque sencillamente hay una serie de situaciones que no se ven, como el control del mantenimiento, ya que hasta ahora las concesiones se preocupan de llamar y entregar las licitaciones, y no se sabe quien fiscaliza”. “Debe haber un ente autónomo que fiscalice porque es muy importante, ya que en la actualidad se contrata una empresa privada para que fiscalice a otra privada, y ¿si éstas se ponen de acuerdo?”, indica Echeverría. Opinión compartida tiene Patricio Herman, quien manifiesta que “lo lógico es que hubiese dos divisiones muy distintas, por una parte quienes efectúan los contratos y por otra una los que realizan la labor de fiscalización. Estos tienen que funcionar totalmente autónomos”. “Nosotros apoyamos toda intención de ley o creación de una superintendencia, que signifique controlar al sector privado porque tiene una tendencia natural de actuar con el tejo pasado, queremos que en este Gobierno el Estado recupere su rol asignado en defensa del bien común”, añade.