Defendamos la ciudad

La Fundación Defendamos la Ciudad dio a conocer un reciente dictamen de la Contraloría General de la República mediante el cual obliga a la ministra secretario general del Gobierno, Cecilia Pérez, a invalidar un decreto que intentaba establecer un denominado “Sistema Nacional de Acreditación de Ministro de Culto” con sesgo anti iglesias evangélicas.

“El gobierno de Piñera quería que los ministros religiosos entregaran sus datos personales, incluyendo la fotografía, a ciertas oficinas de la administración para que éstas comprobaran las investiduras espirituales de esos ministros de culto, lo que es improcedente en un país laico como Chile y, por ello, la Contraloría acogió la denuncia correspondiente del Directorio del Consejo de Unidades Pastorales de la Región Metropolitana”, sostuvo Patricio Herman.

“A la luz de este nuevo desaguisado, esperaríamos que alguien en el Palacio de La Moneda ponga orden y rigurosidad en la generación de los futuros actos administrativos”, agregó el dirigente.

En su dictamen, la Contraloría detalla: “El Directorio del Consejo de Unidades Pastorales de la Región Metropolitana se refiere a diversas “acciones y procedimientos administrativos, que sobrepasan artículos de la legalidad vigente, realizados al interior de las Entidades Religiosas en sus Pastores y Ministros de Culto”, “con respecto a la propuesta llevada adelante y emanada desde la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR), dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, por la convocatoria a crear un Sistema de Acreditación Nacional de Ministros de Culto, (SNAM) para desarrollar sus labores que le son propias, de dar asistencia espiritual en hospitales”.

“Expone el recurrente que no existen razones jurídicas y lógicas que autoricen a una entidad estatal para exigir de una manera perentoria la entrega de datos personales e incluso fotografías de todos los ministros religiosos del país, y que la acreditación a nivel nacional pretendida por la ONAR para comprobar la investidura espiritual de los Ministros de Culto, coloca el ejercicio de la actividad religiosa en una posición de necesaria validación por parte de un ente administrativo, lo cual en su opinión no se condice con la separación entre la Iglesia y el Estado, atenta contra la libertad de culto garantizada en el artículo 19, N° 6, de la Constitución Política y se aparta de lo establecido en la ley N° 19.638″, indica.

“En razón de lo expresado solicita que esta Contraloría General enmiende esta propuesta que, a su juicio, es absolutamente ilegal, arbitraria e injustificada. Sobre esta presentación se pidió informe a los Ministerios Secretaría General de la Presidencia, de Salud, y Secretaria General de Gobierno, quienes los emitieron, respectivamente, a través de los oficios N°s 1.438; 2.576 y 1.448, todos de 2012″, acota el dictamen.