Defendamos la ciudad

El Colegio de Arqueólogos de Chile ha manifestado públicamente que el Rally Dakar ha cometido el delito de destrucción de sitios arqueológicos, los que han quedado impunes dado que es una actividad auspiciada por un organismo del Estado, el Instituto Nacional del Deporte (IND). También hemos observado cómo de manera sistemática el Poder Judicial ha denegado el derecho a Justicia desestimando todos los recursos y denuncias formuladas en contra del Rally Dakar.

El pasado mes de noviembre el Colegio de Arqueólogos concurrió ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, en dónde expuso un completo análisis del marco jurídico vigente y de cómo éste ha sido violentado por el propio Gobierno de Chile.

Como gremio comprometido con los intereses reales de nuestro país, con nuestro patrimonio cultural y arqueológico y porque no podemos ser cómplices del abandono de deberes, en los que han incurrido dos de los tres poderes del Estado de Chile, es que hemos decido compartir de manera amplia este análisis, a través de los medios de prensa de nuestro país.

Informes oficiales y públicos del Consejo de Monumentos Nacionales, organismo técnico del Estado, han dado cuenta de los numerosos casos de destrucción de sitios arqueológicos provocado por la competencia Rally Dakar en sus distintas versiones, esta conducta constituye un delito, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 38 de la Ley 17.288. La situación es aún más grave en la versión Dakar 2011 y 2012 donde incluso se han eliminado del todo las medidas de compensación por la destrucción producida. El Estado ha eximido de estos delitos a los organizadores del Dakar, la empresa Amaury Sport Organisation quienes no han asumido su propia responsabilidad ante estos ilícitos.

Debemos recordar que normalmente cuando se producen delitos de destrucción de sitios arqueológicos es el Consejo de Defensa del Estado quien persigue a los culpables y demanda indemnizaciones a través de la Acción por Daño Ambiental. Sin embargo, en este caso el Consejo de Defensa se ve impedido de accionar porque son organismos públicos quienes están detrás de la promoción y desarrollo del Dakar en tierras chilenas, quedando entonces estos delitos en una absoluta impunidad. La inacción del Estado frente al delito de destrucción de sitio arqueológico está minando todo el sistema de protección del Patrimonio Cultural de Chile.

Al respecto la vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos, Paola González, -abogada y arqueóloga- reflexiona: “El escenario que ha creado el propio Gobierno de Chile, es grave. Si frente a un delito de destrucción de sitios arqueológicos, no hay pena aplicada a los culpables, ni se ingresa al sistema de evaluación ambiental, de modo de definir medidas de compensación -que es lo que ha venido ocurrido en el caso del Rally Dakar-, mañana cualquier otra empresa que reciba sanciones por destrucción de sitio arqueológico, podría invocar el principio de igualdad ante la ley y negarse a pagar o implementar cualquier medida de compensación. Esto sería una tragedia que haría caerse a pedazos todo el sistema institucional de protección ambiental y patrimonial chileno. El Rally Dakar está destruyendo algo más que patrimonio ambiental o arqueológico, está poniendo en jaque a todo un sistema de protección político/jurídico”, señaló.

La vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos, prosigue: “No es posible argumentar, desde una punto de vista jurídico, razones que eximan a la competencia Rally Dakar de someter el trazado de la carrera a un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. Hasta ahora sólo se ha aplicado una pseudo evaluación ambiental que excluye un componente esencial del impacto ambiental compuesto por las medidas de compensación. Es decir, al no existir estas medidas estamos de lleno frente al delito de destrucción de sitios arqueológicos. Nos resulta incomprensible que el Gobierno de Chile, permanezca inactivo frente a este nivel de destrucción de su patrimonio, el que está mandatado por ley a proteger. ¿Por qué se permite que una empresa extranjera vulnere nuestra institucionalidad penal y ambiental?”.

Frente a este manto de omisión por parte del Gobierno (Poder Ejecutivo), el paso natural es buscar amparo en otro poder del Estado, el Poder Judicial. No obstante, éste ha denegado justicia sistemáticamente desestimando todas las acciones legales interpuestas en contra del Rally Dakar. Pese a que han existido documentos oficiales que acreditan la destrucción y daños graves a sitios arqueológicos.

Cronología del Desamparo

El año 2009, se presentan dos acciones legales ambas desestimadas. El informe de daños causado por esa versión del Dakar, constató daños graves de seis sitios arqueológicos, ubicados en las regiones de Atacama y Coquimbo, algunos de estos sitios alcanzaba una antigüedad mayor a los 4.000 años a.p. (2.000 ac.). Es importante destacar que la evaluación realizada en esta oportunidad consideró un porcentaje mínimo (10%) del total de km. recorridos (1.200 km en total) y no se contaba con una evaluación arqueológica (línea de base) del recorrido previo a la competencia. Entonces, la situación real de destrucción permanece sin ser definida hasta la fecha, y se puede razonablemente suponer que el número de sitios arqueológicos destruidos es mucho mayor.

El año 2010, el propio Colegio de Arqueólogos presenta una denuncia en el Ministerio Público por Delito de Destrucción de Sitios Arqueológicos ante la Fiscalía Diego de Almagro, la que también fue desestimada. El informe de análisis post Dakar realizado por el Consejo de Monumentos Nacionales, indica que en esta versión se dañaron 52 (50,5%) de los 103 sitios que fueron objeto de medidas previas de protección. No se tiene ningún conocimiento del daño causado en otras zonas donde hubo cambios de trazado de última hora dispuestos por la organización, desvíos o competidores perdidos. Es decir, nuevamente la constatación de los sitios arqueológicos destruidos no corresponde a una revisión exhaustiva de los terrenos que fueron objeto de alteración por la competencia, si no sólo a un porcentaje ínfimo del recorrido total. Aun así, estos 52 sitios destruidos dan cuenta del gran daño que está produciendo año a año esta competencia

El año 2011, se presenta un nuevo Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que vuelve a ser desestimado por el Poder Judicial. La versión de este año del Dakar, ha sido la de mayor magnitud. ¨Para efectos de línea de base se definió la longitud total del trazado, 2.400 km. lineales, (una superficie equivalente al Parque Nacional Torres del Paine). La línea de base realizada para la competencia del 2011, identificó 576 sitios en total.

Para la evaluación de daños en los sitios arqueológicos, el Consejo de Monumentos Nacionales informa que se revisó un total de 283 sitios arqueológicos, equivalente al 58,2% de los sitios registrados en línea de base. El informe señala que presentan daño en diversas magnitudes un total de 126 sitios patrimoniales, lo que equivale al 44,5% del total de sitios evaluados. Plantea este informe que “sobre la base de la experiencia de las tres competencias ya efectuadas (2009, 2010 y 2011), y habiendo realizado dos evaluaciones anteriormente, es opinión del Área de Arqueología de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales que el Rally Dakar constituye una actividad altamente dañina para el patrimonio arqueológico e histórico del país”.

El año 2012, se interpone una nueva denuncia, la que también fue desestimada por el Poder Judicial. Hasta la fecha no es conocido de manera pública el informe de daños de la cuarta versión del Dakar. Sí todos los informes de daños post Dakar son efectuados por el Consejo de Monumentos Nacionales, organismo técnico del propio Estado y aún así no han sido considerados como antecedentes por la justicia chilena. ¿Qué emisor válido está esperando el Poder Judicial?

El Colegio de Arqueólogos de Chile, está profundamente decepcionado de cómo dos de los tres poderes del Estado de Chile, se han articulado para blindar una competencia pseudo deportiva, que sólo trae destrucción a Chile. No obstante aún guardamos la esperanza que sea el Poder Legislativo el que finalmente actué con sentido de Estado y proteja el patrimonio cultural chileno.

Se autoriza la reproducción de esta Declaración, respetando el contenido y sentido de la información.

Mayores antecedentes

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Ximena Cifuentes G.
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