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La Contraloría General de la República dio a conocer este lunes un informe sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) a pocas horas que la Fiscalía Oriente formalizara al ex presidente de ese organismo, Luis Eugenio Díaz, por cohecho, soborno y lavado de dinero en medio del escándalo de pagos por acreditaciones.

El documento -que consta de 50 páginas- asesta un nuevo revés a la credibilidad de la institución, criticando duramente los procedimientos internos, la fiscalización e incluso la composición de sus miembros, destacando el riesgo de posibles conflictos de interés, lo que se hace extensivo a las agencias acreditadoras debido a los vínculos de los miembros del directorio o quienes conforman dichas sociedades y las instituciones que imparten educación, citando una serie de casos.

Para la entida dirigida por Ramiro Mendoza esto adquiere relevancia porque la CNA carece de un reglamento que regule los conflictos de interés en relación a las Agencias y sus miembros, no obstante estar dotada de potestades autorizatorias, normativas, de supervisión y sancionatorias.

Entre otros puntos se destaca que el organismo no cuenta con manuales de procedimientos internos, no realiza seguimiento de las acreditaciones realizadas. Como asimismo, efectuó “acreditaciones extendidas” en magíster y doctorados, y entregó regalos de despedida por $382 millones a los comisionados del período 2007-2010.

De igual modo, hace mención de la preocupación que manifestaron los propios miembros de la comisión “porque existen constancia que en varias ocasiones las decisiones adoptadas son conocidas por los afectados antes que se efectúe la comunicación oficial”.

CONFLICTOS DE INTERÉS
En el documento, el organismo fiscalizador atacó el corazón del funcionamiento de la CNA, ya que advierte que “algunos de los integrantes son representantes de las propias entidades involucradas en los procesos de acreditación, de las cuales se puede aludir al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas; al Sector Productivo Nacional; las Asociaciones Disciplinarias o Profesionales; las Universidades Privadas; los Centros de Formación Técnica; los Institutos Profesionales; la CONICYT; y lasFederaciones de Estudiantes”.

Frente a esto, se destaca que ” las aludidas entidades, además, en la práctica son las mismas que nominan a los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, sin que exista un marco normativo que establezca limitaciones, condiciones y procedimientos sobre la materia”.

Según el informe, esto “adquiere relevancia por cuanto ello aumenta el riesgo de posibles conflictos de interés, dado que la Comisión cumple una función pública y, por ende, debe desempeñar sus labores con sujeción al principio de probidad, es decir, considerando la preeminencia del interés general por sobre el particular”. A modo de ejemplo”cabe mencionar la renuncia del Comisionado representante de las Universidades Privadas, don Eugenio Díaz, quien a través de una Empresa Consultora efectuó asesorías al proceso de re-acreditación institucional de la Universidad del Mar, durante su período como Presidente de la CNA, situación que actualmente se encuentra en proceso de investigación sumarial por parte de este Organismo Fiscalizador”.

DEBILIDADES EN LA FISCALIZACIÓN
La Contraloría recalca que pese a que la CNA por ley es una institución fiscalizadora, “la Comisión no ha efectuado controles deliberados o seguimiento a las acreditaciones realizadas tanto por la propia CNA como por las Agencias Acreditadoras, impidiendo con ello, la continuidad del trabajo desarrollado con la Institución ya acreditada”. Lo anterior, permite eventualmente, un aumento del riesgo respecto de los niveles de avance de las observaciones determinadas en los acuerdos”.

Además “a falta del ejercicio de las potestades fiscalizadoras respecto de las acreditaciones efectuadas por las Agencias de Acreditación, impiden obtener la necesaria retroalimentación que pueda dar origen a nuevas normativas y regulaciones, a fin de aplicar criterios comunes en pro de emitir certificaciones apegadas a la norma y, por ende, cautelar
la calidad de la educación impartida por esas entidades”.

Según la Contraloría entre las debilidades en las fiscalizaciones de la CNA se encuentra la referida a publicación incompleta por parte de algunas entidades de educación relativa a los proceso de acreditación. Por ejemplo la Universidad San Sebastián y el Instituto Prodesional Diego Portales no están acreditadas, pero no lo mencionan en su portal. Incluso hay instittuciones que entregan información ‘No ajustada a la realidad’, como la Universidad de Los Lagos, que en su página web sindica como acreditadas las carreras de Pedagogía en Inglés y Traducción “situación que no es efectiva”.

Con respecto a las Agencias de Acreditación, en 2011 la CNA efectuó 34 evaluaciones a las Agencias de Acreditación “de cuyo análisis se advierte que, en general, éstas se basan, únicamente, en el cumplimiento de procesos, sin acotar temas de análisis de operaciones relacionadas con lo académico, dado que esa Entidad no ha incorporado a las supervisiones la evaluación relacionada con tales temas, así como tampoco ha considerado en su reglamento, instrumentos que permitan medir la evaluación de forma y fondo de las acreditaciones que efectúan las referidas entidades, así como, los efectos de las mismas”.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
El ente fiscalizador también advierte que “el actual organigrama de la Comisión no se condice con la información presentada a través del sitio web “Gobierno Transparente”. Por ejemplo el sitio “presenta la existencia de una Unidad de Auditoría Externa, la cual, en la práctica, no existe”. Tampoco se describen las “facultades, funciones y atribuciones de cada Unidad u Órganos Internos, por cuanto lo informado corresponde a las funciones que señala la ley respecto de los Comités Consultivos que debe crear la Comisión, y no de las Unidades o Departamentos Internos de ésta”.

AUSENTISMO
A su turno, se determinaron ausencias por partes de los miembros de la Comisión “a las sesiones completas, donde, en general, se sancionan como promedio tres acuerdos relacionados con la acreditación de educación superior”.

Pero independiente de la cantidad efectiva de acuerdos en los que se participe por cada sesión, “los integrantes que asisten a la sola constitución de ésta, igualmente cobran el pago de la dieta íntegra correspondiente”.

ACREDITACIONES EXTENDIDAS
Respecto de las “acreditaciones extendidas” correspondientes a los programas de magíster y doctorados, el informe indica que la Comisión, en abril del 2009, creó una modalidad de acreditación -para los que debían renovar esta calidad- que omite el proceso de evaluación.

“Podían seguir con la calidad de acreditados siempre y cuando la institución ingresara la solicitud de renovación antes del vencimiento del período de acreditación. Se determinó la existencia de 31 contratos de este tipo que se mantienen en calidad de acreditados sin que hayan sido sometidos al trámite previo de evaluación”, explicita la Contraloría.

“Este procedimiento -repara la auditoría- no permite resguardar la calidad de los programas de educación superior, puesto que continúan como acreditados programas que en la práctica no han sido evaluados”.

En esa línea, analizó los 34 contratos que hay entre la CNA y los planteles en esta materia. Al respecto, hace hincapié en que la CNA “no ha efectuado los mencionados procesos de evaluación a fin de conceder la calidad de institución acreditada, sin embargo, ha recibido los pagos por tales funciones”.

Además, el informe del órgano fiscalizador detectó una ausencia de manuales de procedimientos internos, relativos a la acreditación institucional (pregrado y postgrado) “situación que no se ajusta al principio de transparencia institucional e incrementa la exposición al riesgo, lo cual afecta su estructura de control interno, además de sus objetivos”.

HARALD BEYER ACUDE AL CDE
Ante las acusaciones de cohecho, soborno y lavado de dinero en el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Oriente por pagos por acreditaciones, el ministro de Educación, Harald Beyer, anunció esta mañana que se pondrá en contacto con el Consejo de Defensa del Estado y que trabajará en un proyecto de ley que modifique el sistema de acreditación.

“Yo asumí en diciembre del año pasado y no se sabían estos antecedentes. Nosotros cooperamos con la fiscalía para la investigación. Era muy difícil que nosotros supiéramos y si hubiésemos recibido una denuncia concreta tendríamos que habérsela pasado a la justicia”, sostuvo el secretario de Estado.

El secretario de Estado resaltó que “hay dos cosas distintas, y una es la infracción de los estatutos y en esas causales está el lucro y por eso tenemos una universidad a la que le pedimos la cancelación de la personalidad jurídica. Acá además se está investigando cohecho y eso debe investigarlo la justicia”.

Agregando que “nosotros ya estábamos investigando a la Universidad del Mar y también a otras, pero lo que importa es recoger las pruebas y lo que nos corresponde a nosotros es pedir la cancelación de la personalidad jurídica. La única alternativa cuando hay faltas contundentes es pedir la cancelación de la personalidad jurídica. Nunca se había fiscalizado tanto como se está haciendo en este período”.