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El ministerio de Economía anunciará a fines de noviembre las medidas de la nueva Agenda Pro Inversión, en la cual uno de los principales focos será la energía.

El ministro del ramo, Pablo Longueira, manifestó a un periódico que “dentro de las medidas figurarán acciones para reducir la burocracia, tiempos de permisos e incertidumbre jurídica, definida por una agenda de evaluación ambiental de los proyectos”, a la que se suma un nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual se tramita desde hace más de dos años y hace pocos días fue aprobado, finalmente, por el Consejo de Ministros.

Si bien cuando Radio Universidad de Chile consultó a la Oficina de Competitividad de la Secretaría de Estado sobre el tema, sostuvieron que desconocían la nueva regulación y que aquello estaba en manos del ministerio de Medio Ambiente, fue el director del Servicio de Evaluación Ambiental, Ignacio Toro, quien explicó las principales modificaciones que tendrá el sistema de evaluación.

“Clarifica los criterios para decidir cuándo se requieren estudios de impacto ambiental, lo cual disminuye los espacios de discrecionalidad y confusión, genera lineamientos claros de qué es lo que se requiere para la evaluación ambiental y, básicamente, tienen que ver dónde está físicamente ubicado el proyecto, todo lo que extrae de recursos naturales renovables para abastecerse y lo que emite. Separa también todo lo que tiene que ver con medidas de prevención, control de riesgos y se incorporan planes de prevención que tienen que ver con el manejo de sustancias peligrosas que puedan dañar al medio ambiente”, explicó Toro.

Sin embargo, para Juan Pablo Orrego, director de Ecosistemas, la nueva regulación que pretende impulsar el Ejecutivo, “apunta al respaldo de la Agenda Pro Inversión y persigue fines orientados únicamente al negocio y la utilidad excesiva de sus dueños”.

Además, según Orrego, en materia medioambiental, la intensión de aprobar una regulación nueva de los Estudios de Impacto Ambiental, sólo se ha hecho para coincidir con los convenios internacionales ratificados por el Estado de Chile”.

“Cuando uno pretende desarrollarse lo primero que un país debe hacer es preocuparse de qué es lo que debe ser conservado. No vemos un cambio de mirada y vemos a un empresariado con un Gobierno que está a su disposición, buscando remover las poquitas trabas legales, como el Convenio 169 de la OIT o la Convención de Washington, que protege los parques nacionales, para esquivar las últimas trabas a la protección del medio ambiente y a la defensa de los derechos humanos”, aseguró el director de Ecosistemas.

En esta línea, Orrego indicó que los cambios que se deben desarrollar en materia ambiental deben enfocarse “en proteger los recursos naturales y otorgarles la calidad de públicos y sociales”.

Un argumento con el que coincidió la investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y ex ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, quien sostuvo que la debilidad de las actuales normas ambientales “ha sido la piedra de tope de los proyectos de inversión, por lo que hasta que no se cambie el enfoque, las consecuencias seguirán siendo las mismas”.

“Ese nuevo reglamento del SEIA es el que tienen que generar el marco necesario para que todo el mundo tenga las reglas claras respecto de cómo opera el sistema después de la reforma ambiental. Ese rechazo es el punto que genera un problema para los inversionistas porque hay incertidumbre frente a la desregulación que acompaña parte importante de la nueva normativa ambiental, de manera que sería una buena noticia que se acelerara el proceso

Las pretensiones de apostar por el resguardo del ecosistema es aún una incógnita, considerando que en paralelo a la configuración de las normas que se aplicarán en los futuros Estudios de Impacto Ambiental (EIA), actualmente se llevan adelante proyectos como la Carretera Eléctrica, los cuales han sido fuertemente impugnados por la ciudadanía y organizaciones ambientalistas, asegurando que atentarán contra el medio ambiente y las comunidades y, por el contrario, sólo favorecerán a los empresarios.