Defendamos la ciudad

TAMARA BUSCH Y NIEVES ARAVENA El cierre definitivo del aeródromo Los Cerrillos se concretó el 8 de febrero último. Y todo parece indicar, al menos hasta ahora, que así se quedará. Ayer la Primera Sala de la Corte de Apelaciones rechazó por dos votos contra uno la reposición de orden de no innovar que buscaba reabrirlo. Ahora, queda pendiente un recurso de protección interpuesto por los pilotos. Sin embargo, no es la principal razón por la cual la clausura del terminal aéreo, tras 77 años de operaciones, está dando que hablar. Una lluvia de denuncias, tanto del ámbito político como de organizaciones ciudadanas, está sembrando dudas sobre los efectos, buscados o no, del polo de desarrollo Portal Bicentenario que el Gobierno pretende licitar en las 245 hectáreas del recinto. El proyecto, que apunta a construir 15 mil viviendas, 20% casas, 50% edificios y 30% de cuatro pisos, más un gran parque de 70 hectáreas, un centro cívico y un centro comercial, impacta en la plusvalía de los suelos adyacentes, multiplicando el valor actual por casi 8 veces (ver recuadro). Por eso, las sospechas surgidas a nivel político apuntan a los lucrativos negocios inmobiliarios a los que daría pie la liberación de cerca de 3 mil hectáreas de terrenos aledaños. Es una superficie cuyo destino siempre ha estado ligado al del aeródromo y que con el cierre de éste queda libre de restricciones (que le imponía la aviación) para edificaciones residenciales y en altura. Los predios más cercanos poseían una prohibición absoluta de edificación mientras que las zonas ubicadas a mayor distancia tenían menos limitaciones. Ahora está abierto el camino para que se convierta en una zona residencial mixta. Investigar propiedades La UDI pedirá a la Contraloría General de la República que se investigue quiénes son las personas y sociedades que han adquirido terrenos en los últimos años en torno al aeródromo, según informa el senador UDI Hernán Larraín. A su vez, el diputado de esa colectividad Iván Moreira aseguró que posee evidencia "de que empresas, entidades asesoras y personas cercanas a la Concertación también forman parte de sociedades dueñas de terrenos desafectados". "Lo más grave es que hay personeros de Gobierno que indirectamente tienen algún tipo de vinculación", arremetió, aunque no dio nombres. Pero las sospechas que se ciernen sobre los más recientes propietarios de terrenos aledaños, quienes podrían haber hecho uso de información privilegiada, no sólo están en la derecha. En el Partido Comunista (PC) se optó por llamar públicamente a la ministra de la Vivienda, Sonia Tschorne, para que se detengan las obras del Portal Bicentenario, cuyo inicio está programado para marzo. Jorge Insunza hizo ver que hay un interés particular en la zona: "aquí lo que se ha echado a andar es un suculento negocio inmobiliario". A su juicio, algunos "prevenidos con anterioridad han tomado medidas para hacerse de suelos que van a alcanzar una inmensa plusvalía con la puesta en marcha de este proyecto". La rápida tramitación de una declaración ambiental sin considerar un estudio con participación de la comunidad (ver nota aparte) es otro tema alimenta las sospechas de estas colectividades políticas, de organismos ciudadanos y de la Federación Aérea. Más aún cuando el cierre del aeródromo se materializó sin que existiese una segunda alternativa al único aeropuerto de la capital. Aunque el Gobierno ha defendido el megaproyecto Portal Bicentenario desde su inicio, durante la gestión del ministro Jaime Ravinet en Vivienda, la cantidad de detractores va más allá del grupo de pilotos que utilizaba el aeródromo. Organizaciones gremiales como el Colegio de Ingenieros y la Asociación de Industriales de Maipú y varias entidades ambientalistas han estado pidiendo que el Portal Bicentenario sea sometido a un estudio de impacto ambiental. Incluso un grupo transversal de senadores intentó pedir ese trámite vía carta a principios de este año al Presidente Ricardo Lagos, pero tampoco fueron oídos por el Gobierno. Intereses en juego Patricio Herman, director de la agrupación Defendamos la Ciudad, alude a los intereses económicos que habría detrás de la clausura. "La empresa Neut Latour ha estado haciendo lobby para lograr que disminuyan el largo de las pistas con el fin de reducir las áreas restringidas. Afortunadamente para ellos, apareció Ravinet que terminó por clausurar el aeropuerto, siendo que ellos pedían menos", afirma. Herman se refiere en un tono más duro hacia los nuevos compradores. "Hay otros grupos empresariales que han estado adquiriendo tierras en los últimos años que habrían usado información privilegiada. Pero esos nombres no puedo entregarlos todavía". En la misma línea de no identificar a nadie se muestra Insunza: "No vamos a caer en la afirmación de responsabilidades personales de las que no tenemos pruebas, pero nos consta que el proceso de intento de compra de terrenos se está llevando a cabo en el sector". Manifiesta que ya hay gente recorriendo las zonas aledañas y los alrededores del aeródromo haciendo ofertas por un precio un "poquitito" más alto que los de hoy, pero que no serían ni la cuarta parte de aquello que será en un futuro. En la UDI dicen tener más antecedentes, pero declinan detallarlos. "Vamos a investigar seriamente el tema remontándonos a 10 años, cuando se crearon sociedades con nombres de personas ligadas a la Concertación. Ya tenemos entre 4 y 5 personas importantes que de alguna manera han estado vinculadas a estos negocios", afirma el diputado Iván Moreira. Ni la Contraloría se libra de los cuestionamientos: hay sospechas frente a la rapidez con que emitió las resoluciones y con la expedita aprobación que tuvo la modificación de uso de suelo referido a las 245 hectáreas. "El proyecto debe ser paralizado y debe diseñarse una política que contemple la participación y la intervención de los ciudadanos", advierte Insunza. En el Gobierno, en tanto, el conseguir el cierre del aeródromo Los Cerrillos fue el primer paso de varios que quieren dar a prisa. Ese día del cese de operaciones del terminal, el director del Serviu, Ricardo Trincado, reflejó la decisión de avanzar con el proyecto: "Ningún recurso legal puede oponerse a la voluntad pública de realizar el Portal Bicentenario". Sobre las sospechas de un gran negocio, aseguró entonces que hasta hoy "nadie ha sido capaz de fundar esas acusaciones". El ministro Osvaldo Puccio salió al paso luego y enfatizó que el proceso lleva cinco años y se ha hecho con "gran transparencia" y no se ha demostrado ningún tipo de "irregularidad". Cómo sube el valor del suelo La construcción del megaproyecto del Portal Bicentenario impactará fuertemente el valor de las tres mil hectáreas de terrenos aledaños al ex aeródromo de Los Cerrillos que antes eran excluidos de la construcción residencial debido a normas referidas a la seguridad aérea. Las estimaciones en el sector inmobiliario indican que al materializarse el proyecto, el precio de los terrenos subiría de 0,5 UF por metro cuadrado hasta las 4 UF por metro cuadrado. Ese precio, por tratarse de un nuevo desarrollo urbano, está por sobre las cotizaciones promedio actuales del área poniente, a la que pertenece la comuna de Cerrillos, el que hoy bordea las 2,5 UF por metro cuadrado. ¿Sin impacto ambiental? Pese a la magnitud del proyecto, no prosperaron las demandas de exigir un estudio de impacto ambiental que fueron planteadas desde un comienzo por organizaciones ciudadanas ante distintas instancias como la Intendencia y la Contraloría. Ésta finalmente dio el vamos al cierre del aeródromo de Los Cerrillos el 8 de febrero. Tanto la Federación Aérea como la organización Defendamos la Ciudad objetaron ante la Contraloría la aprobación dada en abril de 2005 por la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) Metropolitana al proyecto inmobiliario. Luego, en diciembre, la misma entidad aprobó el cambio de uso de suelo con lo que levantó la restricción para edificar en altura que pesaba sobre las 3 mil hectáreas del entorno. Ocho senadores de oposición y Gobierno pidieron al Presidente Lagos que dispusiera un estudio de impacto ambiental previo al cierre de Cerrillos. Defendamos la Ciudad argumentó lo mismo ante la Contraloría, esgrimiendo que esta decisión debía ser ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como un estudio, mecanismo que contempla la participación ciudadana durante 60 días. También se pedía a la Contraloría no tomar razón de la resolución de la Intendencia que exigía una simple "declaración" de impacto ambiental, de rápido trámite, tal como lo decía la Seremi de Vivienda. Todo fue inútil para los opositores, quienes todavía creen que el proyecto amerita un estudio de impacto ambiental, debido a la existencia de contaminantes y a que la zona ayudaba como "canal de ventilación" en Santiago, como lo respaldaron con estudios académicos. Pero la Contraloría determinó que no procede exigir un estudio de impacto ambiental y respaldó la decisión original de la Corema. RAPIDEZ LA CONTRALORÍA no aceptó que el proyecto requiera de un estudio de impacto ambiental con participación de la ciudadanía.