Defendamos la ciudad

Aunque en los úlitmos meses el coronel ha dicho que defenderá el predio hasta las últimas consecuencias, hasta hace unos años Labbé tenía otra postura frente al tema.

La historia se remonta al año 2002, cuando el coronel llegó hasta el concejo de la comuna a presentar un proyecto impulsado por la empresa Aguas Andinas para el terreno ubicado en Pocuro entre Pedro de Valdivia y Antonio Varas.

La idea, explicó Labbé con planos y maquetas según cuentan concejales de la época, era levantar diez torres de doce pisos en el paño, principal pulmón de Providencia declarado como área verde en el Plan Regulador Metropolitano de 1997. Por eso Labbé, en compañía de representantes de la empresa, planteó que era necesario modificar el plan regulador para desafectar el terreno y permitir el desarrollo del proyecto inmobiliario.

El sitio, adquirido por Aguas Andinas como parte del paquete total que la empresa española Suez Lyonnaise y su filial Aguas Barcelona se adjudicaron durante la privatización de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias por 964 millones de dólares, había sido declarado área verde como parte del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana. En este funcionan tres tanques de agua que la empresa emplea como centro de acopio para redistribuir agua a la comuna desde Las Vizcachas.

A cambio, la empresa ofrecía ceder parte del terrreno para hacer la continuación de la calle Marchant Pereira hasta Pocuro, como un gesto a la comuna. Según concejales de la época, esta idea sedujo a Labbé, por lo que planteó abiertamente en el concejo la necesidad de modificar el uso de suelo en la zona.

Como ha sido la norma, durante esa gestión el Concejo municipal era dominado por la derecha, por lo que el coronel tenía prácticamente despejado el camino. Sin embargo, los concejales Rodrigo García Márquez (PPD) y Carolina Leitao (DC) lograron convencer a sus pares de RN María Eugenia Amunátegui (RN), Gonzalo Chamorro (RN) y Alfredo Alcaíno (RN) para alcanzar una nueva mayoría que frenó los planes de Aguas Andinas que el alcalde veía con buenos ojos.

Pero la tregua duró poco.

El colorín metió la cola

El 22 de mayo del 2003, el entonces ministro de Vivienda Jaime Ravinet presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley 19.939 que modificaba el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones estableciendo la caducidad de la utilidad pública contemplada en los planes reguladores.

Según el mensaje en el que presentaba el proyecto, firmado por el entonces presidente Ricardo Lagos, hasta ese entonces dicho artículo establecía que un terreno declarado como de utilidad pública en un plan regulador, destinados a vialidad, áreas verdes y equipamiento, para permitir su expropiación. Como este derecho no se ejercía por muchos años, los terrenos perdían valor, perjudicando a sus dueños.

Entonces, el ex alcalde de Santiago proponía establecer un rango de años de caducidad de esta condición para que una vez cumplido ese plazo, los dueños de los terrenos que no se habían usado según su denominación en el plan regulador pudieran pedir la modificación del uso de suelo.

Además de lo estipulado en el Plan Regulador Metropolitano, el terreno de Aguas Andinas fue declarado parte del Parque Intercomunal Inés de Suárez en el PRC de Providencia promulgado el 2007. Para este tipo de áreas de interés público, la ley impulsada por Ravinet y aprobada por el Parlamento y promulgada el 13 de febrero de 2004, después de cinco años la declaratoria de área verde caducaba, habiendo un plazo de seis meses para negociar con el propietario.

Según Patricio Hermann, de la agrupación Defendamos la Ciudad, la norma haría que más de 14.000 hectáreas en la Región Metropolitana pierdan su condición de área verde.

En el caso de Aguas Andinas, como no hubo negociación con la municipalidad porque “se desconocía esto”, según explica el concejal García Márquez, se venció el plazo y la empresa acudió a la Contraloría para que el municipio le aplique las mismas condiciones de uso de suelo que tienen los terrenos de la zona después de que Providencia rechazara aceptar la caducidad de su condición de área verde.

En el dictamen 18.196 publicado el 29 de marzo de este año, la entidad encabezada por Ramiro Mendoza dio la razón a Felipe Larraín Aspillaga, presidente de Aguas Andinas y señaló que “la declaratoria de utilidad pública que gravaba al Parque Intercomunal Inés de Suárez caducó” por lo que la alcaldía deberá adoptar “a la mayor brevedad, las medidas destinadas a fijar las nuevas normas urbanísticas aplicables al área en comento”.

En otras palabras, se lo mandaron a guardar.

De eso no se habla

Aunque el fallo de la Corte de Apelaciones que rechaza el recurso de protección relata que el 17 de junio de 2010, la empresa Aguas Andinas pidió al municipio fijar nuevas condiciones urbanísticas al predio de Avenida Antonio Varas Nº 1048, en la empresa privatizada no quieren referirse al tema, pues la municipalidad de Providencia presentó una apelación para que el tema sea resuelto en la Corte Suprema, donde aún se encuentra en trámite.

Pese a esto, reconocen que por ley la empresa podría disponer del terreno para hacer lo que mejor le parezca, por ejemplo venderlo. Según los precios del mercado, el metro cuadrado en la zona cuesta cerca de 650 mil pesos, por lo que los 77.000 metros tendrían un valor cercano a los 50.000 millones de pesos.

Aunque en la compañía de aguas aseguran que el tema del proyecto inmobiliario es una especulación ya que por su giro la empresa no puede entrar en el negocio de la construcción, concejales presentes en la primera presentación del proyecto en el 2002 aseguran que fue la propia empresa de alcantarillado la que planteó la idea y que su plan era realizar el proyecto creando una empresa inmobiliaria de su propiedad.

En la comuna tampoco quieren referirse al tema bajo la misma excusa: su trámite en la justicia hace que aún no sea un tema cerrado y a pesar de que un decreto, un dictamen de la Contraloría y un fallo de la justicia le dan la razón a la empresa privada, creen que esto se podría revertir en la Corte Suprema.