Defendamos la ciudad

Santiago es una ciudad curiosamente organizada: exhibe áreas verdes, protegidas y estrictamente reguladas, pero adornadas de grandes edificios blancos. Sólo para formarse una primera imagen: los vecinos del Cerro San Luis tienen permiso para levantar viviendas de hasta tres pisos y, no obstante, existen algunas de seis; la intersección de Pocuro y Antonio Varas corresponde a un área verde y, sin embargo, hubo acercamientos entre Aguas Andinas y el municipio de Providencia para levantar ahí doce torres; el sector poniente de la Plaza Paraguay sería un bien nacional de uso público y, al mismo tiempo, existe un proyecto para emplazar ahí una torre de departamentos de 27 pisos. Y así suma y sigue: el dominio de extensos paños de tierra siempre se prestó para curiosidades y cosas raras, por mucho que en la letra y en los respectivos planes reguladores aparezca todo estrictamente reglado. Ese caprichoso Si hasta el veleidoso temperamento del río Mapocho ofrece historias interesantes al respecto: durante el invierno de 1982, las lluvias azotaron con tal fuerza a la ciudad que el río se desbordó con una violencia jamás vista. Consumada la catástrofe, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) destinó los recursos para realizar las reparaciones necesarias: contrafuertes y gaviones. ¿Resultados? El ancho del río se redujo 60 metros aproximadamente, lo que dio pie para que algunos de los dueños de los predios aledaños extendieran sus dominios hacia los nuevos márgenes ribereños. El problema estuvo en que el fisco nunca inscribió las obras y, cuando necesitó los terrenos para el trazado de la Costanera Norte, no tuvo más remedio que negociar con los dueños de los predios. Otro tanto ocurre con los terrenos que hasta hoy ocupa el Santiago College. Según la disposición del plano regulador de Providencia, el sitio se encuentra con gravamen de equipamiento educacional, lo que significa que sólo puede ser utilizado con fines académicos. Cualquier otro tipo de ocupación -habitacional, comercial- no sería autorizada. Y si el colegio no puede venderse para uso inmobiliario, lógicamente, que su traslado perdería algo de su sentido más pragmático. Pero por estos días hay un caso, quizás, más llamativo: el cierre del Aeródromo de Los Cerrillos. En el ámbito de la justicia hay una demanda pendiente contra el Estado por no respetar la donación modal del filántropo Daniel Guggenheim, que regaló los recursos precisamente para el desarrollo de la aviación civil. Con todo, la Corema Metropolitana aprobó en diciembre pasado la modificación territorial del aeródromo y la Contraloría validó hace unos días el cambio de uso de suelo. El documento explica que para modificar el Plan Regulador no se requiere un estudio de impacto ambiental, como pedían los demandantes, sino que una declaración ambiental. Sobre la demanda modal contra el Estado que procesa la justicia, la Contraloría dijo que se trata de una materia "propiamente litigiosa" y que no se han presentado "antecedentes fidedignos" que acrediten su existencia. Menos suerte corrió la dirigencia del Club Deportivo Universidad Católica. La propia Contraloría suspendió el proceso de venta de los terrenos de Santa Rosa de Las Condes a la empresa Titanium, interesada en levantar un complejo de oficinas. Llegar y levantar Y es que en teoría, en esta ciudad no es llegar y levantar torres a voluntad. El plan regulador es, justamente, el instrumento de planificación territorial que permite ordenar el desarrollo de una comuna en función de las características propias de su territorio y su contexto inmediato, normar su crecimiento urbano, proteger su patrimonio arquitectónico, el medio ambiente y sus áreas de valor natural. Todo, por encima del legítimo derecho al lucro. Lógicamente, los planes reguladores no son textos estáticos que no se puedan modificar. Sin embargo, hay casos específicos en que, teóricamente, no debiera alterarse el uso de los suelos. Uno de ellos son los territorios donados con una cláusula modal. En ese caso, el donante -privado o público- tiene el derecho pleno a establecer las condiciones de uso de esos terrenos. Además, cuando los terrenos son donados por el Estado a un particular, pero se soslaya el trámite de desafectación de su calidad de bien nacional de uso público, todos los traspasos, transformaciones y ventas posteriores están viciadas. Teóricamente, eso sí, pues de tanto cambiar de dueños, los contratos suscritos en algún momento soslayan cláusulas importantes -voluntaria o involuntariamente- y se generan los inconvenientes como el que enfrenta hoy la Universidad Católica y su millonario proyecto inmobiliario de Santa Rosa de las Condes. Una maraña de trámites Cambiar el uso del suelo es un trámite, teóricamente complejo. La Corema es el organismo que debe sugerir la modificación territorial, paso previo a que la Contraloría General de la República tome razón de esa modificación. Mientras la Contraloría no valide el nuevo uso, el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, no puede mover una piedra. Como en otras materias, el poder Judicial también tiene algo que decir. Las partes en pugna pueden recurrir a la Corte de Apelaciones. Pero no es todo. Cuando se trata de un bien nacional de uso público, sólo puede alterarse su uso a partir de un Decreto Supremo, procedimiento que no se presentó en una serie de ventilados casos que hoy se encuentran entrampados en la justicia. Y es que en tiempos pretéritos, abundaron las donaciones de sitios desde el Estado a privados bien elegidos, para que ahí se desarrrollaran actividades que iban en bien de la comunidad. Como el suelo se hizo más escaso, las inmobiliarias pusieron sus ojos ahí con realativo éxito. Santa Rosa: un caso emblemático En un principio, la discusión fue de forma: los disidentes de la UC alegaban que los terrenos de Santa Rosa de Las Condes fueron donados al club con un fin inviolable: área verde para el desarrollo de actividades deportivas. De ahí que el proyecto para transformar el uso del suelo y vender un paño a la inmobiliaria Titanium -US$26 millones - adoleciera de una supuesta ilegalidad. Pero ahora los argumentos se extreman: los disidentes cuestionan incluso la propiedad del sitio. Para entender el nudo, hay que remontarse varias décadas en el pasado. Si los argumentos de la organización civil Defendamos la Ciudad son ciertos, los terrenos que hoy ocupa el club fueron donados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a la Pontificia Universidad Católica en 1970 para fines exclusivamente deportivos, sin que se hubiera desafectado legalmente de su condición de bien nacional de uso público. "Con posterioridad, la Universidad -posiblemente en forma involuntaria- se lo transfirió al club el 29 de Enero de 1982, sin que se reflejara en la escritura pública respectiva la condición esencial de la donación: vale decir; estamos ante dos gruesas irregularidades que afectan los intereses públicos", argumenta Patricio Herman, director de Defendamos la Ciudad. Recuperación de tierras Con estos argumentos sobre la mesa, la organización no sólo logró detener el proceso de enajenación de los terrenos, sino que también recurrió al propio Consejo de Defensa del Estado para que inicie las acciones tendientes a recuperar esos terrenos para el uso público. Claro que la pelea no está ganada. La dirigencia de la Católica está convencida de que el proyecto beneficia poderosamente a la ciudad. El gerente general del club, Juan Enrique Serrano explica que la modalidad con que el club recibió los terrenos no es perpetua y que, por lo demás, los recursos que se obtengan por su enajenación también se destinarán al desarrollo de infraestructura deportiva. La única diferencia es que las nuevas instalaciones se emplazarían en San Carlos. "¿Que el terreno no nos pertenece? Pero vayan a ver al Conservador de Bienes. Desde septiembre de 1985 aparece inscrito a nombre de la Universidad Católica, con fojas 27.079 número 35.386", dice categórico. Independientemente del origen del suelo en discordia lo cierto es que hasta ahora las instalaciones están exclusivamente destinadas al esparcimiento de un centenar de socios que día a día concurren al campo deportivo para jugar tenis y utilizar la piscina. De materializarse el proyecto, en cambio, una parte mayor del campo se convertiría en un parque para la comunidad. Tal como explica Serrano, el proyecto contempla destinar una hectárea -de un total de 6,5- a la construcción de tres torres de oficina. El restante campo se destinaría a la construcción de un parque con fuentes de agua para uso público. Además, se traspasaría una faja de tierra a vialidad, para el futuro trazado de la Costanera Sur. Con todo, lo cierto es que el proyecto no logró pasar el filtro de la Contraloría General de la República y, en esa línea, todo se dirimirá en los tribunales de justicia. La pelea de viene dura, con lobbistas -dígase Correa- y todo incluido. LOS BIENES nacionales de uso público sólo pueden desafectarse y, luego, venderse con la venia del Presidente.