Defendamos la ciudad

Nabil Mansour fue autorizado para construir en Viña del Mar, exactamente es la esquina de la Av. Perú con la calle 8 Norte, sin duda uno de los puntos más concurridos de la Ciudad Jardín.

A poco más de un mes de las elecciones municipales el camino se le vuelve a complicar al alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI), quien a partir de este agosto debió enfrentar el juicio oral por el caso de cohecho que tiene relación con el presunto pago de coimas para favorecer la instalación de una sucursal de supermercado Tottus (pertenenciente a Falabella) en la comuna.

Un informe del Laboratorio de Criminalística de la PDI determinó que existieron traspasos entre las cuentas de los imputados, es decir Olavaría, su jefe de gabinete y el empresario Nabil Mansour. El alcalde justificó esos pagos bajo la tesis de que se trataba de préstamos personales y que no tenían vinculación con el compromiso de ubicar el hipermercado en los terrenos municipales.

El Ministerio Público ahora deberá decidir si llega a un juicio abreviado o bien oral, donde los imputados podrían ser condenados o absueltos, decisión que también puede ser apelada al tribunal de alzada capitalino.

En el caso también fueron imputados el vicepresidente de Falabella, Francisco Leyton y el ex funcionario municipal Domingo Soto, además del inversionista y agente inmobiliario Nabil Mansour.

Y precisamente este último "personaje" vincula una vez más en irregularidades a la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato. Esto porque el agente inmobiliario fue favorecido por la jefa edilicia con el permiso para instalar un restaurante en el borde costero de Viña del Mar, exactamente es la esquina de la Av. Perú con la calle 8 Norte, sin duda uno de los puntos más concurridos de la Ciudad Jardín.

Reginato tiene fuertes vínculos con la Municipalidad de Colina ya que en el colegio "Sembrador" de esa comuna rindió exámenes que en pocas horas le permitieron obtener su licencia secundaria, hecho denunciado en exclusiva por Cambio21 en su versión digital e impresa.

De hecho, durante el 2009 hubo tres intentos de frenar el proyecto inmobiliario. La principal razón de la acción judicial, en representación de los dueños de 426 departamentos, se fundamentó "en cuanto la autoridad es responsable del inicio de las obras que constituyen el proyecto Playa Acapulco".

Además que con las obras iniciadas se amenaza directamente el derecho de propiedad de los copropietarios de los terrenos en que están emplazados los predios, ya que el proyecto abarca espacios de dominio privado.

Está por sobre la ley

El candidato a alcalde por Viña del Mar, René Lues (DC), sobre el caso dijo que "estimo que lo más importante para la ciudad, es que no se vea en un acto ilegal o cualquier tipo de favores políticos o económicos, entonces cuando surgen este tipo de licitaciones uno tiende a expresar su inquietud".

En esa línea agregó a Cambio21 que "esperamos que la justicia haga su trabajo y lo entregue rápido, para que no nos quedemos con un manto de dudas. Necesitamos una autoridad que no este sujeta a cuestionamientos".

"Aquí la alcaldesa vulnera gravemente la ley y las ordenanzas municipales, y esto se está viendo durante la campaña electoral cuando lo hacen mucho antes de lo normalizado", puntualizó el candidato.

Para Lues "aquí existe una vulneración de la ley de parte de la autoridad, así que Viña del Mar se ha convertido en la tierra en la impunidad, aquí nada funciona porque Reginato no cumple".

Por su parte, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, indicó que "se efectuó en forma sigilosa, por lo tanto de espaldas a la ciudadanía, a tal extremo que tuvo que actuar la Fundación, formulando un reclamo en base a la Ley 20.285, con el propósito de que el Consejo para la Transparencia, obligara a las autoridades de la Municipalidad de Viña del Mar a que dieran cumplimiento a la solicitud de acceso a la información pública, lo que finalmente ocurrió el 14 de agosto".

En esa línea agregó que "la Municipalidad cometió una omisión grave al no exigirle al titular de la concesión de las construcciones aprobadas, los estacionamientos que la ley impone para este tipo de equipamientos comerciales".

"El municipio aduce que la Ley 13.364 -conocida como Ley Lorca-, al no referirse explícitamente a los estacionamientos, infiere que los mismos no se deben exigir, lo que es erróneo, ya que lo que manda es la ley general, que tiene mayor jerarquía que la anterior. Por otro lado, de prosperar esta arbitraria omisión, crea el precedente de que no todos los actores económicos se ciñen a las mismas condiciones", indicó Herman.