Defendamos la ciudad

La Fundación Oscar y Elsa Brown fue creada en 1956 con el objetivo – consagrado en sus estatutos – de que el 80 por ciento de los excedentes anuales que reflejen sus balances se destinen al avance y progreso de la medicina, preferentemente en Valparaíso.

Sin embargo, en 1999 llegó Juan Braun Lyon a presidir la organización, con lo que comenzaron una serie de irregularidades, frente a lo que en 2004 las directoras de la fundación, Sonia y Mayra Poklepovic, presentaron una querella contra su primo por el presunto desvío de dineros al fondo de caja.

Los recursos habrían sido derivados a las empresas de Cruzat, principalmente en la formación del Grupo CB S.A – actualmente denominado Curauma.

El abogado, Álvaro González, explicó que “se estima que en estos diez años se han perdido más de 80 becas de cien mil dólares cada una para pagar matrículas en las universidades. Es la estadía para un médico recién recibido y su familia. Esto es una cosa inédita, un escándalo. No tiene nada que ver con la calidad de estas becas que se dieron en los años ´60 a algunos médicos de Valparaíso y otros cuando estaba funcionando sanamente la fundación. Es un insulto a la inteligencia cómo han hecho esto y las grandes víctimas son los estudiantes de medicina de cualquiera de las universidades de Chile”.

En agosto el proceso dio varios pasos relevantes. Entre ellos, se rechazó la apelación realizada por Cruzat, que pretendía frenar un informe del Servicio de Impuestos Internos y la solicitud de que el Consejo de Defensa del Estado no intervenga. Además, el abogado pidió una orden de detención para Delia Valdés, esposa de Cruzat, quien también se habría beneficiado del dinero.

Según indicó el abogado, la causa se ha retrasado en su tramitación debido a la fuerte influencia política y económica de los involucrados.

En esa línea, la presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes de Medicina de las Universidades Chilenas, Nahuel Staub, afirmó que “da un poco de impotencia el hecho de que estos grupos puedan inmiscuirse en fundaciones que tienen un fin tan noble y puedan corromperla y estafar a la gente y que cambien todo el propósito que tenía y que era lo que la señora Elsa quería que fuera. Hay mucha impotencia frente a que ese objetivo se fuera a perder por estos grupos, que lo único que quieren es salvar su pellejo económico”.

En 2007, la decana de Medicina de la Universidad de Chile, Cecilia Sepúlveda, la FECH a través de su presidente, Giorgio Boccardo y Danae Sinclaire, presidenta del Centro de Estudiantes de Salud (CES), se hicieron parte de la querella, pero debieron desistir, ya que les exigieron el pago de 5 millones de pesos como “fianza de calumnias” si perdían en el juicio.

Hoy los principales afectados en el presunto desvío de fondos no están representados legalmente y si bien tienen esperanza en un fallo positivo, temen que los fondos se pierdan, tal como expresó el ex presidente de la FECH.

“Nos preocupa que esos fondos se estén diluyendo en la crisis económica del grupo y que efectivamente haya un fallo que, en caso de que sea favorable para nosotros, nos encontremos con la sorpresa de que el grupo económico no tiene los recursos. Por lo tanto, si logramos demostrar que hubo un ilícito, tal vez no haya forma de recuperar el dinero que estaba destinado a fomentar los estudios de la medicina al más alto nivel universitario”, comentó el ex dirigente estudiantil.

En este sentido, hicieron un llamado a los medios de comunicación a romper las presiones e informar sobre el proceso, toda vez que, según sostuvo el abogado, se va comprobando la magnitud de la corrupción, al caerse dos pilares de la defensa: el informe favorable a Cruzat del perito de PDI, Juan Silva, que se comprobó había sido adulterado, y el informe favorable a Braun de Fernando Lefort, actual decano de Economía de la Universidad Diego Portales, quien confesó haber recibido un pago de ocho millones de pesos para su ejecución.