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El 19 de octubre del año pasado, el profesor de la escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Eric Palma, presentó una serie de antecedentes ante el Ministerio de Educación para que se investigara el lucro en la educación superior. Un tema que siempre ha estado en el corazón de las demandas estudiantiles, pero que después de entibiarse en 2011 retomó protagonismo este año.

Esta denuncia fue anterior incluso a la que el Mineduc recibió sobre la Universidad del Mar, un episodio que reimpulsó el rechazo al lucro en la agenda estudiantil.

Sin embargo, y debido a que casi un año después de esa denuncia —presentada también por el abogado José Ojeda— esa cartera no realizara una investigación al respecto, el jurista decidió recurrir a otro organismo. El 10 de agosto pasado hizo llegar al Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, antecedentes respecto a la falta de fiscalización que, en opinión de Palma, “demuestran la flagrante violación por el ministro de Educación, Harald Beyer, y por don Juan José Ugarte, jefe de la División de Educación Superior, de las normas establecidas en la Ley 19.880”, señala el escrito.

La ley a la que se refiere Palma establece las bases de los procedimientos administrativos.

El abogado enumera una serie de hechos que imposibilitaron la investigación pertinente por parte del Mineduc, que tenía todos los antecedentes sobre la mesa. Uno de ellos es que habiendo presentado una solicitud de investigación respecto de un conjunto de universidades, solicitud reiterada en junio de 2012, recién el 18 de julio se obtuvo una respuesta. “Siendo esta la primera resolución que se nos notifica y habiendo transcurrido con creces el plazo establecido en la ley, se ha incurrido en una flagrante violación de la misma”, suma datos el documento (adjunto).

Respecto a esta presentación, Palma dijo a El Mostrador que el objetivo es velar por la vigencia del Estado de Derecho. La falta de ejecución de las leyes es una de las causales más claras del quiebre del Estado de Derecho. La inacción del aparato político administrativo favorece las vías no institucionales de solución de esta problemática del lucro universitario. Esperamos que la Contraloría contribuya al restablecimiento del Estado de Derecho y obligue a la autoridad a cumplir a cabalidad las leyes que se están violando y que se relacionan con esta petición de fiscalización”, afirmó.

LAS DENUNCIAS
La de Palma y Ojeda es la segunda denuncia presentada por el mismo motivo el año pasado. En ella se pedía investigar y se entregaban algunos argumentos claros. “Contrariando la normativa legal y estatutaria se ha configurado el hecho económico del negocio universitario cuyos rasgos característicos”, decía la solicitud y enumeraba: “1°. Los miembros del directorio de una universidad participan en la creación de sociedades mercantiles de todo tipo que prestan servicios a dicha universidad o le arriendan los inmuebles en los que ella realiza sus actividades; 2°. Los socios de estas sociedades mercantiles vinculados a la universidad deciden vender a un tercero sus derechos en dichas sociedades; 3°. Terceros, ya sea personas jurídicas o naturales chilenas o extranjeras, compran dichas sociedades y pasan a formar parte de los miembros de la corporación universitaria con derecho a adoptar resoluciones que inciden en la marcha de la universidad”. En la presentación se solicitaba fiscalizar a las universidades Santo Tomás; de Viña del Mar; Universidad del Mar; Universidad UNIACC; Universidad Central de Chile; Universidad de Las Américas; Universidad San Sebastián y Universidad Pedro de Valdivia.

Eric Palma explica que lo buscado con esta serie de presentaciones es que funcione el sistema político institucional, “y ello ponga coto al argumento que han levantado los que promueven la violencia como solución a este flagrante quebrantamiento del Estado de Derecho: esperamos que el orden jurídico se defienda con los mecanismos del mismo orden jurídico. Y que ello implique aplicar sanciones a todos los que por acción u omisión lo han infringido”.
La primera denuncia presentada el año pasado corresponde a la realizada por los abogados, Carola Canelo, Miguel González y Joaquín Polit, también de la U. de Chile, quienes el 2 de septiembre de 2011 pidieron “proceder a fiscalizar el cumplimento de la ley que exige a las Universidades Privadas, creadas a partir del año 1981, funcionar como personas jurídicas de Derecho Privado sin fines de lucro, y previo cumplimiento del debido procedimiento, aplicar las sanciones legales que correspondieren”. Esto en virtud del artículo 64 de la Ley general de Educación (DFL2 2010). Los profesionales también recibieron una respuesta de Ugarte en julio pasado.

A juicio de la profesora Canelo, el ministro Beyer no ha actuado conforme a la Constitución y las leyes. Ha infringido su deber de fiscalización de las universidades privadas creadas con posterioridad a 1981, a las que les está prohibido por ley perseguir fines de lucro, “así como la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, que lo obliga a llevar a cabo dicha fiscalización de manera inexcusable y con celeridad, tras una decisión”.

Junto con entregar los antecedentes a la Contraloría, Palma envió también una solcitud al Consejo Nacional de Educación (CNED)—que ya había resuelto con anterioridad, en respuesta a una primera misiva, que no podían hacerse cargo de la investigación por no ser el órgano competente— pidiéndole que oficiare al Mineduc indicando expresamente que el Consejo de Educación Superior “estima que el órgano competente para conocer la petición de fiscalización y sanción de universidades autónomas es el Mineduc”.

Palma reclama que “el ministro y el jefe de la división no han dado curso legal a las peticiones de fiscalización que hemos hecho nosotros y además la abogada Canelo. Junto con ello han impedido que el CNED ejerza sus funciones como defensor de la calidad del sistema y encargado de la información del mismo: si existen cuestionamientos respecto al actuar institucional de ciertas universidades y ello pone un manto de duda sobre todo el sistema universitario privado iniciado a partir del año 1981, le corresponde al CNED velar por el cumplimiento de sus deberes institucionales. Sin embargo, no puede hacerlo porque el Ministro y el Jefe de División se niegan a cumplir la ley”, argumenta Palma.

De hecho, el mismo CNED contesta al abogado que por tratarse de entidades autónomas, aquellas que el jurista pide fiscalizar, el Consejo “interviene, informando su opinión acerca del cierre, sólo una vez que el Ministerio de Educación ha efectuado las diligencias necesarias para estimar configurada una causal de cierre y ha propuesto esa medida al Consejo”.

Ante esto, el abogado Palma explica que lo que buscado con esta serie de presentaciones en las que insisten, es que funcione el sistema político institucional, “y ello ponga coto al argumento que han levantado los que promueven la violencia como solución a este flagrante quebrantamiento del Estado de Derecho: esperamos que el orden jurídico se defienda con los mecanismos del mismo orden jurídico. Y que ello implique aplicar sanciones a todos los que por acción u omisión lo han infringido”.