Defendamos la ciudad

Con fecha de hoy y en forma unánime, los 3 integrantes de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazaron la orden de no innovar presentada por el abogado de esa asociación gremial de pilotos civiles, hecho que no nos merece mayores comentarios, sino sólo que el Poder Judicial ha decidido no intervenir en un caso radicado en la Contraloría General de la República. Patricio Herman de la Agrupación Defendamos la Ciudad expresó que "es obvio y natural que el Poder Judicial haya decidido no mezclarse en una contienda legal que tiene que resolver la Contraloría General de la República en razón de sus potestades legales. En efecto, la Resolución Exenta Nº 147 del 14/04/05 de la Corema Metropolitana que equivocadamente calificó en forma favorable la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de modificación de uso de suelo de las 245 hectáreas del Aeropuerto Los Cerrillos y la Resolución Nº 116 del 12/12/05 del Gobierno Regional Metropolitano que aprobó dicha modificación en Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) están objetados con sólidos fundamentos en la Contraloría desde el 27 de Diciembre de 2005 por nuestra Agrupación, por una consejera regional y por la Federación Aérea de Chile. Sin que el ente contralor tome razón de la Resolución Nº 116 aludida, es imposible iniciar cualquier obra de preparación del terreno, en donde se emplazaría el proyecto inmobiliario Portal Bicentenario, como tampoco se libera la restricción vigente para el cono de aproximación de las 1.000 hectáreas colindantes al sur formando una cuña y que tanto buscan los promotores de este desmantelamiento de infraestructura aeroportuaria. Por lo tanto, hoy día martes en la noche podrán ingresar al Aeropuerto los trabajadores miembros de la DGAC que notificarán a las empresas usuarias del mismo en orden a que próximamente demolerán las instalaciones, pero el gobierno no podrá hacer nada más en ese terreno hasta que la Contraloría resuelva en definitiva y nosotros estimamos que ella en los próximos días devolverá sin tramitar esa Resolución Nº 116, lo cual significará que el Minvu, titular del proyecto, tendrá que ingresarlo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través de un Estudio, tal como expresamente lo señala la Ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, tan recurrentemente violada no sólo por los actores privados sino también por el sector público".