Defendamos la ciudad

El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, rechazó los términos “peyorativos” que utilizó el destituido decano de Arquitectura de la Universidad San Sebastían, Cristián Boza, para referirse a las organizaciones ciudadanas que se oponen a grandes proyectos inmobiliarios.

Herman se refirió así a los dichos de Boza en una entrevista que concedió a la revista Vivienda y Decoración de El Mercurio, donde además de criticar el bajo nivel cultural de los alumnos de su universidad —cuestión que le costó el cargo— puso en tela de juicio el nivel de conocimiento de quienes están detrás de dichas entidades, entre ellas la que encabeza Josefa Errázuriz, quien tras las primarias del domingo último se convirtió en candidata a la alcaldía de Providencia.

“Me lo paso dando explicaciones y sospechando que hablan por hablar. Y aparecen unas organizaciones como Ciudad Viva, Defendamos la Ciudad; hay una niña que publicó hace poco una crítica, la Pepa Errázuriz, ¿quién es la Pepa Errázuriz? Presidenta de Ciudad Viva. ¿Qué es Ciudad Viva, qué arquitectos tiene detrás?, si la ciudad la construyen los arquitectos”, señaló Boza en alusión a las críticas que ha recibido la intervención de sectores como la calle Pío Nono en el barrio Bellavista, donde se encuentra la casa central de la Universidad San Sebastián.

“Este autorreferente y narcisista arquitecto tuvo la patudez de expresarse mal de la recién electa candidata a alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, porque objetó fundadamente, al igual que nosotros, el negocio inmobiliario que los dueños de esa universidad están haciendo a un costado de la casa central universitaria”, declaró Herman.

Y precisó que “se trata de tres torres residenciales de 19 pisos cada una, las que no cuentan con una resolución ambiental y violan flagrantemente las normas de edificación de la zona en donde están emplazadas (enfrente de la calle Dardignac) comuna de Recoleta. Hay una resolución del Minvu, de hace 2 años, respondiendo una consulta de la Contraloría, donde se objeta el procedimiento empleado por los inversionistas, avalado por el Director de Obras imputado por el Ministerio Público por prácticas non sanctas“.