Defendamos la ciudad

Diversas organizaciones sociales denunciaron hace un año una serie de irregularidades cometidas en el proceso administrativo que culminó con la aprobación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago efectuado por el CORE y presidido por el ex intendente Fernando Echeverría.

Ahora, nuevamente, la Fundación Defendamos la Ciudad hace sus cargos en Contraloría General de la República a través de una denuncia en contra de la aprobación de la expansión urbana, proyecto del ministerio de Vivienda y Urbanismo que contempla modificar el uso del suelo de 10.000 hectáreas agrícolas localizadas en ocho comunas periféricas de la Región Metropolitana.

El documento ingresado al organismo contralor expresa que "en razón a que no existe una Evaluación Ambiental Estratégica para este cambio en las reglas del juego, conforme al nuevo ordenamiento jurídico ambiental, ni tampoco una nueva votación en el Consejo Regional, le solicitamos encarecidamente tenga a bien no cursar la toma de razón solicitada por el gobierno mientras no reciba las objeciones de forma y fondo que le harán llegar unas cincuenta organizaciones de la sociedad civil".

Al respecto, el presidente de la agrupación, Patricio Herman, reiteró que el cambio de uso de suelo de agrícola a urbano es "antojadiza" y agregó que "esto es un alto cúmulo de irregularidades que se han dado en el progreso".

En diálogo con Cambio21 Herman agregó que "El Minvu (ministerio de Vivienda y Urbanismo) se ha negado sistemáticamente a transparentar los nombres de todos aquellos que se beneficiarían patrimonialmente con estos cambios en los usos de suelo de sus territorios", situación que a su juicio es, a lo menos, "sospechosa".

Por su parte, la vice-presidenta de la Asociación Chilena de Zonas y Barrios Patrimoniales, María Josefa Errázuriz, explicó a Cambio 21 que "esta propuesta debería haber sido sometida a la Evaluación Ambiental Estratégica que incluye la participación ciudadana y eso no fue hecho porque en la opinión de la seremi no hay cambios sustantivos".

A ello agregó que "queremos saber si hay o no interés por parte del intendente y consejeros -funcionarios designados- en la tenencia de predios que los lleva a cambiar de decisión a muchos de ellos entre junio pasado y marzo de este año", detalló Errázuriz, puesto que el proyecto que se aprobó ya había sido rechazado el año 2010.

Asimismo, la personera de la Asociación sostuvo que quienes se ven beneficiados son solamente "los especuladores inmobiliarios porque sólo el 8% de los terrenos van a ser destinados a terrenos para viviendas sociales".

En este contexto, agregó que los allegados o sin casa "deben tener una solución habitacional en su propia comuna dado que todo el tejido social de ayuda que ello significa está en la propia comuna donde viven".

Por otra parte recalcó que "colocar a los allegados en la periferia donde hoy día, no existe la consolidación del equipamiento urbano, donde no hay el transporte correspondiente, lo único que están haciendo es marginarlos, excluirlos y encarecerles su vida".

Empresas y personas involucradas

En tanto, el alcalde de Quilicura, Juan Carrasco, denunció públicamente que 1.000 hectáreas agrícolas de su comuna que están definidas como inundables, modificarán sus usos de suelo a urbanas, con la aprobación del nuevo Plano Regulador por parte del CORE.

Las siguientes empresas y personas aparecen como propietarias de los predios mencionados por el alcalde de Pudahuel Johnny Carrasco, con datos extraidos del Servicio de Impuestos Internos, según lo informado por Patricio Herman:

Inmobiliarias Paidahue S. A, Santa Irma, Valle Lo Campino, Don Benjamin, Queylen, Los Silos, Bio-Bio, Pocuro. Además registran propiedades la Sociedad Agricola Lo Campino Ltda y el Fondo Inversiones Santander; entre otros particulares y empresas.