Defendamos la ciudad

Luego de una fiscalización realizada el pasado 10 de abril, la Dirección del Trabajo suspendió las obras en altura a tres empresas contratistas que participan en la etapa final de la construcción del centro comercial Costanera Center, en Providencia.

La decisión fue tomada por la entidad luego de detectar las malas condiciones de los andamios en los que los trabajadores debían ejecutar sus labores, lo que significó además la aplicación de una multa por 30 UTM.

Las tres empresas sancionadas con la suspensión ya descrita son Montegrande Constructora SPA, Juan Molina Cid y Trima Ltda.

Durante la fiscalización, además, se constataron otras infracciones, como el no contar con comités paritarios de higiene y seguridad, no exhibir toda la documentación requerida a los fiscalizadores e irregularidades en contratos de trabajo, siendo también sancionada con multas la firma Gea Empresa constructora SPA.

En total, las sanciones a las cuatro contratistas a cargo de trabajos de puesta en marcha de locales de preparación de comida significaron la aplicación de multas por más de cuatro millones de pesos.

Miguel Nazal, secretario del Sindicato de Trabajadores Unidos (STU), valoró la labor de la Dirección del Trabajo como contribución a bajar la tasa de accentabilidad entre trabajadores de la construcción.

El dirigente gremial señaló que como organización solicitaron fiscalizaciones a las obras por estos temas y aseguró que la responsabilidad no sólo recae en las empresas subcontratistas.

“Cada empresa a la que nosotros vamos, las empresas contratistas dejan hacer a las empresas subcontratistas y luego ocurren los accidentes, las malas prácticas laborales. Yo creo que eso no pasa sólo por una negligencia de los subcontratados, sino que de la efectiva fiscalización de la empresa mandante, que en este caso es Cencosud o la empresa contratista, que en este caso es Salfa”, explicó Nazal.

Esta situación se suma al problema de los impactos viales. El profesor Leonardo Basso, miembro de la recientemente creada Comisión Asesora Presidencial para la Política Nacional de Desarrollo Urbano aseguró que la congestión en la zona será crítica.

“Esta era la zona más congestionada de Chile antes del Costanera Center y cuando se agregan cuatro mil a cinco mil estacionamientos, los que van a ser utilizados por autos que van a llegar en hora punta, la congestión va a ser muy grande. Las medidas de mitigación serán sólo eso y la situación va a empeorar y la gente tendrá que tener paciencia. ¿Cómo llega a ocurrir algo así? Es porque tenemos una institucionalidad que está absolutamente a tras mano de lo que debería ser”, afirmó el profesor Basso.

Para el académico de la División de Transporte de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, lo que debió hacerse ante un proyecto tan grande era, por ejemplo, exigir la construcción de una estación de Metro a costo del creador del proyecto y no pedir la creación de estacionamientos.

Por su parte Patricio Herman, presidente de la fundación Defendamos La Ciudad, criticó que el proyecto haya sido aprobado vulnerando diversas disposiciones del marco regulatorio, como calcular mal la altura máxima del edificio, y advirtió sobre la complicidad de las autoridades.

“No le asigno la responsabilidad absoluta a Horst Paulmann. Aquí los responsables de todo esto son las autoridades administrativas, acá tenemos un ministerio de la Vivienda que no hizo su trabajo, los alcaldes de Providencia y de Las Condes que tampoco hicieron su trabajo. Tenemos un ministerio de Transportes, que no se anticipó a los impactos que se iban a generar a raíz de la gran cantidad de gente que iba a tener acceso a este mega proyecto. Un ministerio de OO.PP. que tampoco, es decir, nadie hizo nada”, afirmó el dirigente de la ONG.

Herman le solicitó, a través de una carta dirigida al ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, al Presidente Sebastián Piñera y al propio secretario de Estado no asistir a la inauguración del polémico centro comercial para no validar las irregularidades del proceso administrativo.