Defendamos la ciudad

Por Raúl Blanchet Muñoz La documentación presentada por la Intendencia no menciona el cambio de uso de suelo, como tampoco el Portal Bicentenario con sus 15.000 viviendas. Ambos aspectos obligarían de acuerdo a la ley, a ingresar el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través de un estudio. Según lo planificado, el aeropuerto Los Cerrillos, debió cerrar en forma definitiva el pasado 15 de enero, para dar paso a la construcción del Portal Bicentenario, conjunto habitacional y parque que cubrirá las 245 hectáreas que ocupa el viejo terminal aéreo. El golpe vino de la contraloría General de la República, que no tomó razón del cambio de uso de suelo del aeródromo, requisito indispensable para terminar en definitiva con el aeropuerto. La espera se extenderá hasta que surja la resolución definitiva del organismo contralor, entre otras cosas. El ministro de Defensa y primer impulsor del polémico proyecto inmobiliario, Jaime Ravinet, declaró que a pesar de lo resuelto por el organismo contralor, el gobierno no cejará en su propósito y además existiría una resolución de la Dirección de Aeronáutica Civil para cerrar el terminal aéreo, una vez que estén en operaciones las dos pistas habilitadas –o en vías de serlo- en Pudahuel y que cualquier retraso, sólo postergaría el cierre de Cerrillos. La resolución de la Contraloría se basó en los múltiples cuestionamientos surgidos contra la construcción de 15.000 viviendas y parques vecinales en el área que ocupa el viejo aeropuerto. Pese a la aprobación del Consejo Regional Metropolitano (CORE), la contraloría devolvió la documentación enviada por éste, requiriendo un informe acerca de las impugnaciones presentadas por la Federación Aérea y la organización “Defendamos la Ciudad”. Las objeciones son diversas. Unas apuntan a que los terrenos fueron donados en 1929 para el desarrollo de la aeronáutica, por lo que no deberían ser utilizados con otros fines. Por su parte la agrupación Defendamos la Ciudad sostiene que el CORE se basó en una Declaración de Impacto Ambiental y no en un estudio al respecto, que era lo correspondiente ante la magnitud del proyecto. La contraloría General de la República envió su resolución a la intendenta Ximena Rincón, dada su condición de presidenta del CORE, solicitando que aclare cada uno de los puntos objetados. Una vez que el CORE responda a la Contraloría, ésta adoptará la resolución final sobre el cambio para el uso del suelo en el aeropuerto Los Cerrillos. La otra pista Otra de las causas por las que no fue cerrado el aeropuerto Los Cerrillos, estuvo en que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) todavía no reciba en forma oficial la segunda pista del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, lo que impide contar con una alternativa al principal terminal aéreo. Sin embargo, una vez entregada la segunda pista, se debe iniciar una marcha blanca que se extenderá por varias semanas, período en el cual tampoco se podría cerrar el viejo aeropuerto. Lo más serio surgió desde la Dirección de Aeropuertos del MOP, en la que no existe certeza de cuándo se entregará la pista que se encuentra en construcción. Sin embargo, aseguraron que otra de las que está siendo refaccionada podrá ser usada próximamente como alternativa, pero sin precisar cuando. La decisión de no cerrar Cerrillos fue ciertamente un revés para las aspiraciones de los ministerios de Vivienda y Urbanismo, y de Defensa, que han abogado por el cierre y la realización del proyecto inmobiliario Portal Bicentenario. Requerimientos Entre los requerimientos más importantes formulados por quienes rechazan el cierre del aeropuerto, se encuentra la realización de un estudio de impacto ambiental. Al día siguiente de la elección presidencial, la agrupación “Defendamos la Ciudad”, presentó nuevamente ante la Contraloría, un documento que se sumó a los que había hecho llegar anteriormente, fundamentando su rechazo al cierre del histórico aeropuerto. En esta oportunidad, la agrupación reunió los estudios realizados por académicos de las universidades de Chile, de Concepción y de Santiago, los cuales acreditarían que el proyecto de desalojo del aeropuerto, cambio de uso del suelo de las 245 hectáreas y la construcción del conjunto habitacional “Portal Bicentenario”, debe ser acogido como “estudio” por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Con este fundamento se instó al órgano contralor a no tomar razón de la resolución Nº 116 del 12 de diciembre de 2005 enviada por la Intendencia Metropolitana, que aprobó mediante una simple Declaración, el cambio de uso del suelo de los terrenos en que se encuentra el aeropuerto, incorporando la modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago. El vocero de la agrupación, Patricio Herman, señaló que debido al peso concluyente de los estudios efectuados por los académicos Hugo Romero, Alexis Vásquez y Jonás Figuero sobre el proyecto Portal Bicentenario y cierre del aeropuerto Los Cerrillos, los pusieron a disposición de la Contraloría y de la presidenta electa, Michelle Bachelet, de quien esperan se ponga de acuerdo con el presidente Lagos para congelar la realización del proyecto hasta que ella asuma la primera magistratura el próximo 11 de marzo. Argumentos para el rechazo La oposición a que se de curso a la resolución 147 que autoriza el cierre de Los Cerrillos y el cambio de uso del suelo, no se hace cargo de los efectos colaterales de estos cambios, para el conjunto de la ciudad, señala el documento suscrito por Sara Navas Bustamante, Patricio Herman Pacheco y Héctor Arroyo Llanos, a nombre de “Defendamos la Ciudad”. La presentación ante la Contraloría busca complementar otras dos anteriores y reforzar los objeciones hechas por la Federación Aérea de Chile y Bettina Horst Von Tadden, integrante de la CORE en representación de la UDI. El documento afirma que la Seremi de Vivienda y Urbanismo, junto a la Conama, pretenden convencer a la Contraloría de que sus respectivos servicios se ajustan a la ley al aprobar el proyecto Portal Bicentenario mediante una simple “Declaración”. La documentación presentada por la Intendencia no menciona el cambio de uso de suelo, como tampoco el Portal Bicentenario con sus 15.000 viviendas. Ambos aspectos obligarían de acuerdo a la ley, a ingresar el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través de un estudio. Según “Defendamos la Ciudad”, la iniciativa comercial constaría de tres proyectos: “a.- desmantelamiento del aeropuerto existente: verdadera intervención estratégica al revés, pues en la lógica de la globalización, mejorar la competitividad internacional de un país implica dotarse de infraestructuras mayores y no en demolerlas, tanto más cuanto no hay un proyecto de reemplazo. El proyecto de desmantelamiento ignora completamente las ventajas que para toda metrópoli representa la existencia de dos aeropuertos que, en virtud de una política aeroportuaria adecuada, cumplen o debieran cumplir funciones diferenciadas y específicas, de rango internacional y regional o nacional. Conscientes de lo anterior, somos partidarios de potenciar este aeropuerto, a través de un proceso de licitación, para que un concesionario invierta en él. b.- incorporación de 2.245 hectáreas al desarrollo urbano: en virtud de una simple decisión administrativa, sin que se tenga la visión elemental de darse mecanismos para captar la enorme plusvalía que generará, de la cual el Estado se limitará a recuperar el valor correspondiente a la venta del terreno del aeropuerto. c.- construcción de un conjunto inmobiliario: con una inversión de US$ 1.000 millones, 15.000 viviendas, 60.000 habitantes y 900.000 m2 construidos, en 245 hectáreas”. No se cumple la ley Es la dimensión de los proyectos mencionados, la que haría insuficiente su autorización mediante una simple Declaración de Impacto Ambiental, carente de una cláusula solemne que certifique que la información contenida en ella sea cierta, correcta y completa, y se reconozca además las consecuencias de incluir información incompleta e incluso falsa. Por todo eso, los firmantes la consideran inservible para tomar una decisión adecuada. La presentación afirma que el principio precautorio es la esencia de la ley ambiental, por lo cual las autoridades involucradas no deberían darse por satisfechas mediante declaraciones en lugar de estudios, respecto a proyectos como el objetado. “Incluso esas autoridades proceden temerariamente al asegurar con sus firmas que ‘los impactos ambientales de tales proyectos se ajustan a la normativa ambiental vigente y que no generan ni presentan ninguno de los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11º de la Ley Nº 19.300’ (sic). Esta lenidad pública es la que no permite que opere a cabalidad el Sistema y ello sucede porque la institucionalidad ambiental no asume debidamente su responsabilidad” señala el documento. La agrupación Defendamos la Ciudad, enfatizó en la presentación la necesidad de atender a las “Consideraciones Ambientales del Proyecto Portal Bicentenario de Cerrillos, elaborado por los investigadores Hugo Romero y Alexis Vásquez de las Universidades de Chile y Concepción, respectivamente, “los que entregan información ambiental -corredor de vientos y otras consideraciones- referida a la desafectación de la declaratoria de protección de la zona envolvente al aeropuerto. Es decir, estos especialistas están advirtiendo a quienes toman las decisiones que eliminar los conos de aproximación es una medida anti Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica”, agrega el documento. La presentación consideró los argumentos del arquitecto, urbanista y académico Jonás Figueroa, ofrecidos a la Contraloría con anterioridad en el libro “Hacer Ciudad”, elaborado por varios autores, en que aparecen datos concluyentes acerca del riesgo ambiental que acarrearía la intervención sobre los terrenos en que está Los Cerrillos, por cuanto resultaría eliminado el “canal de ventilación” que permite reducir los rangos de contaminación ambiental en parte importante de la ciudad. Los académicos antes mencionados consideran en sus investigaciones, que interesa preservar los terrenos adyacentes al aeropuerto, por los efectos sobre la ventilación, entre otras. Por ejemplo, el profesor Figueroa –señala la presentación a la Contraloría- afirma que "la gigantesca cuña de suelo formada por las áreas de protección y el cono de aproximación de tráfico aéreo constituyen el único corredor de vientos de baja altura que ventila la ciudad”. También dice que "es necesario abundar que las pistas de hormigón del aeropuerto actúan como una gran placa radiante de los rayos solares que provoca por convección, el movimiento vertical del aire". Defendamos la Ciudad llamó la atención de la Contraloría, sobre los funcionarios públicos que deben tomar decisiones sobre tan delicadas materias sin informarse de manera documentada, pues de haberlo hecho, hubieran concluido por ingresar el proyecto al SEIA como Estudio. Pero además resaltaron que por añadidura, estos funcionarios suelen estar apremiados por sus superiores, especialmente ministros que actúan motivados por alcanzar resultados a corto plazo. A ello atribuyen que la institucionalidad ambiental no funcione, pues no se cumplen sus directrices, cuestión que no mejorará mientras quienes dirigen el país no establezcan la coherencia necesaria entre sus discursos oficiales y las acciones que ejecutan.