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Las declaraciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en la audiencia pública sobre la fusión entre SMU y Supermercados del Sur (SdS), en cuanto a que los peligros de colusión en esta industria son mayores a los del sector farmacéutico, dieron luces de lo avanzada que está la investigación contra las cadenas Walmart Chile, Cencosud, SMU y Tottus, por un eventual cartel de precios.

Y en su estilo, el fiscal Felipe Irarrázabal ha mantenido la completa reserva de la indagación a las cuatro cadenas supermercadistas. Pero expertos en materias de libre competencia consultados por ESTRATEGIA, se refieren a las razones que motivaron a la FNE a poner bajo la lupa a esta industria.

El director del Centro de Regulación y Competencia (Regcom) de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, recuerda que la FNE en diciembre del año pasado realizó allanamientos a las cadenas de supermercados, “y eso sólo se puede hacer ante reales certezas de carteles de colusión. La investigación puede tomar un tiempo, de todas maneras”.

Este allanamiento, además, fue específicamente para investigar los productos relacionados a las carnes y a la limpieza. Esto calza con que, según la directora del Centro de Libre Competencia de la UC, María Elina Cruz, “los casos en que se ha descubierto colusión de supermercados en el mundo, tienen que ver con ciertas categorías, ya que son miles las que comercializan. Por ejemplo, en Inglaterra, hace un par de años, se descubrió concertación de precios en los lácteos”.

Consumidores en riesgo

Y entre los factores de riesgo que propiciarían la colusión y que preocupan a la FNE en el sector supermercados, están la poca cantidad de actores –Walmart Chile, Cencosud, SMU y Tottus concentran el 95% de las ventas totales–, la integración entre ellos, la estabilidad de la demanda, la marcada transparencia de precios, las similares cifras de participación de mercado entre las primeras tres cadenas (en torno al 88%) y las altas barreras de entrada para nuevos actores.

Lo que se transforma en más inquietante, cuando se sabe que los hogares chilenos gastan mensualmente $130.000 en los supermercados del país, según Nielsen, y el ingreso promedio de una familia es de $610.000. Con lo que las cadenas cuentan con un gran poder de cara a los consumidores locales.

Sobre esto, el economista integrante de la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia, Aldo González, manifiesta que “el que se monitoreen los precios entre las cadenas –donde si los baja o sube un competidor, las demás lo emulan casi inmediatamente–, a priori, no es un factor negativo. Lo que sí pasa es que si el mercado es tan transparente y estable, se facilita la colusión, dado que con esa herramienta evaluarían si hay cumplimiento en las coordinaciones como en el caso de las farmacias”.

Y esto activó todavía más las alarmas de la FNE, considerando que en poco más de cinco años las pequeñas cadenas pasaron de controlar el 35% de las ventas supermercadistas, a nada más que el 5% actual, en una industria que factura cerca de US$15.000 millones por ejercicio y en la cual se han mantenido los mismos operadores en 15 años, siendo las fusiones y adquisiciones la tónica del último tiempo.

Pero eso no es todo. A la fecha, SMU domina el 51% del mercado mayorista, y Walmart Chile entrará en el 2013 a pelear de lleno en ese terreno. Así las cosas, de acuerdo a González, “el que haya propiedad cruzada de estas grandes cadenas, respecto a estos formatos, es algo que hay que mirar con cuidado”.

De hecho, Cruz advierte que es discutible que la integración minorista-mayorista sea positiva para los consumidores en términos de precios –como han argumentado las cadenas–, y agrega que el que los megaoperadores de supermercados sigan entrando a los formatos Express o de tiendas de conveniencia, “los llevará a desplazar por completo a los almacenes de barrio, lo que será complejo para la libre competencia”.

Proveedores en jaque

Si bien los consumidores serían afectados por eventuales malas prácticas de los supermercados, los proveedores tampoco se librarían de ellas. Cruz afirma que están sumidos en “un riesgo muy fuerte de abuso de poder de compra por parte de las cadenas, pues hay una larga lista de productos que si no se venden en las grandes superficies, quedan inmovilizados”. Lo que también estaría mirando la FNE en su indagación a la industria.

El peso del canal supermercados para los proveedores, es del 60% de sus ventas, y hace algunos años rondaba el 50%. Si esto se suma a que sobre el 20% de los ingresos son generados en los formatos mayoristas, y en los distribuidores, el comercio cadenizado les significa el 80% del total. El resto tiene que ver con las tiendas denominadas como tradicionales. Así que las ventas de los proveedores dependen casi totalmente de los megaoperadores.

Tomando en cuenta que, asimismo, los formatos mayoristas se están tornando a minoristas, y son controlados por las grandes cadenas de supermercados, el abuso de posición dominante de estos últimos a los proveedores sería casi un acto cotidiano. “Y no necesariamente los supermercados van a traspasar esas bajas que le imponen a los proveedores en las negociaciones de precios de compra, hacia los consumidores”, recalca Cruz.

¿Fusión SMU-SdS?

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) está recién evaluando los antecedentes entregados, en la consulta pública para la fusión SMU-SdS, y daría a conocer su decisión dentro de este semestre. En esa línea, Agüero apunta que no es descartable que la operación se rechace, si así lo estima el ente antimonopolio, “pues no es del agrado de ninguna autoridad, sobre todo si es un hecho ya consumado antes de la resolución”.