Defendamos la ciudad

El presidente del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, realizó duras críticas a la construcción del Mall Puerto Barón, iniciativa que pretende utilizar el 50 por ciento de los terrenos portuarios para la actividad comercial, gracias a un polémico acuerdo firmado en 2004 entre la Empresa Portuaria Valparaíso, que lo administra, y la compañía Mall Plaza.

El ex diputado manifestó que no está en contra del crecimiento económico de esta ciudad, al menos cuando es sustentable, pero detrás de este tipo de proyectos hay presuntas irregularidades que deben ser investigadas y una errada concepción de ciudad.

Enríquez-Ominami fue enfático en señalar que los posibles vicios administrativos se arrastran desde el Gobierno anterior y tienen que ver con subsidios que se entregan a privados cuando la tarea la pudo realizar la municipalidad, la desafectación de terrenos que no tenían un fin comercial y la compra de éstos a un valor mucho menor del que les correspondía.

“Queremos ciudades integradas, donde se construyan más espacios peatonales y públicos. Lo que está ocurriendo con estos malls, es que no se integran a la ciudad, se rompe cierta dinámica, cierta armonía. Se tiene que cumplir con las normas, con las reglas, pero también con un sueño, con una visión de sociedad que tiene que ser integrado”, explicó el presidente del PRO.

El ex candidato presidencial recalcó que además hay un problema de transparencia y falta de información y por eso los chilenos deben estar más atentos a la privatización de las ciudades.

Por su parte, el presidente de los trabajadores portuarios e integrante del Movimiento Poder Ciudadano de Valparaíso, Jorge Bustos, recordó que se presentó una querella en contra del gerente general de la Empresa Portuaria de Valparaíso, Harald Jaeger, por considerar que ha habido vicios y acciones criminales durante este proceso.

Bustos señaló que las irregularidades tienen que ver con la subvención encubierta de 21,5 millones de dólares a Mall Plaza y la venta de diez mil metros cuadrados a 2,25 UF el metro cuadrado, cuando inicialmente fueron compradas a 19 UF cada uno lo que, a su juicio, constituye un fraude al fisco.

El dirigente portuario lamentó que el proyecto que se quiere llevar a cabo signifique un daño irremediable a Valparaíso, pues “la actividad primera, millonaria en términos económicos, es el puerto. El borde costero no debe ser edificado, explotado por entes privados, queremos que sea abierto a la ciudad para que puedan disfrutar de él los habitantes y los visitantes, generando otro tipo de proyectos, no del retail, de turismo”, indicó.

Jorge Bustos criticó que existe una relación incestuosa entre la política y las inmobiliarias que explicaría el silencio de las autoridades de Gobierno, tanto actuales como anteriores, y exhortó a los poderes del Estado a emitir una opinión más clara al respecto.

Además, la agrupación ciudadana Cabildo 2010 recurrió esta semana a la Comisión de Cultura de la Cámara Baja, donde se resolvió convocar al secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales para la próxima sesión para que dé cuenta de su postura frente a esta situación.

Asimismo, aún se espera la respuesta al requerimiento realizado por la misma organización ante la Unesco, que declarara la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, para que intervenga y evalúe el proyecto de transformación del borde portuario de Valparaíso.

Castro: rechazan modificaciones a plan regulador

La agrupación Defendamos la Ciudad rechazó un eventual intento de volver a modificar el plan regulador de Castro para viabilizar el polémico centro comercial Paseo Chiloé del Grupo Pasmar.

Ello luego de que en un medio local el alcalde Nelson Águila declarara que está explorando la posibilidad de que el Concejo Municipal modifique la actual normativa con el propósito de que el excedido volumen del inmueble en construcción se enmarque próximamente en la legalidad.

Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad, criticó duramente esta opción y lamentó además que las acciones judiciales en contra de la empresa, por sobrepasar las normas establecidas en el permiso de edificación, se encuentren en el Juzgado de Policía Local, y no se haya firmado un decreto alcaldicio como lo estipula la ley.

“El juzgado a lo más le va cobrar unas multas insignificantes, va a paralizar las obras por un par de días y después todos van a seguir felices. Esstamos frente a una violación escandalosa por parte de la empresa Pasmar. Lo que se debe hacer es respetar la ley y demoler”, sostuvo el dirigente.

Herman manifestó su esperanza en que el trabajo de esta organización para que, junto a estudiantes de Arquitectura de diversas universidades y al Colegio de Arquitectos, contribuya a que finalmente se cumpla con la legalidad. El urbanista reiteró, sin embargo, que no se opone a la construcción del centro comercial, sino a su ubicación.

En tanto, la consulta ciudadana sobre el polémico centro comercial se realizará el domingo 15 de abril desde las 9 a las 17:00 hrs. en la Plaza de Armas de la ciudad chilota.