Defendamos la ciudad

La lucha de los vecinos de la calle Patriotas Uruguayos, que colinda con el Liceo de Aplicación, llegó a tribunales pues Claudia Sagredo, vecina del lugar, junto a Carolina Tohá, presidenta del PPD, presentaron un recurso de protección que busca derribar un muro de 12 metros, construcción que no fue autorizada por los vecinos del barrio patrimonial y que se levantó como parte de la reconstrucción del establecimiento educacional.

Las obras de reconstrucción del Liceo de Aplicación corresponden a los problemas ocasionados por el derrumbe del túnel en 2008 y de daños que fueron agudizados con el terremoto del 27 de febrero de 2010 y este muro de 12 metros fue planificado como parte del nuevo gimnasio del colegio.

En este sentido, Claudia Sagredo, vecina del Liceo de Aplicación denuncia que el murallón "ha transformado nuestros patios en pequeñas cárceles patrimoniales", a lo que agregó que en su casa "se actuó con violencia para ingresar a ella e instalar este muro de 12 metros".

Además la vecina aseguró que el alcalde de Santiago Centro, Pablo Zalaquett, está al tanto de esto, sin embargo "no ha habido una acción directa de la municipalidad para defendernos a nosotros".

Tohá explicó que "aquí el conflicto no es con el Liceo de Aplicación, es con el municipio y con el Ministerio de Educación que no han cumplido bien su tarea y que producto de su incompetencia y sus retrasos han hecho pagar los platos rotos a los vecinos aledaños al colegio".

Sagredo reveló que incluso en los momentos en que ella salía de su casa para presentar el recurso de protección "habían obreros de la construcción entrando a mi casa y dejando caer restos de cemento en mi patio".

Esto se suma a denuncia sobre una serie de fotografías que los obreros de la constructora Comsa, encargada de las reparaciones del liceo, "nos han tomado dentro de mi casa, videos que en estos momentos creo que los han querido mostrar a la municipalidad".

Recurso de Protección
Según el abogado de los vecinos, Gustavo Cruzat, el recurso de protección está basado en "la violación de los derechos de la propiedad privada y de igualdad ante la ley".

Cruzat indicó que la violación del derecho de propiedad privada se vulneró "porque aquí se ha ingresado en forma ilícita a la propiedad de mi representada, nunca se le pidió ningún tipo de autorización y como verdaderos delincuentes ingresaron a esta propiedad sabiendo que eso está prohibido".

El abogado explicó que la ley indica que solo un 40% del muro podría estar adosado a la casa de los vecinos, pero en este caso el adosamiento es de un 100% y "ese 60% debería estar autorizado ante notario. Jamás se ha pedido esa autorización ante notario y en consecuencia se está pasando por encima de la norma urbanística vigente".

Además, el abogado reveló que "lo que busca este recurso de protección es que se derribe el muro en la parte que no corresponde, que se hizo ilegalmente y por lo tanto tiene que ser demolido. Es lo que corresponde".