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En una breve sesión realizada este miércoles, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, mandatada por la Sala para investigar el proceso de aprobación del proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, aprobó en votación dividida su informe final, donde concluye que las autorizaciones de entidades públicas para llevar adelante el proyecto hidroeléctrico adolecieron de diversas irregularidades.

El texto que resume el trabajo de la instancia parlamentaria con sus respectivas conclusiones fue aprobado por siete votos a favor y uno en contra. Corresponde ahora que la Sala se pronuncie sobre el documento.

El informe señala en sus resoluciones que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental vigente adolece de un conjunto de fallas o debilidades que permiten que megaproyectos como el de Hidroaysén no sean evaluados con la rigurosidad que las eventuales consecuencias de su aprobación o desarrollo implican.

Menciona entre dichas carencias que las instancias de decisión están compuestas solamente por funcionarios de gobierno, no existe un reglamento expreso de inhabilidades y tampoco procedimientos institucionales eficaces y oportunos que tomen en cuenta las opiniones y observaciones de las comunidades afectadas.

En ese marco, el informe sostiene que “el Gobiermo anterior como el actual decidieron, a rajatabla, tramitar este proyecto, con intervención directa incluso de los Ministros del Interior, lo cual representa una intromisión indebida, por la presión que representa para todos los funcionarios del gobierno involucrados en la cadena de decisiones”.

Agrega que “Hidroaysén ha actuado de un modo inaceptable, desarrollando un conjunto de acciones manifiestamente repudiables (presión y entrega de prebendas a comunidades afectadas; traspaso de ingentes recursos a municipios cuyos Alcaldes debían opinar acerca del proyecto)”.

“Se requiere que este “lobby” esté expresamente prohibido, debiendo paralizarse toda tramitación que presente estas anomalías. Se requiere, con urgencia, dictar normas que prohíban estas prácticas, so pena de dejar de tramitar los proyectos donde se detecten estas prácticas y, de preservar en ellas, el rechazo del o los proyectos en trámite”, enfatiza el texto.

Más adelante, el informe resalta que “en un acto que sólo puede ser calificado de “fraude a la ley” o engañoso, el titular del proyecto decidió tramitar, de manera separada, el proyecto de generación y el proyecto de transmisión, en circunstancias que, evidentemente, se trata de un solo proyecto, ya que existe interdependencia funcional y física entre ellos, porque la línea de transmisión sólo transportará la electricidad de HidroAysén y la generación de ésta, sólo puede ser conducida por dicha línea”.

“El conjunto de funcionarios, especialmente aquellos que ostentan cargos de jefatura, a nivel local, regional o nacional, que participaron de actos que contravienen las normas, como ha quedado demostrado en el curso de esta investigación, deben ser reportados a la Contraloría General de la República, de modo que el organismo contralor determine las responsabilidades funcionarias, estableciendo, a futuro, una normativa que inhiba estas conductas. El citado órgano contralor ha tenido un rol pasivo sobre la materia hasta la fecha, lo que podría haber evitado muchas irregularidades que todavía están sin sanción alguna”, puntualiza el documento.

“La decisión de construcción de la central Hidroaysén entra en colisión con tratados internacionales suscritos por el país, los cuales priman sobre la ley común y que, en este caso no han sido respetados (Convención de Washington). Se requiere que, previamente a la tramitación de este tipo de proyectos, se proceda a un examen de legalidad, compatible con los compromisos suscritos por el país y el principio de buena fe en el cumplimiento de los tratados internacionales”.

Tras la sesión, el presidente de la Comisión, el diputado Sergio Ojeda (DC), manifestó que “el informe es contundente y concluyente en la determinación de las anomalías que hubo en este proceso de evaluación ambiental, las Seremis de Vivienda, Obras Públicas, Planificación, Salud; el SAG, la Conaf, la Dirección de Aguas, el Consejo de Monumentos y el Sernageomin son los servicios donde se cometieron irregularidades, ordenadas desde el poder central para aprobar el Proyecto Hidroaysén”.

Hizo hincapié el parlamentario que “en este proceso de evaluación no se tomó en cuenta la opinión ciudadana, se vulneró gravemente el Convenio de Washington, hubo inhabilidades de parte de los municipios y de la intendenta regional y logramos comprobar el conflicto de interés que tenían algunos seremis regionales”.

Finalmente, el diputado sostuvo que “pese a la promesa del Gobierno de respetar la condición laboral de los funcionarios que declararon ante esta comisión, o que permitieron el conocimiento del conjunto de irregularidades mencionadas, de todas formas bajo sumarios internos de los servicios se procedió a exonerar a algunos de ellos”.