Defendamos la ciudad

—¿Quedó conforme con la decisión de detener, por un tiempo, la construcción habitacional en las dunas de Concón?

—Fue una buena señal que el Concejo Municipal de Concón, avalado por el seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región, congelara el ingreso de solicitudes de permisos de edificación en ese territorio. Es la medida previa para que las 50 hectáreas de los sectores A1 y A2 del Plano del Campo Dunar de Concón vuelvan a su condición de Santuario de la Naturaleza.

—¿Por qué el tema sólo reflota ahora, si los hechos ocurrieron en los ’90. ¿Ningún gobierno tuvo voluntad de investigar irregularidades?

—Este escandaloso asunto lo publiqué en El Mostrador el 16 de febrero de 2005 sin que nadie se diera por aludido, práctica habitual para que no se siga hablando de la denuncia. Ninguno de los gobiernos anteriores deseó investigar los hechos por el simple motivo de que todos sabían que se había actuado muy mal.

—¿Qué espera del Gobierno de Piñera, ¿podrá revertir la situación de propiedad para recuperar el Santuario?

—Estamos seguros que Piñera revertirá la situación y en los próximos meses tendremos esas 50 hás. nuevamente como Santuario de la Naturaleza. Pero, para evitar futuros conflictos con los privados dueños de esas dunas, el gobierno, tan pronto estén protegidas legalmente, las deberían expropiar por utilidad pública pagando por ellas el precio que determine el Depto. de Avaluaciones del SII. Por ningún motivo se puede expropiar antes de la declaratoria patrimonial.

—¿Y quién las administrará?
—Esas 50 has deberían quedar en poder del Estado, en este caso en poder de la Municipalidad de Concón, pero con recursos monetarios suficientes entregados por Hacienda para que sus funcionarios las cuiden y preserven en el tiempo.

—¿Qué tipo de responsabilidades hay para los privados y funcionarios públicos que participaron en decisiones para construir en terrenos protegidos?

—Los privados, en defensa de sus propios intereses, se esforzaron para que el Estado no cumpliera con su rol primigenio y les fue bien. El Consejo de Monumentos Nacionales, a pesar de la sólida presentación que hizo su asesor jurídico en defensa del Santuario, procedió con extrema debilidad para quedar bien con el INP, institución previsional que fue un simple instrumento de esos avispados particulares.

Tráfico de influencias en la era Aylwin

—Usted ha hablado de tráfico de influencias en el Gobierno de Aylwin para construir en el Santuario de la Naturaleza, ¿podría explicarlo?
—El episodio acontecido en marzo de 1994 fue nefasto en términos de probidad y transparencia en el ejercicio de las políticas públicas. Las constructoras Egeco y Reconsa, deudoras del INP, se movieron en las más altas esferas del primer Gobierno de la Concertación para que 50 de las 150 hectáreas del mencionado Campo Dunar no fueran protegidas por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), órgano del Estado. Procedieron así para salvaguardar sus propósitos mercantiles sobre ese territorio con aptitud urbana. Los dueños de esas sociedades dicen que el derecho de propiedad es sagrado, pero olvidan que la Constitución Política vigente establece limitaciones y obligaciones que deriven de su función social y, entre otros, la Carta Fundamental se refiere a la conservación del patrimonio ambiental.