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Próximos a ser enviados al Congreso están los proyectos que modificarán la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que agilizarán las tramitaciones de los permisos de edificación -materia anhelada por el sector de la construcción e inmobiliarias- y perfeccionarán el sistema de mitigaciones viales.

Así lo afirmó el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Rodrigo Pérez Mackenna, quien además de enfrentar la reconstrucción posterremoto ha trabajado en dichas iniciativas insertas en el plan pro competitividad anunciado por La Moneda en mayo pasado.

El primer cambio a la normativa, que se despacharía al Parlamento en 30 días, se denominó "Ley de Calidad de la Construcción". En resumen, busca que las direcciones de obras municipales (DOM) se pronuncien sobre proyectos privados -inmobiliarios, comerciales e industriales- en un plazo de 30 días. Ese es el período que corresponde según la legislación actual, pero en la realidad se extiende a 120 días, o incluso 450 días.

Las demoras, según el Minvu, ocurren porque no existen incentivos para las DOM y porque no están definidas las responsabilidades en el aparato público frente a posibles problemas de las iniciativas, lo que expone al director de obras.

Las modificaciones que impulsa el Ministerio crean una contraparte técnica, avalada por la ley, que revisará los proyectos de inversión que lleguen a los municipios y el trabajo de sus arquitectos, calculistas y encargados de obras.

Esta nueva estructura tiene tres partes. La primera es el "revisor independiente", que si bien ya opera en la normativa actual no se le asignan responsabilidades legales claras, lo que sí hará la nueva reglamentación. Luego, existirá un revisor de cálculo y un inspector técnico de obra (ITO). Este último deberá acompañar el proceso de edificación.

Para esas funciones se crearán registros públicos de profesionales -del ámbito de la construcción-, quienes serán subsidiariamente responsables de los proyectos y recibirán sanciones si fallan en sus procedimientos.

Facultades a la Seremi

El ministro añadió que se perfeccionará el mecanismo de queja para los titulares de los proyectos ante la Seremi de Vivienda, cuando el director de obras no cumpla con los plazos o se niegue a otorgar los vistos buenos.

Indicó que si el seremi, tras revisar los antecedentes, determina que debía haberse entregado el permiso, instruirá a la DOM para que acepte la iniciativa e iniciará un sumario administrativo en contra del director de obras. A la vez, el municipio perderá el 50% de los derechos económicos correspondientes al proyecto y ese porcentaje irá a fondos fiscales.

"Estos cambios son muy buenos, porque reconocen las responsabilidades, se les da rango legal y facilitan la labor del director de obras, pues hay agentes externos que revisan los proyectos. Todo eso va acompañado con facultades del seremi", resumió Pérez Mackenna.

Aportes públicos

El proyecto sobre mitigaciones se denomina "Aportes al Espacio Público" y será despachado al Congreso antes de fin de año. Hoy los estudios de impacto vial se generan cuando las iniciativas tienen más de 150 estacionamientos y no existe claridad sobre los montos a pagar.

Ahora, el Minvu espera que todos los proyectos -habitacionales, comerciales e industriales- de cierta envergadura asuman su impacto y aporten áreas verdes, equipamiento y vialidad. El Ministerio está afinando una fórmula para determinar esos costos, que estarán ligados a los habitantes por metro cuadrado, el efecto de la obra en el suelo, entre otros.

La cartera evalúa si estas contribuciones se harán en obras directas, como sucede actualmente, o en dinero, lo que sería una innovación.

Pérez Mackenna afirmó que este mecanismo será más eficiente que el actual, donde más de una docena de entidades públicas opinan respecto de las mitigaciones.

ESTUDIOS DE IMPACTO

El Minvu espera que todos los proyectos -habitacionales, comerciales e industriales- de cierta envergadura asuman su impacto y aporten áreas verdes, equipamiento y vialidad.

50% de los recursos asociados al proyecto que ingresa a la dirección de obras podría perder el municipio si existe un retraso sin justificación. Estos irán a fondos estatales.

Además, se iniciará un sumario administrativo contra el director de obras y se aceptará la iniciativa.

''Estos cambios son muy buenos, porque reconocen las responsabilidades, se les da rango legal y facilitan la labor del director de obras, pues hay agentes externos que revisan los proyectos. Todo eso va acompañado con facultades del seremi". Por Marco Gutiérrez V.