Defendamos la ciudad

Las organizaciones Defendamos la Ciudad, Ciudad Viva y Junta de Vecinos Nº 35 de la comuna de Recoleta, con la compañía de los concejales de Recoleta Juan Pastén, Marcela Hales y Patricio Lobos, en Conferencia de Prensa de hoy, denunciaron que las instituciones públicas que debían fiscalizar el proceso administrativo de este proyecto que culminó con violaciones a la normativa urbanística y ambiental, no se atrevieron a exigir el cumplimiento de las leyes vigentes. En efecto, el proyecto "Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A." ejecutándose en el cuadrante conformado por las calles Bellavista, Ernesto Pinto Lagarrigue, Dardignac y Pío Nono, comuna de Recoleta, adolece de ilegalidades manifiestas, lo que le fue demostrado con documentos oficiales a los periodistas asistentes. Este proyecto consiste en los edificios de la sede principal y centro de extensión de esa universidad privada y 3 torres habitaciones de 19 pisos cada una. Además la municipalidad de Recoleta graciosamente le otorgó un simple permiso precario a los controladores de esa universidad para que dispusieran de un bien nacional de uso público en calle Pío Nono para su estacionamiento subterráneo, teniéndose en cuenta que ese bien que le pertenece a la nación toda se debió haber concesionado por un plazo fijo, tal como lo manda el ordenamiento legal. . Patricio Herman de Defendamos la Ciudad expresó : "recurrentemente observamos como las instituciones administrativas del Estado chileno no se atreven a exigir el cumplimiento de las leyes a los influyentes actores del sector privado, lacra que debe hacer meditar al propio presidente Piñera quién nos ofreció una nueva forma de gobernar. En este caso, dicha universidad con un permiso de edificación que viola la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) construye edificios de 19 pisos en una zona que limita la altura a 8 pisos y además, con ardides, viola la legislación ambiental, al no someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental las edificaciones de la sede universitaria y su centro de extensión, todo lo anterior en conocimiento pleno de la Contraloría General de la República, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Municipalidad de Recoleta, Intendencia Metropolitana, Servicio de Evaluación Ambiental y Consejo de Defensa del Estado, único servicio que estableció documentalmente esas ilegalidades, instando al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que éste ejerza su función de acuerdo a sus prerrogativas legales. Pero, increíble pero cierto, este servicio público tiene temor a cumplir con su deber y ha optado por mantenerse en silencio sepulcral". Gerardo Lanzarotti de la Junta de Vecinos Nº 35 de Recoleta maniffestó : "desde hace tres años estamos objetando, junto con agrupaciones de nuestro barrio, la Junta de Vecinos 13- de Providencia y Ciudad Viva, las malas prácticas de todos los organismos controladores del Estado, incluyendo la Dirección de Obras de Recoleta, por eso el cansancio nos colmó y ahora ya estamos preparados para que nuestros abogados interpongan la acción judicial de nulidad de derecho público en contra de todos aquellos que optaron por no ejercer sus roles en resguardo de las leyes vigentes. No podemos aceptar que se continúe con los vicios instaurados en el pasado y que se mantienen vigentes, aún con la nueva forma de gobernar, estribillo que permanentemente escuchamos en la prensa". Juan Pastén, concejal de Recoleta dijo "nuestra comuna está llena de irregularidades y de omisiones en la gestión actual , parece ser que el barrio Bellavista no escapa a esto , aquí se ha omitido claramente la autoridad municipal como las instituciones regionales y centrales en aspectos legales y procedimentales al denegarse información y acceso a la información pública. También se pone al servicio de una empresa privada, como es la Universidad San Sebastián, una parte de un bien público para facilitarle el acceso a su estacionamiento lo que fue denunciando al Ministerio de Bienes Nacionales, servicio público que miró para el lado. Ante este estado de cosas es indispensable que los parlamentarios modifiquen la Ley de Municipalidades con el propósito, entre otros, que se consagre la participación ciudadana vinculante con la idea de evitar los daños al medio ambiente y al patrimonio cultural que se observan recurrentemente". FIN