Defendamos la ciudad

Fundación Defendamos la Ciudad, con ingreso Nº 207569 de la oficina de partes de la Contraloría, dio a conocer a ésta diversas situaciones irregulares contenidas en la resolución administrativa del intendente metropolitano que aprobó el cambio de uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas en 8 comunas de esta región. Patricio Herman manifestó al respecto : “a pesar de que tanto se habla de transparencia y probidad, hace más de 8 meses Defendamos la Ciudad le está solicitando al ministerio de Vivienda los nombres de los privados que se verían favorecidos patrimonialmente con estos cambios de uso de suelo y todavía no tenemos respuesta. Afortunadamente el diputado Accorsi y enseguida el senador Navarro le enviaron oficios al titular de ese ministerio para que entregue dicha respuesta y así la opinión pública pueda saber a quienes se está beneficiando con esta antojadiza política de expansión horizonal. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda no se ha comprometido formalmente a financiar por tiempo indefinido la conservación de las áreas verdes privadas propuestas en esta modificación. Al respecto, la Seremi de Vivienda y Urbanismo se conforma con decir que a través de las gestiones del intendente, se tendrá mayor certeza de quién se hará responsable de la mantención de las áreas verdes una vez que el desarrollador inmobiliario cumpla con su parte de la norma (sic). Es decir, estamos ante una evidente lenidad pública que rechazamos de plano. Y en la comuna de Pudahuel, una de las 8 comunas en donde se contempla la expansión, se prohíbe la construcción de viviendas, lo que debe ser entendido como una barrera de entrada a la sana competencia en el mercado inmobiliario, habida cuenta que en esta comuna se están tramitando en áreas agrícolas 3 Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) de sendos particulares. Más adelante analizaremos si esta impúdica situación la llevamos a la Fiscalía Nacional Económica, pues se está dando pábulo a prácticas mercantiles que infringen la igualdad ante la ley”. Jorge Cisternas selaló a su vez "la aprobación del Consejo Regional (CORE) de fecha 30 de marzo pasado está viciada porque el gobierno violó la nueva legislación ambiental al no someter a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) esta modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Es más, la propia Contraloría, en su dictamen Nº 78.815 del 28/12/10, ha señalado que, después de enero del año pasado, todos los cambios a los planes reguladores deben ser sometidos a la EAE y en este caso, entre el Ministerio de Vivienda y el nuevo Servicio de Evaluación Ambiental, urdieron una ingeniosa fórmula para transgredir la ley. También le dijimos a la Contraloría que todas las parcelas de agrado, acogidas al DL 3516, localizadas en las zonas rurales delimitadas por el Minvu, no podrán modificar sus destinos agrícolas por imperativo legal, lo que está muy bien explicado en un reportaje publicado en www.ciperchile.cl . Estas razones y otras que no es del caso mencionar, justificarán plenamente el rechazo de la Contraloría a este mal concebido proyecto” FIN. 09/2585459 y 09/3445618