Defendamos la ciudad

Los negocios inmobiliarios más rentables se obtienen cuando los titulares de los proyectos consiguen, con las “bondadosas” y flexibles autoridades, cambios en el uso del suelo en donde construirán. Es más, las fortunas patrimoniales más relevantes se han obtenido después de que grandes extensiones de terrenos, situados fuera de los límites urbanos, se transforman en aptos para edificar tras sigilosas tramitaciones. Lo anterior se consigue con buenos contactos y con una convincente labia expositora, que destaque siempre la necesidad de atraer inversión porque así se reduce el desempleo. En las comunas del sector oriente de Santiago son recurrentes los intentos por transformar áreas verdes -por las cuales sus dueños no pagan contribuciones de bienes raíces, protegidas por instrumentos normativos- en sitios donde levantar espigadas torres habitacionales u oficinas. En algunos casos, esas iniciativas comerciales se han frustrado porque nuestra agrupación, alertada por vecinos responsables, las ha denunciado a la Contraloría con buenos resultados. La situación del Estadio Santa Rosa de Las Condes, del Club Deportivo Universidad Católica, área verde regalada a su poseedor por el Estado, ha sido recientemente resuelta por la Contraloría. Los directivos del club, con las “autorizaciones” de la Municipalidad de Las Condes y la Seremi de Vivienda y Urbanismo, habían acordado la venta de esos terrenos en 30 millones de dólares a un conocido desarrollador inmobiliario para que edificara en esa área unas cuantas torres de oficinas y un hotel de varias luminosas estrellas. Como era predecible, la Contraloría dejó sin efecto tales actos administrativos. En la V Región, específicamente en Viña del Mar, un grupo de particulares desea construir instalaciones educacionales muy rentables en una extensa área (11,5 hectáreas) en el tradicional Valparaíso Sporting Club, contando con el “apoyo solidario” de la Municipalidad respectiva y del Seremi de Vivienda y Urbanismo. Todos los actores, públicos y privados, sabían que esos terrenos están definidos como áreas verdes deportivas en el Plan Regulador Intercomunal (PRI) de Valparaíso, tipología restrictiva que permite sólo algunas actividades, compatibles con el uso de suelo señalado: de orden deportivo, cultural o de entretenimiento. Quien desea mudarse al área verde del Sporting es el Colegio de los SSCC, que en la actualidad está emplazado en una zona urbana de Viña, la cual ha adquirido plusvalía y que, por lo tanto, es mejor ofrecerla al mercado. Los directivos del colegio aducen que las instalaciones se han hecho pequeñas para acoger la creciente cantidad de alumnos que desean matricularse. Para despejar cualquier duda, el propio Plan Regulador Comunal de Viña, de menor jerarquía que el PRI, define a los terrenos como grandes áreas verdes o parques urbanos con restricciones en sus usos, situación conocida por sus autoridades. A raíz de una interpretación bastante permisiva de un artículo de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), la troika conformada por el privado, la municipalidad y el ministerio habían determinado que el negocio era posible porque el área en donde se quería construir no estaba materializada como tal. Ante esta pretensión, saltó a la palestra el Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, que desarrolla una loable función de bien público y que, con sólidas argumentaciones jurídicas, consiguió que la Contraloría dejara sin efecto la aprobación de la Seremi. La autoridad solicitó al ente fiscalizador una reconsideración del dictamen, señalando que habían confundido edificaciones y elementos complementarios dentro del área verde con la materialización de ésta, a la luz del artículo de la OGUC. Lógicamente, la Contraloría rechazó esa petición y mantuvo firme su dictamen. Pese a lo anterior y con el ánimo de no ceñirse a la resolución de la Contraloría, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar, de acuerdo con la Seremi, aplicó un artículo de la Ley General correspondiente para subdividir el área verde del Sporting y con ello intentar la viabilización de la construcción. El área verde protegida se transformó en diferentes lotes que se venderán al ejecutor de la actividad incompatible con el uso de ese tipo de suelo. En todo caso ha sido curiosa la fórmula establecida para obviar el dictamen, porque el artículo impetrado por los servidores está orientado a las obligaciones del urbanizador de sectores aptos para construir y ya sabemos que las áreas verdes carecen de aptitud para tal finalidad. El artículo 57 de la ley respectiva es muy claro: “el uso del suelo urbano en las áreas urbanas se regirá por lo dispuesto en los Planos Reguladores, y las construcciones que se levanten en los terrenos serán concordantes con dichos propósitos”. Si el destino del terreno desagregado del Sporting continúa siendo área verde en ambos instrumentos normativos (local y regional) es improcedente la aplicación de un artículo contenido en el capítulo referido a la ejecución de obras de urbanización y de edificación. Tenemos conocimiento de que la Seremi de Vivienda de la V Región y el comité ciudadano viñamarino, que está haciendo prevalecer el marco regulatorio, han recurrido ante la Contraloría exponiendo sus apreciaciones. Tenemos la certeza de que nuevamente se rechazará la posición de quienes desean obtener ventajas, con lo cual la comunidad de esa ciudad saldrá gananciosa. Desde estas líneas le decimos a quienes desean construir en áreas verdes protegidas por instrumentos normativos, que adquieran terrenos idóneos para tales propósitos, aunque les cueste más caro. El lucro es legítimo cuando se enmarca en la ley y en el caso que nos preocupa está claro que se desea obtener un beneficio económico gracias a una argucia interpretativa. El sector de la construcción y las autoridades de la V Región tienen que entender que la Ciudad Jardín debe honrar su nombre y, en lugar de restar áreas verdes, promover la conformación de más parques y plazas públicas, preservando las existentes.