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A diferencia de la mayoría de los contratos investigados hasta ahora por la jueza Gloria Ana Chevesich -que fueron entregados a través de trato directo, es decir, sin concurso abierto-, los convenios de las tres asesorías de inspección fiscal que pesquisa actualmente fueron adjudicados mediante un proceso de licitación pública. Esto implica que se realizó un llamado a concurso y que se recibieron varias ofertas de empresas, de las que se escogió -según los dueños de las consultoras investigadas- la que fue mejor ponderada por un comité de evaluación. La contratación de las tres empresas en cuestión -Consorcio Víctor Faraggi y Gescam consultores ambientales S.A, Jorge Piddo y Cía. Ltda. y Axioma Ingenieros Consultores S.A. tuvo como objetivo prestar asesoría a la inspección fiscal de las autopistas concesionadas, tanto urbanas como interurbanas, y busca en teoría respaldar la labor de los inspectores fiscales de Obras Públicas. Estos tienen la labor de vigilar que las empresas concesionarias cumplan con las especificaciones técnicas de las obras y las condiciones para su construcción. Si bien estas tres consultorías en cuestión fueron adjudicadas el 18 de diciembre de 2002, la Contraloría tomó razón de tales resoluciones el 13 de marzo del año siguiente. De ahí en adelante el plazo de ejecución se extendía por 27 meses, es decir, hasta junio de 2005. El consorcio Faraggi y Gescam se adjudicó la "Asesoría a la Inspección Fiscal en la Gestión de Contratos de Concesiones Urbanas de la Coordinación de Administración de Contratos de Concesión" por un monto de $ 2.895.530.000. Para su ejecución, y según consta en el presupuesto, esta empresa contrataría cerca de 28 personas, desde asesores ambientales y territoriales hasta asistentes de coordinación y difusión, además, de contar con 400 m2 de oficinas que implicarían un gasto total de $ 40 millones. La "Asesoría a la Inspección Fiscal en la Gestión de Contratos de Concesiones Interurbanas de la Coordinación de Administración de Contratos de Concesión" fue licitada a la empresa Jorge Piddo y Cía. Ltda., por un total de $ 3.097.409.955. Si bien el presupuesto de esta consultora detallaba pagos para unos 20 empleados, también se incluyó un ítem destinado a "Profesionales eventuales", con un monto asignado de $ 468 millones. La empresa Axioma Ingenieros Consultores S.A. se adjudicó la "Asesoría de Inspección de Obras Viales Concesionadas en Explotación: Zona Extremo Sur y Otros", por un monto de $ 2.609.362.060. El presupuesto para esta consultoría, además de contemplar la contratación de más de 60 empleados, también incluye un gasto en vehículos para inspectores y asesores por más de $ 330 millones. El objetivo de las licitaciones En las bases de la licitación que obtuvo el consorcio Faraggi-Gescam se establece que "como consecuencia de la construcción de las autopistas urbanas en Santiago se provocarán forzosamente alteraciones en el normal funcionamiento de la ciudad". El mismo documento agrega que "se requiere una asesoría, de manera de coordinar entre cada concesión urbana procedimientos en áreas sensibles como funcionamiento del tráfico, interacción con organismos (...) para ser abordados desde un nivel macro que abarque una metodología común". Entre las labores encomendadas a los consultores estaba asesorar al inspector fiscal ante eventuales conflictos en la ejecución de obras entre distintas concesiones, y asistirlo en la resolución de problemas no contemplados en el contrato. Además, se establecía que debían "apoyar y colaborar con la Coordinadora de Concesiones en todas las actividades que ésta realice". Según fuentes judicales, las dudas de Chevesich son si el alto valor de las consultorías fue abultado, y hasta qué punto las labores que debía desempeñar eran las propias de los inspectores fiscales. También, si los trabajos asignados efectivamente se hicieron. Hernán Durán señaló a La Tercera que "nosotros apoyamos la labor del inspector fiscal de un contrato en una obra. El MOP no puede prescindir de los funcionarios cada vez que terminan los contratos y por eso externalizan estos trabajos de apoyo". Las otras indagaciones de Chevesich Diecisiete son -hasta ahora- los cuadernos separados que contienen la investigación de la ministra Gloria Ana Chevesich sobre irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas. La arista más emblemática es la de MOP-Gate, línea de investigación que surgió para pesquisar el pago de sobresueldos y otros desvíos de dinero cancelados a través de la empresa del ex seremi Héctor Peña Véliz. A ellas se agregan, entre otras, las irregularidades detectadas en los casos MOP-Ciade y MOP-Idecon. En esta línea de su investigación los pasos de Chevesich se han encaminado a indagar el pago de sobresueldos a funcionarios de la cartera por la vía de los mencionados organismos. Es en esta última arista de la investigación donde la jueza se ha centrado en cercanos colaboradores del Presidente Ricardo Lagos en su paso por el MOP: Matías de la Fuente, Alvaro González y el subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz. En la revisión de la contabilidad del Idecon, la magistrada detectó que la empresa Gesys también operó como "otra Gate" y concentró sus pesquisas en sus contratos con el MOP, pues sospecha que a través de estos convenios se desviaron platas desde el MOP a campañas políticas. Es en esta arista que Chevesich procesa por primera vez al ex ministro Carlos Cruz por enriquecimiento personal. Chevesich también indaga aristas denominadas MOP-Diagnos; el autorrobo de Gate y la sustracción del computador del ex jefe de Finanzas de Vialidad, Sergio Cortés. La magistrada que comenzó en enero de 2003 sus investigaciones en Obras Públicas sólo ha dictado procesamientos en algunas causas y, por lo tanto, podría cerrar los sumarios.