Defendamos la ciudad

A fines de marzo, la Intendencia de Santiago esperaba tener aprobado el nuevo Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) -rechazado en julio del año pasado y reingresado en enero de este año-, para agregar 9.600 hectáreas al área urbana Sin embargo, ese escenario cambió para el gobierno regional: a partir del 26 de enero de 2010, un dictamen de la Contraloría General de la República obliga a que estos instrumentos reguladores cuenten con una evaluación ambiental estratégica. El motivo: en esa fecha comenzó a regir la nueva institucionalidad ambiental, que incorpora una evaluación distinta. Además del Plan Regulador de Santiago, esto afectará, al menos, a otros 15 instrumentos de este tipo que están en proceso de tramitación. Entre ellos los de Coyhaique, Peñaflor, Panquehue, Peñalolén, Zapallar y La Serena, entre otros. Los efectos Para el experto en Derecho Administrativo de la Universidad de Chile Luis Cordero, el nuevo escenario genera una situación compleja. "Es una metodología y un procedimiento destinado a que política, planes y programas estén interrelacionados, sean coherentes y sustentables. Al diseñar, debes integrar todas las políticas sectoriales y hacerlas compatibles en términos de sustentabilidad. No es llegar y hacer cambios", explica. La jefa del Departamento de Planificación y Normas Urbanas de Vivienda, Oriana Foncea, estima que podrían producirse demoras de entre tres y seis meses para que cada plan regulador se adapte a la nueva normativa. "Antes se hacía el plan regulador y después se sometía a una declaración de impacto ambiental. Hoy, en la medida en que se va desarrollando el plan regulador, se va haciendo un análisis, con un proceso de participación ciudadana, que va contenido en un informe ambiental y que va diciendo si el instrumento genera tales efectos o considera normas que no afectan al medioambiente", explica. Agrega que las mayores complejidades se producirán en planes intercomunales y metropolitanos, porque implica someter a los estudios ambientales ya aprobados a procesos de participación en muchas comunas. "Los planes tienen un procedimiento de participación más fácil, pero en el caso del Intercomunal y el Metropolitano es distinto. (...) El PRMS podría tener una demora adicional de tres a seis meses", agrega. Municipios preocupados Para algunos alcaldes, el nuevo escenario puede generar situaciones complejas en procesos que ya están en marcha. Por ejemplo, la comunidad de Peñalolén trabajó durante cinco años en su nuevo Plan Regulador Comunal (PRC). Desde el municipio señalan que se "cumplió con toda la institucionalidad vigente, informando a la Conama de cada uno de sus pasos. Este organismo nos indicó que -aun cuando se había aprobado una nueva ley- el reglamento actualizado aún no estaba vigente y, por lo tanto, el proceso debía regirse por la normativa anterior". Allí, en enero fue aprobada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero se optó por consultar a Contraloría para confirmar si podían seguir con el proceso de tramitación. El primer vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Guevara, señaló que "por comuna se hacen entre cinco y 10 modificaciones al plan regulador al año. Son cientos. No estoy de acuerdo con la interpretación del contralor. Es un absurdo. La ley no pretendía eso, sino mejorar el instrumento para modificar los planos reguladores, pero no congelar el desarrollo urbano del país". El administrador municipal de Zapallar, Eliecer Fuenzalida, dice que "ya recibimos observaciones relacionadas con la etapa ambiental y sabíamos que las modificaciones a planes como la nuestra podían demorar entre tres meses y cinco meses. Nuestro instrumento ya tenía una vigencia que supera los 10 años y necesitábamos modificarlo (...) Llevamos tres años trabajando en este plan"