Defendamos la ciudad

El fisco deberá pagar poco más de tres mil millones de pesos por la expropiación de terrenos que permitirán construir la segunda pista del aeropuerto Arturo Merino Benítez, proyecto de ampliación que venía gestándose desde la era Lagos. Lo anterior, luego que la Corte Suprema confirmara un fallo emitido por la justicia civil en 2007, que obligó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a pagar 70 por ciento más del valor por metro cuadrado por los terrenos colindantes al terminal aéreo. El CDE buscaba que la justicia revocara la decisión del 30 Juzgado Civil de Santiago, que a su vez fue confirmada por la Corte de Santiago, que aumentó de 0,1 UF a 0,8 el precio de la tierra, cuyos dueños son la Sociedad Agrícola Duero (SAD). El litigio venía tramitándose desde 2003. De esta manera, el tribunal de primera instancia acogió parcialmente la demanda de SAD, que buscaba 1,36 UF por metro cuadrado. En el fallo al que tuvo acceso El Mostrador, la Suprema determinó que la comisión de peritos que el MOP usó para valorar la tierra, no tomó en cuenta que ésta -si bien estaba inscrita en los registros como de uso agrícola- sólo podría ser usada para los fines de agrandar el aeropuerto, cuestión que iba en contra de los intereses de los dueños del terreno. La Suprema, en este sentido, sostuvo que el daño patrimonial que supone una expropiación “corresponde al valor económico de mercado del terreno expropiado, concepto que comprende la rentabilidad que pueda producir en el futuro a su dueño, del mismo modo como en el precio de un bien cualquiera, está incluida la utilidad que se espera que él pueda producir. En consecuencia, al establecerse el valor de mercado del objeto en la especie, debe incorporarse a la valoración efectuada la aptitud de la cosa para producir rentas futuras”. La resolución fue dictada por los ministros de la Segunda Sala, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez Espoz, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Nelson Pozo. La ampliación del terminal aéreo se debe a que cada año crece la cantidad de pasajeros que lo usan. Distintos estudios hablan de un 4,75 % anual, por lo que en 2024 llegarian a 19 millones por año. La zona donde se emplaza el aeropuerto ha sido en los últimos años fruto de varias polémicas legales, desde que se aprobara una modificación al plano regulador que permite ampliar el radio urbano. En todo caso en varias oportunidades la Contraloría ha revocado la decisión, debido a una serie de irregularidades formales, que hacían inviable una mitigación adecuada si es que se ejecutaban obras.