Defendamos la ciudad

Fallo del 28 de Diciembre de 2005, Rol 6176-2005, del máximo tribunal del país, rechazó con costas un recurso de protección de la Inmobiliaria Cumbres de La Dehesa S.A. -representada por Leonidas Montes Lira- incoado por éste en contra de la Contraloría General de la República por haber resuelto la anterior una materia urbanística en términos que no fueron del agrado del titular del proyecto inmobiliario de 267 viviendas de lujo, ejecutándose actualmente en un terreno de 50 hectáreas localizado en Camino Las Hualtatas 4999, comuna de Lo Barnechea. Patricio Herman de la Agrupación Defendamos la Ciudad expresó "nos satisface que una vez más, ante oposiciones de particulares, la Corte Suprema haya confirmado un dictamen de la Contraloría, último bastión de probidad que está quedando en la Administración del Estado. La situación fallada por el tribunal jurisdiccional tenía que ver con el deseo de un privado que se resistía a ejecutar las obras de cesiones de áreas verdes y equipamientos contempladas claramente en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En efecto, a través de una ingeniosa figura interpretativa que hablaba de modificar un proyecto de loteo aprobado, denominado Santa Juana, segregando una fusión y subdivisión predial, ese loteador no quiso sujetarse a las correspondientes cesiones y con ello ahorrarse cuantiosas sumas de dinero. Nos molestó sobremanera el tono descomedido y agraviante, para referirse a la Contraloría, usado por los abogados de la Inmobiliaria en su recurso de protección. Ante esa pretensión del mencionado particular, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Lo Barnechea, la que ya había recibido el reclamo del loteador por oponerse a sus deseos y habida consideración de que el proyecto en cuestión no cuenta con redes de agua potable, evacuación de aguas lluvias, alcantarillado, alumbrado público ni pavimentación, está afecto a utilidad pública por la Av. Paseo Pié Andino y Av. Las Hualtatas y considera la urbanización de Av. Las Hualtatas para dar acceso a los lotes que crea, cita textual, hizo la consulta de rigor a la Contraloría, después que la propia Seremi de Vivienda y Urbanismo ya había informado por escrito que en este caso el proyecto se plantee en concordancia a los intereses del propietario (?) cautelando que se realicen las correspondientes cesiones de equipamiento y áreas verdes. La Contraloría, en su dictamen Nº 38.177 del 18 de Agosto de 2005, estableció se concluye que la solicitud de división afecta a utilidad pública del predio actualmente denominado resto de fusión lote 6 A ubicado en calle Camino Las Hualtatas, forma parte del loteo denominado Santa Juana y como tal está sujeto a lo preceptuado en el artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 2.2.5. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y demás normas aplicables. Es decir, la Contraloría puso las cosas en su lugar, con lo cual las cesiones mencionadas se tienen que efectuar. La inmobiliaria, que ya había recurrido a la Contraloría, entregando sus particulares y acomodaticios puntos de vista que justificaban su proceder, no aceptó el dictamen del ente contralor e interpuso el 18 de Agosto de 2005 en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección, Rol 6032-2005, en contra del órgano fiscalizador. El 10 de Noviembre de 2005 la quinta Sala de dicha Corte falló en contra del recurrente, quien inmediatamente apeló ante la Corte Suprema, con el resultado conclusivo que hemos dado a conocer". El arquitecto y urbanista Héctor Arroyo de la misma agrupación ciudadana señaló que "dado que detrás de todo proyecto inmobiliario hay un arquitecto proyectista, esperamos que el Comité de Ética del Colegio de Arquitectos de Chile asuma su responsabilidad rectora en estos asuntos y llame a ese colega poco prolijo con el fin indagar las razones que tuvo presente en la ocasión en que validó con su firma la argucia del inversionista. Después de haberme impuesto de esta práctica non sancta del representante de esa inmobiliaria, percibo la motivación que tuvo Leonidas Montes Lira al escribir en El Mercurio del 4 de Diciembre de 2005 (página D 29 del Cuerpo Reportajes) su columna Nefasto ofertón, criticando que en el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet se considere en su sección Nuevo Trato Ciudadano el desarrollo de una sociedad civil vibrante, participante y empoderada, creándose las instituciones del Defensor Ciudadano, Consejo Público Privado, cabildos comunales, audiencias ciudadanas y procesos formales de participación ciudadana para admitir proyectos de inversión regionales, y otras tantas iniciativas democráticas, las que, digámoslo con franqueza y en base a nuestra experiencia, no necesariamente se implementarán en ese eventual gobierno. Montes, por su condición de economista informado y académico de una conocida universidad privada, asegura que la mano invisible del empoderamiento ciudadano puede ser tremendamente dañina para nuestro país y remata afirmando que darle curso a la participación sería irresponsable. Es decir, Montes es un claro defensor del secretismo en las cuestiones de orden público. Porqué será ? Quienes se aprovechan del manejo asimétrico de la información, sobre todo cuando es muy técnica, no desean que la ciudadanía tenga conocimiento acabado de los procesos que se llevan a cabo en los distintos sectores de la economía y por tal razón este bochornoso caso, hasta ahora, no ha sido cubierto por la prensa a pesar de que los trámites judiciales son públicos. Debemos entender que los interesados se esforzaron para que la situación fuera mantenida bajo estricta reserva, hasta que un duende transparente de los tribunales, en una conversación ocasional, nos habló de este caso y por ello lo damos a conocer ". Herman terminó aseverando que "Una vez más le hacemos un llamado a la Cámara Chilena de la Construcción, coliseo de las grandes empresas inmobiliarias, para que ordene a sus díscolas huestes. Instamos a esa asociación gremial empresarial a que ejerza la autorregulación, de tal forma que sus agentes entiendan que las leyes existentes se deben cumplir por todos, gusten o no gusten. Reconocemos que este caso fue resuelto dentro del imperio del derecho, gracias a la iniciativa de la Directora de Obras de Lo Barnechea, la que supo cómo proceder ante la presión indebida ejercida por el avezado loteador (FIN) Agrupación Defendamos la Ciudad (2330321-09/2585459) Columna de Leonidas Montes: Leonidas Montes Profesor de Economía Universidad Adolfo Ibáñez El programa de gobierno de Michelle Bachelet, fruto del trabajo de destacados profesionales, contiene ideas muy acertadas, pero también propuestas que emanan de una visión tendenciosa de cómo debiera ser la participación en nuestra democracia. Sus previsibles efectos no sólo ensombrecen lo sustancial de su programa, sino que harían palidecer cualquier ‘ofertón’ electoral de sus contrincantes. Lo escrito con espíritu pragmático está contaminado por un arriesgado idealismo. En la discusión académica se ha hecho común referirse al tema del empowerment. Este concepto, que significa literalmente ‘entregar poder’, ha sido rápidamente traducido y asimilado por un sector de nuestra intelectualidad como ‘empoderar’ (sic.). En la sección "Nuevo Trato Ciudadano" del programa de gobierno de Michelle Bachelet se plantea el desafío de una "sociedad civil vibrante, participante y empoderada". Más adelante se indica que "creer en la democracia", como si fuera un acto de fe, "implica promover una ciudadanía informada, empoderada". Nadie discute la importancia del accountability, tema que por lo demás está muy bien tratado en su programa, pero ¿a qué se refieren con esta idea de "empoderar"? Este notable anglicismo, que llamará la atención de los miembros de la Real Academia de la Lengua Española, no tendría la menor importancia si fuera sólo eso, una palabra. Sin embargo, en función del objetivo del "empoderamiento ciudadano" se proponen un conjunto de medidas. De ser implementadas, sus consecuencias serían nefastas. Su programa propone, en el ámbito legislativo, "una iniciativa popular de ley" donde "un conjunto significativo de ciudadanos podrá colocar en la discusión del Parlamento asuntos de su interés. El ciudadano tendrá las mismas facultades legislativas que sus representantes". Una democracia liberal, como la que estamos construyendo, descansa en el mecanismo de la representación, donde las instituciones evolucionan de acuerdo a las exigencias de los ciudadanos que no tienen, no pueden, ni deben tener las mismas facultades que sus representantes. Más importante aún, de ser implementadas estas "iniciativas populares de ley" como plebiscitos, se incentivaría la influencia de grupos de poder. La reciente experiencia en California con estos advocacy groups puede resultar esclarecedora. En seguida, se compromete a implementar la "institución del Defensor Ciudadano", "un Consejo Público Privado", "cabildos comunales" para los municipios y "un sistema de audiencias ciudadanas" obligatorias para los ministros. En el furor del entusiasmo por el "empoderamiento", el programa continúa asegurando "procesos formales de participación ciudadana" para admitir proyectos de inversión regionales. En cuanto al sensible tema medioambiental, se promoverá "la opinión pública en el Sistema de Evaluación Ambiental", haciéndose "obligatorio establecer mecanismos de participación ciudadana". Sólo imagine el lector los incentivos para la inversión y el desarrollo si todo esto se hiciera realidad. La mano invisible del "empoderamiento" puede ser tremendamente dañina para nuestro país. Esta utopía del Chile ateniense es simplemente inconcebible. Cualquier análisis político del "empoderamiento ciudadano" debe recurrir, no sólo a ciertos clásicos de la filosofía política en este tema, sino también a la economía, ya que el tema de los incentivos es fundamental. Ciertamente el paradigma de la participación ciudadana ideal es una motivación noble. Pero todo economista comprende la importancia de los incentivos y sabe lo que son las consecuencias no intencionadas. Si no se analizan a cabalidad los incentivos, el camino al infierno puede estar pavimentado de buenas intenciones. En efecto, algunas iniciativas para darle autoridad a la gente terminarían favoreciendo, no a la ciudadanía, sino a unos pocos. Grupos de presión se organizarían para evitar proyectos de gran envergadura, exigiendo compensaciones. Nuestra institucionalidad ambiental podría quedar supeditada a un análisis costo-beneficio de las compensaciones. Diversos grupos de poder ejercerían una influencia desmedida en nuestro proceso legislativo. El mercado funcionaría, pero nuestras instituciones temblarían. Los incentivos estarían dados para que "asesores comunicacionales", organizando a grupos con un objetivo determinado, encuentren un rentable nicho de negocios. Lo que hemos logrado es un marco institucional dentro de una democracia representativa que debemos cuidar, pero también mejorar. Desde los inicios de su campaña, Michelle Bachelet destacó sus "diálogos ciudadanos". En la introducción a su programa, la candidata está consciente de las críticas generan su "empeño en consultar, en incluir a la gente", pero aclara que su programa de gobierno es "ambicioso y realista". Siempre es alentador imponerse metas políticas ambiciosas, pero ¿podemos honestamente considerar esta tesis del "empoderamiento ciudadano", la promesa del nuevo Chile ateniense, como realista? Esto no es realista; sería irresponsable. Leonidas Montes L. Profesor Economía Universidad Adolfo Ibáñez