Defendamos la ciudad

Diversas organizaciones ciudadanas emplazaron al Gobierno, a través de un documento entregado esta mañana en La Moneda al ministro Dockendorf, a exigir que las normas que hoy impiden a los ciudadanos el acceso a información de organismos públicos sean derogadas. “La ley establece que los organismos deben facilitar información a la ciudadanía, por lo que la Secretaría General de Gobierno debe hacer cumplir esta normativa y ordenar que los servicios públicos deroguen las resoluciones que le permiten proceder con secretismo” declaró el abogado Moisés Sánchez, quien por medio de un seguimiento detectó que son 80 las normas dictadas que impiden que distintos organismos públicos entreguen información sobre su proceder. Patricio Herman, aclaró que con esta acción “se está formando una comisión de defensa ciudadana. Esperamos una pronta reacción de las autoridades, ya que es necesario que la ciudadanía, a través del conocimiento de información respecto al procedes de las autoridades, sea capaz de fiscalizar su actuar”. El documento, firmado por las organizaciones Agrupación “Defendamos la Ciudad”, Ciudad Viva, Terram, Ecocéanos, junto al abogado Moisés Sánchez, emplaza al ministro Dockendorf en hacer cumplir lo establecido en el artículo 53 de la ley Nº 19.880 que establece que “el procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él”. Por otra parte la Ley Nº 19.653 que modificó la ley de Bases de Administración del Estado, consagrando el principio de publicidad de los actos de la administración. En esta misma línea, Federico Allendes, abogado de la organización Ciudad Viva, declaró que “ instituciones como Ciudad Viva quiere y necesita información para promover y empoderar a la ciudadanía”. Pilar Gil, representante de Fundación Terram aclaró que “para que la ciudadanía pueda tener una participación activa, es indispensable que tenga la información necesaria que le permita ibservar el actuar de las autoridades. De otra forma, se genera un caldo de cultuvo para prácticas poco transparentes de los organismos públicos y además genera críticas sin fundamentos por parte de la sociedad civil, lo que nada aporta a una búsqueda de una democracia participativa”. Luego de entregar el documento, las agrupaciones se reunieron con la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas para solicitar su apoyo en las gestiones que permitan que el gobierno modifique el actuar de los organismos públicos involucrados.