20 Octubre 2010
Contraloría ordena a 285 municipios devolver

$14 mil millones por pagos ilegales a funcionarios y alcaldes y confia que las tetas de vaca mejorarán

Los ediles "reinterpretaron" una ley dictada en 1981, que les otorgaba un beneficio que por el paso tiempo estaba prescrito. Este nueva mirada, permitió que algunos alcaldes se embolsaran hasta $ 25 millones. Y aún cuando el organismo fiscalizador lo prohibió, desoyeron la instrucción. Por ello, los jefes comunales y su plana mayor enfrentarán juicios de cuentas para restituir los dineros mal percibidos a las arcas del Estado. En algunos casos, hay comunas con muy pocos habitantes que adeudan más de $ 200 millones. En el gobierno hay preocupación. El Mostrador 19 de octubre 2010.

Por Jorge Molina Sanhueza La Contraloría ordenó a 285 municipios -de 345 que suman a nivel nacional- devolver al fisco una suma estimada hasta ahora en $ 14 mil millones, debido a pagos irregulares que beneficiaron no sólo a funcionarios medios y menores, sino también percibidos por los alcaldes, sus abogados asesores y otros empleados de la plana mayor. Lo anterior, luego que fuera descubierto que algunos jefes comunales incluían en la base de cálculo de las remuneraciones, beneficios que ya estaban prescritos. Se trata de “revisión” del cuerpo legal dictado en 1981, que otorgó a los funcionarios públicos un aumento en el sueldo, que evitó que ganaran menos, atendido que la modificación implicaba que el pago previsional corría por cuenta del asalariado. Esta nueva “mirada”, contraviniendo un dictamen expreso de la Contraloría emitido en 2008, produjo una una reacción en cadena y algunos municipios se “colgaron” y comenzaron a pagar, al menos los últimos 24 meses. De acuerdo a los antecedentes recabados por El Mostrador, los municipios que lideran el ranking -y que deben devolver dineros al fisco- son: Temuco ($ 495 millones), Los Ángeles ($ 457 millones) y Viña del Mar ($ 443 millones); Linares ($ 239 millones); Chiguayante ($ 214 millones); San Pedro de la Paz ($ 222 millones); Iquique ($ 204 millones). Le siguen La Serena ($ 134 millones); Coquimbo ($ 116 millones); Copiapó ($ 108 millones); la comuna de Nogales en la Quinta Región ($ 100 millones); San Felipe ( $103 millones), Villa Alemana ($ 105 millones); Rancagua (157 millones); Rengo ($ 179 millones); Talca ($ 170 millones); Cañete ($ 120 millones); Chillán ($ 158 millones); Coronel ($ 172 millones); Curanilahue ($ 144 millones); Coronel ($ 172 millones); Los Álamos, Octava Región, ($ 134 millones); Talcahuano ($ 197 millones); Angol ($ 147 millones); Valdivia ($ 170 millones); Osorno ($ 151 millones); Puerto Montt ($ 190 millones); y en la Región Metropolitana están Huechuraba ($ 149 millones); y San Bernado ($ 154 millones). Las tres comunas que más pagaron están dirigidas por alcaldes de la derecha. Viña: Virginia Reginatto, UDI; Temuco: Miguel Becker, RN; Los Ángeles: Joel Rosales, UDI y en Linares, Rolando Rentería, UDI. En Santiago, por ejemplo, comunas que no cancelaron montos fueron Santiago, Providencia, San Miguel, Ñuñoa, La Pintana, La Reina, entre otras. Poco ruido, mucha plata Entre las comunas que analizó la Contraloría, como Nogales y Angol, entre otras más pequeñas que no superan los $ 100 millones adeudados, llama la atención la relación con la cantidad de habitantes. Un caso paradigmático es Curanilahue en la VIII Región -la ciudad con más bares de Chile por metro cuadrado- con $ 144 millones. Los municipios que lideran el ranking de dineros que deberán devolver al Estados son: Temuco ($ 495 millones), Los Ángeles ($ 457 millones) y Viña del Mar ($ 443 millones). Parte de la gravedad del asunto, radica en que algunos funcionarios descontentos con el criterio adoptado por Contraloría, recurrieron de protección a las cortes locales. La presentación judicial fue dirigida contra el alcalde, quien también cobró dineros fiscales que no le correspondían. En algunos casos los requirentes vencieron a la decisión alcaldicia. La ley obligaba al jefe comunal a apelar con el fin de salvaguardar los intereses fiscales. Sin embargo, como algunos ediles también se beneficiaban con el fallo, hicieron vista gorda de su rol. La Contraloría, en la misma línea -y es algo que está resaltado en los oficios a los alcaldes de las comunas mencionadas- recalca que se deberán devolver los dineros. En la entidad fiscalizadora están conscientes del problema que implica que algunos jefes comunales -u otros funcionarios- enfrentarán para reintegrar la plata. Por esta razón, hay algunos municipios que ya pidieron condonar la deuda, aunque lo más probable es que se inicie un juicio de cuentas, figura que busca a través de un trámite administrativo, restitutir los dineros mal percibidos. Lo más probable es que no a todos los funcionarios se les aplique el mismo criterio, pero a las autoridades superiores, la decisión será inflexible. Los municipios que están en esta situación conocen perfectamente la complejidad que les aguarda con la entidad dirigida por Ramiro Mendoza, por lo que la batería de recursos a nivel nacional, como también de juicios en la justicia civil para evitarlo, son sólo cosa de tiempo. Fuentes de algunos municipios que fueron contactados por este diario, indicaron que debido al nivel de endeudamiento histórico, podrían caer en cesación de pago. Recursos que vuelan Contrariamente a la facilidad con que algunos municipios pagaron estos emolumentos, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), enfrenta un problema no menor. Lo anterior porque muchos servicios comunales mantienen un alto nivel de endeudamiento, algunos de carácter endémico. De acuerdo a un artículo publicado este domingo por el diario la Tercera, sólo en 2009 y en los 100 municipios más grandes -medidos por cantidad de habitantes- existe una deuda de US$ 78 millones. En la lista está Coquimbo y La Serena. Ambas suman casi $ 300 millones. Una situación similar enfrenta Recoleta que debe más de US$ 3 millones, pero que no pagó. La diferencia se produce con Viña del Mar que canceló a sus empleados, bajo la figura antes menciondas, más de US$ 1 millón, aunque mantiene un superávit de US$ 82 millones. En esta última, la alcaldesa Virginia Reginatto también debiera devolver dineros, según averiguó este medio.




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