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Pese a campaña ciudadana se aprobó termoeléctrica en Punta de Choros El 3 de octubre de 2005 la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), recibió un documento que aseguraba que el compromiso de compensar una superficie de 100 hectáreas de áreas verdes por parte del proyecto inmobiliario La Reserva (Pan de Azúcar), se había cumplido en su totalidad. La inmobiliaria Las Canteras, dueña del proyecto en que participan el grupo Harseim y Cargill (que fue reemplazada por la constructora Belfi), buscaba paliar a través de la forestación las emisiones de material particulado (PM10)- uno de los mayores problemas de calidad de aire de Santiago- que generaría su proyecto en Colina. Este compromiso se enmarcaba en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) capitalino, entre cuyas estrategias se incluye un sistema de compensación de emisiones que establece que toda actividad nueva que se instale en la Región Metropolitana (RM), cuyas emisiones excedan los límites de emisiones de PM10, deberá compensar en un 150 por ciento sus emisiones. Una de las formas de hacerlo es a través de la forestación. La declaración del cumplimiento de La Reserva a la Conama quedó archivada. Cinco años después, un estudio denominado “evaluación del cumplimiento de las obligaciones de compensación por emisión de PM10 mediante forestación”, realizado por la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, entregó conclusiones muy diferentes. Sin mapas La Reserva pactó compensaciones con la municipalidad de Lampa, Colina y con el Regimiento Nº 22 Lautaro que incluía una serie de forestaciones. Pero el informe de la Universidad de Chile concluyó que las especies plantadas en el parque Estero Lampa no existirían. “No son reales, si se contempla la mortalidad y el desconocimiento del destino de los árboles”, por lo que se puede concluir que el convenio con este municipio “se realizó en menos del 10 por ciento de lo indicado”. El informe de la casa de estudios dice que “Conama no fiscalizó de manera apropiada, pues los documentos que se encuentran en la institución dan cuenta de un cumplimiento que no es efectivo”. Los investigadores se encontraron con una serie de obstáculos para fiscalizar. Entre ellos, la falta de información cartográfica del proyecto y el escaso conocimiento que tenían los funcionarios municipales sobre el convenio. En la municipalidad no existía un plan para hacer uso de las especies que les fueron entregadas, por lo que se procedió a regalar parte de los ejemplares a las juntas de vecinos, colegios y personas naturales que los solicitaran. Otros, fueron dispuestos en el mismo parque, pero por falta de agua, mas del 50 por ciento murieron. Además, la superficie que fue indicada a CONAMA por la inmobiliaria responsable del proyecto, corresponde a 14,5 hectáreas. Sin embargo, en terreno se constató que la superficie del parque no es superior a 2,5 hectáreas. Una situación similar ocurrió en Colina. En base a las visitas al Parque San Miguel, Claudio Arrau y Estero Colina, “sólo se encontró un 1,7% de lo árboles comprometidos”. En el caso de El Regimiento Lautaro, “no se encontró indicios de la compensación”. Además de La Reserva, también se fiscalizaron otros proyectos. Por ejemplo Valle Grande (66% de cumplimiento) y el relleno Sanitario Santa Marta (100%). El doctor en ciencias forestales y uno de los autores del estudio, Sergio Donoso, explica que contaron con la colaboración de la Conama para hacer las visitas en terreno y evaluar los cumplimientos. “Pero sólo hicimos visitas donde obtuvimos información para ir a fiscalizar. En algunos casos ni siquiera había mapas, por lo que del total de proyectos solamente fue factible evaluar la mitad. El resto, no sabemos dónde está la mitigación. Y es que en muchos casos se anuncia que habrá compensación en una comuna, pero no se especifica dónde”. Fiscalización fantasma Según el estudio, que evaluó diversos compromisos de forestación en la RM, la escasa información técnica que se dispone de los planes de compensación, “hacen difícil o imposible evaluarlos”. En el caso del proyecto Pan de Azúcar, “no contaba con la información básica necesaria para un seguimiento de la compensación tales como planos o cartografía”. Además “Conama no fiscalizó de manera apropiada, pues los documentos que se encuentran en la institución dan cuenta de un cumplimiento que no es efectivo”. Un punto que destaca el informe, es que “el compromiso de compensar es de quien provoca el daño, es decir la empresa que produce las emisiones de material particulado. Esta responsabilidad no puede ser transferible a los municipios, pues es en este punto donde el sistema colapsa, ya que los municipios no tienen los recursos para movilizar el personal que se encargue de las actividades de forestación, mantenimiento, seguimiento y control. Para ello la empresa debe presentar una propuesta técnica de compensación y hacerse responsable de esta misma”. Además, explica que la falta de fiscalización atenta seriamente contra el sistema, pues “los proyectos son aprobados sólo con la presentación de convenios firmados con entidades públicas o privadas”. A pesar de que este medio consultó a la Conama sobre la situación y cuántos fiscalizadores tenían para revisar este y otros compromisos ambientales, declinaron referirse al asunto. El tema se vuelve más complejo en el caso de los municipios con quienes las inmobiliarias firman los convenios para entregar el número de especies comprometidas en su plan de compensación, “pero eluden cualquier responsabilidad de establecimiento y mantención de la forestación. El problema se agrava, pues los municipios no disponen de recursos para estos fines, por lo que el éxito de las forestaciones es precario”. Donoso señala que “es una cosa de locos. Nadie fiscaliza. Es algo muy extraño. Y lamentablemente pareciera que también las empresas reconocen esta debilidad y diluyen su responsabilidad traspasando esa condición a los municipios, que en la mayoría son pobres”. Las falencias El estudio explica que producto de las falencias del sistema de compensación, “se detecta una dualidad, debido a que las inmobiliarias realizan plantaciones de especies arbóreas para el cumplimiento de la norma de urbanismo y posteriormente las mismas especies son ocupadas para dar cumplimiento a los planes de compensación PM10”. Además, el sistema de compensación que actualmente se utiliza en Conama, “no contempla un formato único de presentación. A raíz de esto se aprecia que en los antecedentes que se entregan al órgano ambiental existen diferencias significativas en los cálculos de las superficies y número de plantas equivalentes por hectárea a compensar según el proyecto”. Estas falencias, “indican que es necesario replantear toda la cadena del proceso de compensación. Se requiere urgentemente una actualización y una fiscalización regular en terreno, para evaluar efectivamente el estado de los proyectos realizados”.