Defendamos la ciudad

"Defendamos la Ciudad" valora su fundada opinión y espera que a partir del próximo gobierno las políticas públicas sectoriales tengan como objetivo el desarrollo sustentable de las ciudades, basado en el respeto de los derechos urbanos de sus habitantes. Hace algún tiempo escuchamos decir en nuestro colegio a un colega funcionario del Minvu que “la ciudad debe ser hecha por quienes invierten”. Temeraria afirmación, que sin embargo ha sido repetida hace poco por otro colega que trabaja para la Cámara de la Construcción y que vino a realizar una presentación en la que no obstante evidenciar el desorden y la segregación del crecimiento de Santiago, afirmó que todo estaba muy bien y que se debía seguir igual: “con las obras de las empresas de infraestructura determinando el crecimiento, que luego las inmobiliarias continúan”, todo bajo las estrictas “leyes del mercado” y dejando a los urbanistas para hacer los Planes Reguladores que, en sus palabras, “deben ser elaborados posteriormente, para dejar constancia de lo que se ha construido, pues esa es su finalidad”. En otros términos, el colega en su presentación nos quiso convencer de que en Santiago esa forma de crecimiento, que se basa en una especie de planificación por parcialidades, con las obras de infraestructura en primer lugar, continuando luego con diversos proyectos inmobiliarios favorecidos, para dejar después algo así como un “cada uno para su santo”, es lo mejor, ya que mediante este sistema, Santiago en las últimas décadas se habría desarrollado en forma eficiente, equilibrada y armónica. Me parece que declaraciones como ésta constituyen un peligro grave, porque no hay nada más nefasto para el desarrollo que la mala planificación, más incluso que la ausencia de ella, ya que en este caso existe la posibilidad de que cada ciudadano se auto-otorgue las condiciones que lo salven parcialmente, pero ante las disposiciones determinadas por una planificación parcial, concebida por etapas y sin la racionalidad de un plan integral, dichas posibilidades no existen. Ej: las autopistas trazadas sin respetar usos del suelo. Si lo que perseguimos es el mejoramiento de la calidad de vida, lo racional es buscarlo mediante procesos que lo aseguren a priori. Y ello requiere poner la planificación integral del territorio por sobre y antes que sus etapas parciales, dentro de las que se cuenta el trazado y ejecución de las obras de infraestructura. Lo contrario equivale a comenzar el diseño de una obra de arquitectura por los pasillos, escaleras y trazados de instalaciones, para después acomodar la ubicación y condiciones de los recintos habitables. El desarrollo se produce a lo largo de los corredores de transporte y en torno a las fuentes de servicios y empleo. Pero estos factores deben determinarse en función de la totalidad de los componentes del desarrollo armónico y sustentable, dentro de los cuales son privilegiados: el uso adecuado del suelo, el respeto a las condiciones ambientales y al patrimonio, la distribución equitativa y accesible del equipamiento y los espacios para la recreación y la creación de un entorno armónico, agradable y estimulante para el desarrollo cultural. Es cierto que también se requiere del acceso expedito y de la dotación de los servicios necesarios. Pero su trazado y ubicación no deben determinarse “a priori” y según los intereses de quienes invierten en sus obras. El transporte y los servicios no constituyen una finalidad, sino que un complemento, esencial pero sólo complemento. Los griegos antiguos ya nos señalaron el camino, cuando decidieron que la Polis debía organizarse para servir a los hombres de la mejor manera y que ésta era aquella que la hace eficiente, agradable, acogedora, funcional y hermosa. Sin embargo, Santiago lleva ya 30 años creciendo en base a una planificación equivocada, principalmente porque se ha decidido, “siguiendo las leyes del mercado”, dejar libertad a los inversionistas. Y el resultado es que tenemos en ella: desorden urbano, extensión desmedida, segregación, transporte deficiente, aumento de la inseguridad, concentración extrema de edificaciones de alto standard en ciertos sectores, de vivienda social en otros, insuficiencia y desequilibrio en la dotación de servicios y áreas verdes, edificación en zonas de riesgo, contaminación y desigualdad de recursos para el desarrollo. En síntesis, la ciudad de Santiago ha crecido sin obedecer a una regulación que la constituya en lo que Chile necesita, demandando cada año al erario nacional millones de dólares para paliar sus problemas y mantenerla funcionando. (Ej.: el metro a Puente Alto). Así, nos encontramos los urbanistas – como todo ciudadano chileno - con un sistema que, a pesar de sus contratiempos que no han sido pocos ni insignificantes, se ha ido afincando en nuestra sociedad hasta el punto de que hoy en Chile todo se mide y se valoriza según las llamadas “leyes del mercado”, que no son otra cosa que las del capitalismo internacional que nos rige, en un sistema que fue impuesto a los chilenos durante la dictadura militar para continuarse después, con los gobiernos de la “Concertación de Partidos por la Democracia”. Este modelo ha producido un cambio en los patrones de acumulación de capitales, con la aparición de otros actores, como el capital financiero y, por ende, el predominio de la rentabilidad a corto plazo. Además, el estado en Chile hoy desempeña un rol pasivo, que sólo facilita las iniciativas del sector privado sin cautelar el bien común. Así, se está privilegiando el lucro rápido de los gestores y ejecutantes de obras y proyectos inmobiliarios, industriales, de servicios o de infraestructura. Pero de este modo son los ciudadanos quienes pagan los errores y excesos del sistema, generalmente con sacrificios de por vida. Dentro de este esquema, el urbanismo, que operó durante varias décadas en base a una planificación dirigida, está siendo presionado con fuerza para ser orientado hacia una llamada planificación “por condiciones”, que más bien es por proyectos, ya que dentro de ella se evalúa cada iniciativa particular y luego se determina su viabilidad. Con el objeto de fomentar las inversiones privadas, ello substituye a la planificación por simples métodos para facilitar la rápida y fácil ejecución del máximo de proyectos de desarrollo inmobiliario, de servicios y de infraestructura de transportes, energética y sanitaria. Como resultado de esto, el urbanismo ha dejado de ser practicado por equipos profesionales dirigidos e integrados mayoritariamente por arquitectos y está siendo ejercido por empresas consultoras lideradas por otros profesionales – principalmente ingenieros, economistas y geógrafos - que se relacionan con empresas inmobiliarias o ejecutoras de obras de infraestructura o también por universidades en un rol desviado de sus objetivos principales. Esto ha relegado frecuentemente a los urbanistas con formación de arquitectos al papel muy secundario de asesores de proyectos inmobiliarios o de simples decoradores de obras de infraestructura. Hace algunas décadas, en Chile los arquitectos ejercíamos un liderazgo indiscutido en el urbanismo. No se concebían nuevas ciudades o proyectos mayores, en cantidad de suelo o habitantes, sin un equipo creador con un arquitecto a la cabeza. Así se estableció la normativa para el desarrollo de nuestras ciudades y se crearon nuevos poblados mineros, proyectos de Reforma Agraria con villorrios campesinos y numerosos conjuntos habitacionales para empleados y obreros, generalmente con el estado como mandante, el cual operaba a través de sus propios equipos de proyectistas o mediante concursos públicos, con importante participación del Colegio de Arquitectos. Hoy, en este proceso de producción de obras construidas que tiene raíces transnacionales, en Chile el reducido núcleo de arquitectos y urbanistas que sirve al sistema debe hacerlo con escaso reconocimiento y subordinados a los factores de gestión, financiamiento y ejecución, con lo cual su aporte se desvaloriza. Y gran parte del resto debe ejercer como funcionarios del estado o de las empresas, sufriendo un perjuicio mayor porque su trabajo es frecuentemente menospreciado. Así, los urbanistas chilenos nos enfrentamos a un medio y una realidad en que los valores basados en la solidaridad y la exaltación del hombre por sobre su progreso material, no se perciben ni se aprecian. En Chile hoy se nos imponen otros fines, incluso como condiciones para desempeñar nuestra labor. En los fundamentos de trabajo y las políticas que determinan los objetivos a conseguir con la planificación de la ciudad y el territorio, predomina la urgente necesidad de lucro, la rivalidad y la competencia en todas sus formas, así como la despreocupación por los otros seres y el medio en que viven. Además, los nuevos profesionales del rubro egresan de las universidades empapados de estos dis-valores y con el defecto generalizado en la educación superior privada, que consiste en favorecer lo tecnológico y mediático por sobre el fondo conceptual de los servicios. Así, los profesionales de hoy utilizan el computador con pericia, pero se muestran incapaces para redactar un documento, por ejemplo. Una reacción aconsejable, debería considerar: el contacto directo y permanente con los usuarios, exigir la restitución de los concursos públicos, la separación de los estudios y proyectos de las ofertas económicas, la implantación de una nueva política explícita para el desarrollo urbano y territorial así como para la vivienda social y el impulso al retorno de las universidades a su rol de formadoras de juventudes y difusoras de cultura, dejando el de competidoras con sus propios productos. También se hace necesario lograr la unidad de los arquitectos del ramo y su agrupación para reconquistar, en nuestra calidad de profesionales del espacio, el rol de directores de los equipos que ejercen el urbanismo, planteando nuestras posiciones con fuerza y autoridad. Después de tres décadas sin que se vislumbre un camino de solución real para los crecientes problemas del desarrollo urbano y territorial, debemos exigir la instauración de una nueva política de desarrollo urbano y territorial, para recuperar la facultad del estado como único cautelador y regulador del bien común y sentar las bases de un proyecto de país para todo el territorio nacional. Esta medida implica la creación de una instancia estatal adecuada para administrarla, la cual debiera tener a lo menos el rango de una subsecretaría especial. La actitud de aceptar el sometimiento a ”las leyes del mercado”, aceptando que “la ciudad debe ser hecha por los que invierten”, sólo conduce a una subordinación permanente a las empresas inmobiliarias y constructoras. Eso es entrar en su juego y el de quienes trabajan con ellas, donde seguramente seguiremos perdiendo terreno. Nuestra capacidad de hacer mejores arquitectura y urbanismo se debe a la mezcla de creatividad y racionalismo que podemos emplear para trabajar con el espacio y producir las mejores obras en él. Por eso, nuestro camino debiera estar orientado hacia la reafirmación y difusión de esto, que es nuestro aporte y nuestra fuerza, trabajando directamente relacionados con los usuarios y poniéndonos en su defensa. Así serviremos mejor a los usuarios de nuestras obras, quienes en un país como el nuestro necesitan con urgencia de las mejores orientaciones y servicios para superar sus actuales condiciones de vida. Y así también podremos contribuir mejor al equilibrio inter-regional, tan necesario para el desarrollo del país. Ojalá podamos entenderlo y concordar en ello. Iván González Tapia, arquitecto Diciembre, 2005.