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Fernando Léniz Cerda era presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) cuando su compañía, Aserraderos Paillaco, pidió su quiebra en mayo de 2008. Una noticia que golpeó la imagen de uno de los símbolos del sector: estuvo a la cabeza de la Corma en dos períodos anteriores (1963-1966 y 1996-1998), en los cuales logró incorporar al gremio a la Sofofa y buscó los consensos para apurar la tramitación de la Ley de Bosque Nativo, según señala la página web del gremio. Empresario respetado, de amplias redes, consejero del CEP, muy amigo de Anacleto Angelini, lo representó en el directorio de la Sudamericana de Vapores –la naviera de Ricardo Claro- y su hijo Fernando Léniz Mezzano fue gerente general de la Forestal Arauco, de propiedad del fallecido empresario italiano. Ex consejero de la Sofofa, distinguido como el mejor ingeniero por el colegio de la orden en 2006, homenajeado por 750 personas en una comida en CasaPiedra a raíz del incendio intencional de su casa en Panguipulli en 2003, y ex ministro de Economía del régimen militar, Léniz era, a todas luces, garantía de seriedad y confianza en el empresariado. No era lo ideal que la cabeza del gremio bajara la cortina de su compañía maderera, con 23 años de trayectoria, pero nadie es un mago de los negocios. La historia, sin embargo, no culminó ahí. Una vez declarada la quiebra el Banco Security, que había prestado $567 millones a Aserraderos Paillaco, decidió cobrar los bienes entregados en prenda. Un bosque de 25 hectáreas de pino radiata en el fundo La Esperanza, en La Unión, y rollizos guardados en una planta en la ruta entre Paillaco y Valdivia. “Esto ha sido un escándalo. Se trata de un delito muy grave y llevamos dos años de investigación”, alega Zegers por la lentitud del proceso que se encuentra acreditado con documentos y fotos. El último escenario que esperaba el banco era encontrarse con los bosques completamente talados y los rollizos, desaparecidos. Los primeros estaban avaluados en 2.966 UF ($63 millones) y los segundos en 16.744 UF ($355 millones). Con estos antecedentes, el Banco Security presentó, a mediados de 2008, una querella por estafa en contra del gerente general y director de la empresa, Francisco Léniz Mezzano, hijo de Fernando Léniz; el ingeniero comercial Patricio Musre Parra y Luis Calzada Terrones. Los dos últimos habían firmado las escrituras del crédito en 2006 mientras Léniz Mezzano, según la querella, “se encontraba a cargo de las operaciones comerciales y de todas las decisiones relevantes en materia de administración contando con amplios poderes”. Patrocinada por el abogado Rodrigo Zegers, del estudio Rivadeneira, Colombara, Zegers, la querella hace hincapié en la conformación del directorio: Fernando Léniz Cerda en la presidencia; sus hijos Fernando y Francisco Léniz Mezzano; Dean Collins y Gary Moore (representantes de Cascade Wood Products, la socia norteamericana que posee un 40% de la propiedad) como directores. “Obviamente pretendemos hacer efectiva la responsabilidad penal contra todos los que resulten responsables. Es difícil que los directores no sepan, pero es materia de la investigación determinar las personas que dieron la orden y quienes se beneficiaron (con la operación)”, sostuvo Zegers a El Mostrador. “Es un escándalo” El pasado jueves 6 de agosto se realizó la audiencia de formalización, pero los tres querellados no se presentaron. Sus abogados (del estudio Franco y Cía. de Temuco) informaron al Tribunal de Garantía de La Unión que sus clientes Léniz y Musre no fueron notificados, pues habían cambiado de domicilio. Tampoco Calzada, quien tiene defensor público. La nueva audiencia quedó fijada para el 9 de septiembre, a las 11 horas. “Esto ha sido un escándalo. Se trata de un delito muy grave y llevamos dos años de investigación”, alega Zegers por la lentitud del proceso que se encuentra acreditado con documentos y fotos. “La plantación forestal ya no existe, por lo cual no se puede valorizar”, escribió en su informe el agrónomo y tasador de los bienes del banco, Gustavo Barrios, en su visita al predio el 20 de mayo de 2008. Iba acompañado del notario de La Unión, Alberto Galilea. Mientras, el ejecutivo del Security, Pablo Ávila Freund, al visitar la planta ocho días después verificó que los rollizos ya no se encontraban ahí. “Tomó personalmente fotografías del lugar”, afirma la querella. Sobre la demora en la investigación, el Fiscal de La Unión, Raúl Suárez, explicó a El Mostrador que “se han hecho una serie de diligencias que han implicado la toma de declaraciones a testigos en Santiago y Temuco y órdenes de investigar a la Bicrim (Brigada de Investigación Criminal) de la PDI”. No se ha logrado –agregó- tomarle declaración a los querellados. “El señor Léniz y uno de los otros se acogieron al derecho de guardar silencio”, indicó. ¿Dónde están? El préstamo fue otorgado bajo la figura de “prenda sin desplazamiento”, lo que según el abogado querellante, significa “que el deudor no puede vender, talar, comercializar ni trasladar los bienes sin la autorización escrita del acreedor”. En su escrito detalla que los bosques “fueron presuntamente vendidos a terceras personas al igual que los rollizos, destruyéndose al margen de la ley la garantía al banco”. Por eso, solicita investigar quiénes talaron los pinos y quiénes trasladaron los rollizos y por instrucciones de quién lo hicieron. El Fiscal de la causa agrega que las penas “van desde 541 días a cinco años, se trata de un delito muy especial que está en la Ley 18.122 y sanciona con penas establecidas en el Código Penal el delito de estafa al deudor que teniendo en prenda un bien mueble, posteriormente, lo destruya, ya sea que lo comercialice u otra forma”. En la querella se deja constancia que la quiebra la pidió la propia empresa, “por lo que no se descarta la comisión de algún delito de quiebra fraudulenta o culpable”. Al momento de informar las razones, Fernando Léniz dijo a El Mercurio que obedecía a la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, a donde exportaba gran parte de su producción, y lamentó el despido de 600 trabajadores. El síndico de quiebras, Cristián Herrera, a cargo del proceso, no respondió llamados ni correos de El Mostrador. La deuda de Aserraderos Paillaco asciende a $7.700 millones. Los abogados de la defensa no contestaron las consultas de este diario. Fernando Léniz Cerda, según sus cercanos, se encuentra actualmente con su salud deteriorada y sale muy poco de su residencia en Los Dominicos.