Defendamos la ciudad

Compartir en Facebook 2 El proyecto, que implicaba cambios en el uso del suelo en diferentes comunas y la incorporación de 10 mil nuevas hectáreas al perímetro urbano, nunca concitó un acuerdo político definitivo, sino solo un acuerdo sobre la idea de legislar. Sus debilidades ambientales, la poca claridad en materia de infraestructura sanitaria y de servicios en las nuevas áreas, y un contenido definido de manera autoritaria por el MINVU, que dejó fuera la opinión de municipios y ciudadanos, pese a que había acuerdos de considerarlas, sellaron su destino. Ya el 8 de septiembre de 2008, durante el gobierno de Michelle Bachelet, mediante Oficio Ordinario Nº 755, el Consejo Regional Metropolitano, al responder la propuesta preliminar del MINVU, le manifestaba un conjunto de criterios consensuados por el organismo junto con una lista de observaciones hechas al tema por diversos municipios de la capital, a tener en consideración, y haciéndole ver que esto no implicaba aprobación anticipada. Los numerales 3 y 4 de ese documento sostienen: “3.-…se recomienda a esa Secretaría tener en cuenta ambos antecedentes, previo a la materialización del expediente oficial que será enviado a trámite de aprobación …”, y “4.- Además, se comunica a Ud. que debido a que los criterios que se exponen más adelante, se han definido en base a antecedentes preliminares muy generales entregados y expuestos por esa Secretaría, los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial e Instrumentos de Planificación, han estimado conveniente manifestar por escrito, que en ningún caso este pronunciamiento previo significa la aceptación tácita de la propuesta de modificación PRMS analizada, reservándose la facultad de aprobar o rechazar el proyecto oficial.” Se requería por tanto, argumentos técnicos y transparencia para un buen proceso político consensuado. Incluso en la época se suscribió un Convenio de Programación entre el MINVU y el Gobierno Regional para aportar recursos financieros y permitir que terminara el trabajo en unos 16 planos reguladores comunales de la capital que estaban en proceso de cambio. Parece casi imprescindible que el MINVU realice un estudio de impacto ambiental y entregue información fidedigna sobre la fragilidad sanitaria, condiciones de suelo, la habitabilidad y que simule lo más certeramente posible, los riesgos que se deben evitar.Pero todo el proceso fue poco fluido. Recién el 16 de junio de 2010, mediante Oficio Ordinario 2366, la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, respondió formalmente al CORE, después que este organismo insistiera por escrito a fines de mayo, ante el cumplimiento de los plazos legales para adoptar una decisión. Estos hechos parecen indicar que la disposición del MINVU a generar un proceso transparente y fundado no fue una preocupación principal. En las reuniones esporádicas sostenidas entre funcionarios de esa Secretaría Ministerial y la comisión respectiva del CORE, la propuesta iba variando sin que los criterios que fundamentaban los cambios quedaran suficientemente explicitados. Es evidente que el gobierno de cualquier ciudad no puede estar sometido a la ambigüedad de un proceso decisorio de esta naturaleza. Menos aún si se trata de cambios en usos del suelo y la modificación del perímetro urbano en una ciudad como Santiago, saturada de problemas ambientales y déficit en sus servicios básicos. El rechazo ha provocado la protesta de sectores que piensan que no se puede hipotecar la expansión de la ciudad a futuro, y que la modificación pretendía era precisamente darle un aire de largo plazo a la ciudad, especialmente con suelo urbano destinado a viviendas sociales. Sin embargo, si bien son argumentos muy atendibles, parece muy razonable pensar que la decisión puede revertirse si se atiende de manera seria aspectos relacionados con las múltiples observaciones hechas por el Gobierno Regional desde el inicio del proceso. Particularmente dos: el tema ambiental y la transparencia respecto del cambio en el uso del suelo. Parece casi imprescindible que el MINVU realice un estudio de impacto ambiental y no solo una declaración, que entregue información fidedigna sobre la fragilidad sanitaria, las condiciones de suelo, la habitabilidad y otras de la ampliación propuesta. Y que simule lo más certeramente posible, los riesgos que se deben evitar, como inundaciones, falta de equipamientos de servicios y conectividad, o problemas ambientales. En relación a la transparencia, y este caso no parecer ser una excepción, es necesario contar con una relación pública de los propietarios involucrados en los cambios de uso de suelo. Es decir los que se verán afectados o favorecidos por la determinación y la mitigación o inversión que implique el cambio propuesto. Y por supuesto los criterios de la autoridad ministerial para decidir los cambios, particularmente si ellos son controvertidos por los municipios donde se producen, o experimentan variaciones durante el proceso de discusión y tramitación, sin fundamento aparente.