Defendamos la ciudad

—¿Qué le parece la decisión de reestudiar el proyecto Portal Bicentenario y el cierre del aeródromo de Cerrillos? —Este proyecto fue muy mal llevado por el gobierno de Ricardo Lagos y también de Michelle Bachelet, ambos cometieron un error garrafal al hacer las cosas en forma desordenada. La clausura fue consecuencia de un antojo presidencial, posiblemente presionado por el ministro de Vivienda de la época, Jaime Ravinet, quien en su calidad de ministro fue el gran promotor de la clausura del aeropuerto de Cerrillos. Pero también había voces de generales del aire que incluso emitieron informes. Existe un documento confidencial del año 2004 que fue entregado en Valparaíso ante la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. En este documento ellos señalan una serie de razones de índole geopolíticos por las cuales se acredita que cerrar el aeropuerto de Cerrillos era de alto riesgo para la seguridad del país. No le hicieron caso a estos generales, continuó operando la aplanadora, se hicieron reuniones en las cuales todos los ministros sectoriales tomaron la decisión de clausurar y, finalmente, en atención a todos los desaciertos cometidos por los gobiernos anteriores en este tema creemos que ha llegado el momento de la seriedad para reevaluar. Pensamos que es perfectamente legítima la coexistencia de diferentes actividades en estas 254 hectáreas, vale decir: viviendas de clase media, viviendas sociales, parque, equipamiento para la FACh y la Municipalidad de Cerrillos, y también una pista de aterrizaje pensando en la aviación civil y vuelos nacionales. —¿Se priorizaron criterios políticos por sobre los técnicos para cerrar el aeródromo? —Debo entender que los políticos de la Concertación implementaban políticas públicas con falta de rigurosidad. Ejemplos hay muchos, pero lo más claro es el descalabro que hubo al clausurar la pista de Cerrillos, no sólo por eso sino también porque el proyecto no ha funcionado. Lo único que existe es un parque con inversión pública que tampoco se puede utilizar. —¿Qué pasa con esa inversión pública? —Lo que sucede es que se dijo que con una inversión pública de US$100 millones se iban a recibir inversiones privadas equivalentes a US$1.000 millones. Sin embargo, la Ley General de Urbanismo y Construcción le exige a todos los actores privados cuando quieren hacer loteos que ellos tienen que aportar a beneficio público áreas verdes en un 7% de la superficie del loteo. En el caso particular de Cerrillos nos encontramos en que es el Estado quien le aporta a los privados, esto es una comedia de equivocaciones, es un subsidio a los privados y a pesar de todo eso no se han hecho las inversiones que se consultaban en el papel.