Defendamos la ciudad

Fundación Defendamos la Ciudad da a conocer a la industria inmobiliaria, a las municipalidades y en especial a la ciudadanía, que la Contraloría General de la República, vía su dictamen Nº 18.880 del 12 de abril de 2010, ha puesto freno a la insana y abusiva práctica que han estado utilizando las constructoras en orden a introducir clandestinamente elementos de acero en los subterráneos de las viviendas colindantes, ocasionándole a los dueños de estos inmuebles infinidad de daños en las estructuras de los mismos. La ejecución de estas faenas de socalzados, entibaciones y tensores subterráneos se han posibilitado porque los Directores de Obras Municipales, para no incomodar a la industria constructora, las han tolerado inicialmente con la anuencia del ministerio de Vivienda y Urbanismo. Patricio Herman de Defendamos la Ciudad manifestó : "desde hace años, con la Red Ciudadana por Ñuñoa, estamos denunciando esta violación al derecho de propiedad de aquellos que tienen la mala suerte de residir al lado de sitios en donde se levantan edificios en altura, cuyos titulares, sin contar con la anuencia de los vecinos colindantes, les introducen bajo el nivel del suelo estos elementos que ocasionan perjuicios en los muros y pisos de sus casas, como también en las bases del asentamiento de las mismas. La municipalidad de Ñuñoa ha sido la que más se ha caracterizado por amparar estas prácticas ilegales, hasta que el abogado Gustavo Cruzat, defendiendo los derechos conculcados de una vecina que tuvo que soportar por muchos tiempo el abuso de una inmobiliaria, hizo las gestiones necesarias para que el ministerio de Vivienda y Urbanismo emitiera una circular aclaratoria, la que fue convalidada recientemente por la Contraloría General de la República. El ente fiscalizador ha declarado que estas obras de socalzado y demases, bajo los terrenos de los vecinos, no están contempladas en la legislación respectiva y que, de producirse la introducción de tales elementos en los predios colindantes al del proyecto de edificación, se configura una situación de naturaleza litigiosa, de acuerdo al mandato del Código Civil. Es decir, a partir de ahora, se deberá respetar el derecho de propiedad de tales vecinos, tal como lo ordena la Constitución Política del Estado y si una constructora desea utilizar el subterráneo colindante al suyo, tendrá que suscribir un convenio con su vecino en donde se establezcan las condiciones de compensación monetaria, si es que éste accede a firmarlo. En caso contrario, no se podrá introducir en el sitio ajeno, lo cual es coherente con el Estado de Derecho". 09/2585459