Defendamos la ciudad

Por Jorge Molina Sanhueza Era el 31 de octubre de 2007 y Francisco Leyton Francione, vicepresidente ejecutivo de la cadena de supermercados Tottus -ligada al clan Solari, dueños de Falabella- lucía impecable. Peinado a la gomina, terno negro y una corbata con sutiles cuadros blancos, no podía esconder su cara de orgullo. Estaba a pocos minutos de pronunciar un discurso de inauguración ante los empleados del nuevo local de la cadena ubicado en Colina, que costó US$ 10 millones. Cumplido este rito de paso, el alcalde de la comuna, Mario Olavarría (UDI) y el jefe máximo de Falabella, Reinaldo Solari, cortaron la banda tricolor, en medio de aplausos, como si se tratara de la botadura de un barco. Para Leyton, el haber llegado hasta ahí había sido -al menos públicamente- un largo proceso de negociación con la alcaldía, y una lucha comercial para vencer a su competencia, DyS (Líder) que también buscaba quedarse con ese sitio. Leyton nunca imaginó que una vez terminada la ceremonia de apertura, un hecho habría de cambiar su suerte. Ese mismo 31 de octubre de 2007, el capitán de Carabineros Cristián Klapp Fuentes, presentaba una denuncia al Ministerio Público, debido a que la entrada en funcionamiento del supermercado Tottus violaba la norma que indica que no se puede otorgar una patente de alcoholes a recintos que estén a menos de cien metros de una unidad policial o de un colegio. Y en este caso, se verificaban ambas ilegalidades. Les indicó que el pago de las 6.000 UF podía obviarse, a cambio de que la construcción del recinto donde se albergaría al supermercado Líder se hiciera con una constructora “que ellos definieran sin un proceso de licitación”. Desde esa coincidencia azarosa han transcurrido poco más de dos año de una investigación realizada por el ente perseguidor, que tuvo levantamiento del secreto bancario, declaraciones de ejecutivos de DyS, de Tottus y peritajes al Laboratorio de Criminalística de Investigaciones, entre otras pruebas. Este cúmulo de diligencias probatorias determinaron que la fiscal a cargo, Alicia Ascencio, solicitara fecha al Juzgado de Garantía de Colina para imputarle a Leyton el delito de soborno -o “coima”- pagada precisamente al jefe comunal a través de un “intermediario”, para quedarse con el negocio. Lo anterior sucederá el próximo 29 de abril. En la misma condición de imputados están el alcalde Olavarría, su jefe de gabinete, Domingo Soto, y el nexo de la operación, el empresario Nabil Mansour, todos por el delito de cohecho y los dos primeros, además, por otorgamiento ilegal de la patente para vender bebidas alcohólicas. El Ministerio Público en su escrito ante el tribunal (ver documento anexo), explica los detalles y la cronología que terminó con este “pago corrupto”. ¿Quiénes sabían? La relación entre Leyton y los dueños de Falabella comenzó en 2004, luego que esta última adquiriera por US$ 62 millones el 88 por ciento de la cadena de supermercados San Francisco, de propiedad del primero. Leyton, que además es director de la Asociación Gremial de Supermercados (Asach), se quedó con el pago en dinero más un 12% de la propiedad de Tottus y, por cierto, con la vicepresidencia ejecutiva de la empresa. En lo que lleva la indagatoria, el Ministerio Público se ha centrado en la responsabilidad sólo de los cuatro imputados, pero no hay claridad si la dirigencia de Falabella estaba al tanto de la operación que imputa la fiscal Ascencio o bien Leyton actuó por cuenta propia. Olavarría, en tanto, fue uno de los más cercanos asesores del actual ministro de Educación y ex candidato presidencial el UDI Joaquín Lavín, cuando este era alcalde de Las Condes, pero luego se habrían distanciado según el diario La Tercera. Una propuesta indecente Según los hechos acreditados por la fiscalía, fue en una reunión celebrada en Agosto de 2005 que el jefe comunal procedió a pedir “un beneficio económico” para asegurar el contrato de arrendamiento del terreno donde antiguamente funcionaba la sede edilicia, para que la empresa instalara ahí un supermercado. El precio original, señala el documento del Ministerio Público, era de 6 mil UF, las que serían disimuladas como una “comisión de corretaje” a través del intermediario Nabil Mansour. Seis meses más tarde, en enero de 2006, la propuesta fue reiterada, pero los empleados de DyS rechazaron la oferta. Pero en negocios de este tipo siempre hay más de un competidor. Y ése, señala la Fiscalía, era precisamente Francisco Leyton Francione, en representación de Tottus. De esta manera, aquel mismo enero de 2006, este último aceptó la “oferta” y decidió pagar el soborno, escribió la fiscal Ascencio. Solari y Olavarría cortando la cinta del supermercado Tottus. La fórmula y monto del pago fue la misma ofrecida a DyS. Pero antes de concretar el traspaso de fondos, el proyecto debía ser aprobado por el Concejo Municipal, hecho ocurrido el 4 de abril de 2006, donde Olavarría quedó en condiciones de llevar adelante el contrato con Tottus. El 13 de septiembre la firma del acuerdo comercial quedó sellada. Lo que venía ahora era el cumplimiento del “beneficio económico”, señala la fiscal en su escrito de formalización. Éste se realizó el 12 de diciembre. La estrategia elegida para difuminar el pago fue una comisión de corretaje, depositada en dos cheques de la empresa de Leyton -Inmobiliaria Montes Asís Limitada (ver documento de Dicom) de poco más de $ 64 y $ 47 millones, respectivamente, en la cuenta del “nexo” Nabil Mansour. Este último es un conocido empresario del rubro inmobiliario en la Quinta Región, que más de alguna vez ha estado en el ojo del huracán por sus proyectos. Cuando Mansour tuvo los dineros en su poder derivó el 50% (unos 60 millones) a las empresas del asesor alcaldicio, Domingo Soto, Inversiones Patagonia y Decsa, respectivamente. El negocio estaba hecho. Según la fiscal, Soto le traspasó al alcalde UDI Olavarría poco más de $ 117 millones en montos de no más de dos millones por mes, con el fin de blanquear el origen ilícito del dinero. Pasaron los meses y el supermercado Tottus continuaba su construcción aceleradamente. La idea era inaugurarlo el 31 de octubre, poco más de un mes y medio antes de la Navidad, cuando las ventas suben ostensiblemente. Sin embargo, faltaba la patente de alcoholes, la que no tardaría en llegar, ya que según la fiscal el pago de la coima estaba asociado al otorgamiento ilegal de esta autorización edilicia. Y así fue, porque Olavarría propuso ante el Concejo Municipal el 30 de octubre que Tottus pudiera vender vino, cervezas y licores destilados, pese que no cumplía la ley, porque a menos de 100 metros no sólo estaba la comisaría, sino también un paradero de colectivos y una institución para jóvenes en riesgo social. De ahí en adelante los destinos del oficial de Carabineros Klapp, de Leyton, Olavarría y Soto se cruzarían y sus actos quedarían plasmados en la carpeta de investigación de la fiscal Alicia Ascencio, donde los testimonios de los anteriores, más los entregados por los ejecutivos de DyS, fueron claves para que el caso tenga en el ojo del huracán a uno de los máximos ejecutivos de Tottus. Palabras sacan palabras La formalización de los cargos contra los participantes de estos delitos está agendada para el próximo 29 de abril. Ese día la perseguidora mostrará públicamente cuáles son las pruebas que ha conseguido en contra de los imputados. En su escrito ante el tribunal de garantía, la fiscal Ascencio cuenta con las declaraciones del entonces gerente de desarrollo de la empresa Saitec –filial de DyS- Manuel Tames Rodríguez.. El ejecutivo reconoció los intentos ante el municipio de Colina para instalar un supermercado, pero agregó un detalle que le pareció “anormal” e “improcedente” cuando Mansour le propuso el negocio: que el pago de las 6.000 UF se hiciera a una empresa externa. “Contablemente en Líder, ese egreso no hubiese podido justificarse debidamente y hubiese sido rechazado”, explicó Tames. Posteriormente, todo quedó en manos de Francisco Núñez de la misma firma Saitec. Nuñez recibió la misma oferta “pero le indiqué (a Mansour) que el negocio no podía seguir, porque se trata de una tarifa absolutamente fuera de todo mercado”. “Recuerdo que ante mi insistencia en saber cuál era la razón para el excesivo cobro, el señor Mansour me manifestó que se trataba de sumas altas, puesto que detrás de todo esto debía pagar favores de tipo político, ante mi duda agregó que se trataba de una coima dirigida a la municipalidad. Lo anterior nos llamó mucho la atención en el sentido de que se estaba ocupando la figura del alcalde para un negocio poco transparente, por lo que decidimos reunirnos con éste (Olavarría)”, declaró Nuñez el 19 de mayo de 2008. Y así lo hizo junto a su jefe, Sebastián Rozas. Al hablar con el edil le indicaron que estaban usando su cargo para un acto con características de corrupción, ofreciéndole pagar la misma cantidad solicitada, siempre y cuando no hubiera intermediarios y terminara en las arcas municipales. Según Núñez, el alcalde Olavarría se manifestó indignado por la actitud de Mansour y les agradeció que le hubieran informado del hecho. El edil, como medida de transparencia, les ofreció hacer una exposición ante el Concejo Municipal, hecho que ocurrió a los pocos días. Sin embargo, recibieron esta vez una carta del alcalde, pero nuevamente a través de Mansour, donde se indicaba que aceptaban la propuesta de DyS, pero que de todas formas habría un intermediario para la recepción del dinero. Como no hubo acuerdo, más adelante apareció el asesor del alcalde, Domingo Soto, en las oficinas de la filial de DyS. Según el ejecutivo, les indicó que el pago de las 6.000 UF podía obviarse, a cambio de que la construcción del recinto donde se albergaría al supermercado Líder se hiciera con una constructora “que ellos definieran sin un proceso de licitación”. Rozas confirmó los dichos de Núñez, como también lo hizo Francisco Ortúzar, gerente de finanzas de DyS. Para justificarlos entregaron a la fiscal Ascencio copia de la carta que Mansour les envió haciendo esta propuesta irregular, en la que se lee claramente que las 6.000 UF deben ser pagadas “a una empresa externa”. En la carpeta de la fiscal están también las pruebas en contra de Leyton. Una de ellas son las cartas con el Alcalde, tendientes a formalizar el contrato, en las que no se habla del pago de la “comisión”. Este hecho para la perseguidora es relevante, ya que revela que el acuerdo fue “secreto”. Y aunque la perseguidora intentó obtener de parte del tribunal una serie de medidas cautelares “reales” sobre Leyton, como el impedimento de vender sus propiedades o mover dineros para hacer frente a una eventual condena que implique multas y la devolución del dinero, el magistrado Juan Carlos Valdés lo rechazó. Este medio intentó obtener una versión de Leyton a través de sus abogados, Leonardo Bataglia y Cristian Muga, del estudio de Luis Ortiz Quiroga, pero declinaron comentar el hecho. La misma negativa sucedió con Matías Balmaceda, patrocinante del alcalde UDI Olavarría. Nota de la redacción: La solicitud de medidas cautelares solicitada por el Ministerio Público para evitar que los imputados no pudieran celebrar contratos o mover sus dineros con el objeto de hacer frente a las posibles condenas, sólo fueron solicitadas respecto de tres de las cuatro personas: el alcalde Mario Olavarría, el ex jefe de gabinete Domingo Soto, el empresario Nabil Mansour, excluyendo expresamente a Francisco Leyton.