Defendamos la ciudad

"Estamos durmiendo por turnos, porque tememos que en cualquier minuto el edificio de al lado se nos venga encima", dice angustiada Patricia Rosales, vocera de las 16 familias que viven en el condominio Bahía Azul de Viña del Mar y que ayer interpusieron el primer recurso de protección debido al peligro de derrumbe que representa el edificio colindante a sus propiedades, dañado severamente tras el terremoto. El recurso legal por el derecho a la vida fue ingresado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso y es el primero en el país desde el terremoto. El abogado Jorge Martínez explicó que esta acción va contra la Municipalidad de Viña del Mar y la constructora Piewer & Piewer, propietaria de la torre Toledo, de 12 pisos, que fue evacuada y clausurada. "Estamos pidiendo que la Corte consulte a la autoridad municipal y a la constructora cuáles son las medidas concretas que han tomado en pro de los vecinos porque este edificio está por derrumbarse y ni la constructora ni la municipalidad han establecido ninguna medida de seguridad a favor de los vecinos", asegura el abogado. El condominio Bahía Azul cuenta con 16 departamentos en cinco pisos. Desde el día del terremoto que sus habitantes han decidido turnar su permanencia ante el temor de que el edificio contiguo colapse sobre sus hogares. Dos familias y el conserje se quedan por noche, mientras el resto aloja en hostales cercanos pagando tarifa de turista. "Esto es tan simple como que el edificio nuestro tiene 5 pisos y el del lado 12. El día del terremoto Carabineros nos sugirió salir por precaución pero ninguna autoridad municipal nos ha dicho nada. Como está todo solo, ha entrado gente y tenemos miedo de que nos roben", dice Patricia Rosales. El abogado Martínez agregó que de no existir medidas concretas por parte del municipio y la constructora esperan que la Corte pueda aplicar el artículo 156 de la Ley General de Urbanismo y Construcción que faculta a los alcaldes a levantar un acta "y ordenar la inmediata demolición de un inmueble si este amenaza ruinas y es un peligro para las personas porque para la corte es prioritaria el derecho a la vida por sobre los derechos de la constructora", precisó. El municipio dio un plazo de 48 horas a los copropietarios del edificio Toledo para que presenten un informe técnico sobre la estabilidad estructural de la torre "y las medidas que se adoptarán para dar solución provisoria y definitiva con el fin de prevenir los riesgos para sus ocupantes y vecinos" informaron desde el municipio. El plazo vence en las últimas horas de este lunes y según el informe se determinarán las medidas a adoptar. Esta exigencia surgió tras la inspección ocular de los euqipos de la Secplac y de la Dirección de Obras viñamarina que sugiriendo la demolición de la torre. Los vecinos del condominio contiguo esperan ser desaolados y seguridad para sus depatratemtnos mientras se define el futuro del edificio dañado. "La constructora nos mandó una carta hoy (ayer lunes) para pedirnos disculpas y para decirnos que pondrán unos pilares y un sistema de contención, pero tememos que ese edificio se cae sí o sí", dijo la vocera de los vecinos. La Corte cuenta con un máximo de cinco días para pronunciarse. "Esperamos que sea dentro de las 24 horas dado las cuantiiosas réplicas que agravan la situación", dijo el abogado Martínez.