Defendamos la ciudad

“Ha causado estupor en la comisión la presión que se ha hecho sobre muchos servicios para informar en un sentido determinado la calificación ambiental del proyecto HidroAysén”, aseguró el diputado Alfonso de Urresti (PS) luego de que por más de dos horas la Comisión Investigadora de Resoluciones de Coremas sobre Proyectos Energéticos de la Cámara Baja escuchara la exposición del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) sobre la tramitación de la apuesta energética. Compartir en Facebook 29 Las supuestas presiones a los servicios públicos para allanar el camino al proyecto, fueron abordadas primero por el secretario ejecutivo del CDP, Patricio Rodrigo, que relató que funcionarios de algunos organismos públicos habrían recibido una instrucción para evitar que se pronunciaran en “inconformidad” con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado en agosto de 2008 por la sociedad Endesa-Colbún. Historia que no era nueva para la comisión presidida por De Urresti, que ya había empezado a indagar sobre el rol de los conocidos como “fast tracker” del ministro de Energía, Marcelo Tokman: los ingenieros comerciales Jaime Bravo y Juan José Rivas. Este último, según detalló el diputado socialista, asistió a la instancia parlamentaria en noviembre pasado. “Tenemos identificados a los fast tracker, que cual caravana de la muerte recorren el país presionando los proyectos energéticos”, señaló De Urresti. Y agregó que sería bueno saber si en Aysén “también dejaron esa huella”. Según De Urresti, durante la sesión “han quedado explícitas una serie de actuaciones que están en el límite de la legalidad por parte del intendente de la región”. Rodrigo explicó que según el ex coordinador y jefe de asuntos ambientales de la Subsecretaría de Pesca, Alex Brown, Rivas se había reunido con funcionarios de la DGA y el Sernageomin para decirles que la aprobación de HidroAysén era una decisión que contaba con el absoluto respaldo de la Comisión Nacional de Energía (CNA), por lo que debían alinearse. Al respecto, De Urresti señaló que “esto es algo de enorme gravedad, así que vamos a seguir investigando. Creo que esto le hace muy mal al Sistema de Estudio de Impacto Ambiental y vulnera no sólo la normativa legal, sino que podríamos estar en presencia de algún ilícito”. En vista de esto, se acordó citar a Brown para que explique lo sucedido. La reunión de la comisión investigadora se efectuó tres días después de que venciera el plazo para realizar la evaluación ambiental del proyecto, que el 29 de diciembre fue ampliado en 60 días. Esto implica que el destino de la iniciativa no se decidirá durante el gobierno de Michelle Bachelet. Citan a intendente de Aysén El que también deberá comparecer ante la comisión investigadora es el intendente de Aysén, Selim Carrasco, a quien se indagará sobre supuestas irregularidades en la tramitación del proyecto energético, proyecto al que se le pidió un Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental (ICSARA) con casi tres mil observaciones. Según De Urresti, durante la sesión “han quedado explícitas una serie de actuaciones que creo están en el límite de la legalidad por parte del intendente de la región. Él está citado a la comisión en su calidad de funcionario público y además acordamos constituirnos en Aisén para recabar más antecedentes”. Al respecto, el diputado René Alinco (PPD) criticó desde su oficina parlamentaria duramente a Carrasco, señalando que “es preciso que se termine con las irregularidades que le han restado legitimidad a nuestra institucionalidad y al Gobierno, y que afectan, de una u otra manera, las posibilidades de nuestro candidato Eduardo Frei de ser el próximo Presidente de Chile”. Alinco señaló también que la actuación de la máxima autoridad regional sería “una de las formas de gobierno que la ciudadanía que optó por Marco Enríquez-Ominami o votó nulo, y que hoy está pensando en votar nulo o abstenerse, rechaza”, aludiendo a las diversas irregularidades denunciadas por ciudadanos y organizaciones al respecto. Estas irregularidades fueron expuestas por la abogada Macarena Soler en la comisión y apuntan a que el Intendente habría impuesto a los organismos sectoriales la decisión de enviar un ICSARA a HidroAysén, a pesar de que 11 de los 33 órganos con competencia ambiental indicaron “que carecía de información relevante y esencial que permitiera calificarlo y dos manifestaron abiertamente que no cumplía con la legislación vigente”. La abogada detalló que el viernes 7 de noviembre de 2008 a las 20:00 horas se efectuó una sesión de la Corema en la Intendencia, donde la tabla de la reunión no indicaba que se trataría el megaproyecto, sino “varios”. En 9 minutos y 30 segundos, el entonces director regional de la Conama, José Pablo Sáez, expuso el estado de tramitación del proyecto, sin incluir las observaciones de los organismos sectoriales. Por tanto, no hubo votación ni acuerdo sobre el tema, sino que Carrasco, también presidente de la Corema, decidió elaborar el informe consolidado con las observaciones. Esta acción fue duramente criticada por Soler, que detalló una serie de irregularidades en el proceso. En un primer dictamen la Contraloría regional emitió una resolución que señalaba que la decisión de Carrasco de remitir a HidroAysén el Icsara no se ajustaba a la normativa vigente, ya que esto “impidió a la Corema, sobre la base de los informes emitidos por los organismos de la administración del Estado competentes”, rechazar el proyecto. Dos meses después, el órgano fiscalizador emitió un nuevo dictamen, señalando que la elaboración del ICSARA sí se ajustaba a derecho, por tratarse de un “mero trámite”. Lo que para Soler es ilegal, ya que “según el artículo 16 de la ley de Bases Generales del Medio Ambiente, la solicitud de ICSARA es una facultad privativa y exclusiva, por tanto indelegable de la Comisión Nacional o Regional del Medio Ambiente”. Por ello solicitaron un proceso de reconsideración a la Contraloría General de la República. Luego de la presentación, los parlamentarios decidieron oficiar al contralor Ramiro Mendoza para hacerle presente la exposición y relato de las supuestas inconsistencias del dictamen regional.