Defendamos la ciudad

José Miguel Jaque La Nación Francisco de la Maza repite una y otra vez que éste es un conflicto menor. Enfatiza que no comparte el criterio de la directora de obras de su comuna, María Eugenia Vial, para aplicar la normativa de predio residual en un terreno que no cumplía las condiciones para ello, pero que la falta no es grave. “No existe daño desde el punto de vista urbano ni a los vecinos”, dice. Sin embargo, a los vecinos no les pareció que en un terreno de uso habitacional unifamiliar se levantara un edificio de cinco pisos. Tampoco a la secretaria regional ministerial metropolitana de Vivienda y Urbanismo (seremi), Verónica Serrano, quien decretó que el permiso de edificación no correspondía. - La Corte Suprema confirmó que la seremi de Vivienda y Urbanismo actuó dentro de sus atribuciones al interpretar que el permiso estaba mal otorgado. ¿Con esto se zanja el tema? -No, porque la seremi actuó dentro de sus atribuciones al interpretar la norma cuando el permiso ya estaba otorgado por la directora de obras. Si en un futuro -Pero la directora de obras depende de la seremi. Es su superior. -Por supuesto, pero depende de ella desde el momento en que la seremi interpreta la norma. Es decir, para las futuras acciones. Si la directora de obras otorga hoy un permiso con su criterio y no con el de la seremi, estaría actuando ilegalmente. -Si usted fuera el director de obras, ¿habría dado ese permiso? -No, no lo habría dado. Comparto el criterio de la seremi en la aplicación de la norma. Ésa es mi visión. Pero también entiendo que los argumentos técnicos de la directora de obras son atendibles. -No le parece facilista argumentar que no hubo mala fe en el otorgamiento de un permiso. ¿En qué pie quedan las normativas? ¿No existe el riesgo de caer en una ley de la selva con estos permisos? - Tú me puedes decir que la ley es mala y yo puedo estar de acuerdo contigo. Encuentro absurdo que la Dirección de Obras tenga autonomía respecto del alcalde. Pero así es la ley y tengo que respetarla. Ahora, ese riesgo (la ley de la selva) que señalas no existe porque las personas que tienen responsabilidades de sus actos administrativos tienen sanciones y para eso está la Contraloría. -Pero usted convino con la directora de obras no otorgar más permisos bajo la norma de predio residual. -Así es, le pedí formalmente que no otorgara ningún permiso que no fuera bajo el criterio de la seremi. Es como en el Ejército: si un cabo está haciendo un trabajo y un teniente le dice que debe hacerlo de otra manera, si no lo hace sería rebeldía. -¿Ha habido rebeldía en este caso? La seremi dijo que el permiso está fuera de norma y pide a la directora de obras “tomar las medidas necesarias para reparar la equivocación”. Esto es aplicar la Ley de Vivienda y Urbanismo y paralizar la obra. -No ha habido rebeldía. Cuando uno tiene un superior jerárquico tiene derecho a discrepar y hay instancias que resuelven eso. Un teniente tiene derechos de mando sobre un cabo, pero limitados. En este caso, la directora de obras sostiene que otorgó un permiso bajo su criterio de acuerdo a la normativa y por lo tanto no está dispuesta a desdecirse. Sí está dispuesta y obligada en el futuro a aplicar el criterio de su superior jerárquico. Ahí interviene una instancia superior, como la Contraloría. -¿Que pasa si el dictamen de la Contraloría es adverso a la directora de obras? -Me correspondería aplicar sanciones. Pero te reitero, esto no es tan categóricamente claro. Por eso, cuando alguien pide demoler, ¿demoler para qué? ¿Para hacer lo mismo con otras exigencias? -¿No teme que se llegue a la demolición? No. -El concejal Hugo Unda se puso en ese escenario y planteó que la inmobiliaria (Loft Carmencita Ltda.) podría demandar pidiendo el pago del total de la obra, es decir, mil 600 millones de pesos. -Tendría que demostrar que la directora de obras actuó de mala fe. Lo veo difícil. -En el escenario actual, ¿está de acuerdo con recepcionar la obra? -Obviamente. Lo correcto es que la obra se reciba y siga funcionando normalmente. Encontraría muy raro que la Contraloría dictamine contra el permiso mismo, pero no que lo hiciera contra quienes otorgaron el permiso, a no ser que se pruebe que hay dolo o una intencionalidad especifica entre la directora de obras y la inmobiliaria, cosa que yo descarto. -Los vecinos estiman que el municipio y la inmobiliaria han actuado en concomitancia. -No, no, no. No los conozco, no sé ni cómo se llaman, ni me interesa. Tanto es así que la inmobiliaria trató de que la directora de obras le aprobara un proyecto similar y como lo rechazó, establecieron un juicio contra ella. La diferencia es que en ese momento ya había existido la interpretación de la seremi. Cuando uno llega a esos argumentos es porque no está buscando la verdad, sino ensuciando la honra de las personas con alguna intencionalidad distinta. -¿Qué tipo de intencionalidad? Política, puede ser. He visto que Patricio Herman, de la agrupación Defendamos la Ciudad, ha hecho denuncias con un candidato a diputado y cuando se mezcla lo político con lo técnico, a mí me huele mal. Eso lo desacredita. Si los vecinos se sienten afectados tienen derecho a recurrir a los tribunales... La municipalidad recibe seis demandas al día. Y no hemos perdido nunca. LN