Defendamos la ciudad

Señora Presidenta: La iniciativa de ley actualmente en discusión que crea el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental enfrenta una etapa decisiva al iniciarse en estos días la fase final para su aprobación. El envío de este proyecto de ley durante su mandato fue la culminación de un proceso que significó altos costos sociales y ambientales, tras 15 años de vigencia del actual marco legal. Varios desastres y daños irreversibles al patrimonio ambiental debieron ocurrir para que históricas movilizaciones y una creciente conflictividad socio-ambiental dieran paso al consenso político requerido para concretar los cambios institucionales largamente demandados por la ciudadanía. El proyecto enviado por Usted representó un avance significativo, al crear un Ministerio que terminaría con la subordinación de los temas ambientales, una Superintendencia con atribuciones sancionatorias efectivas y un Servicio de perfil técnico en reemplazo de las COREMAs, que pondría fin a la nefasta intervención política y al lobby en la evaluación ambiental de las inversiones. Durante su tramitación en la Cámara de Diputados el proyecto recibió importantes mejoras, muchas aportadas por actores sociales que se involucraron en la discusión, asumiendo el desafío de su gobierno ciudadano. Entre estas propuestas destacan la creación de espacios de participación resolutiva en la Evaluación Ambiental Estratégica, la incorporación de participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental y el fortalecimiento de las atribuciones de la Superintendencia, quedando pendiente la creación de un Servicio de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Protegidas. En el Senado el proyecto concitó un inédito interés, jamás registrado por una iniciativa legal, manifestado en 1.350 indicaciones presentadas por 16 Senadores, la mayoría de las cuales reflejan las demandas ciudadanas que por más de una década han exigido superar los vacíos legales vigentes. Sin embargo, desconociendo el contenido y espíritu del proyecto original, así como los consensos sociales alcanzados, su Gobierno, a través de la Ministra de Medio Ambiente, suscribió un acuerdo político con los senadores Longueira (UDI), Allamand (RN), Horvath (RN), Letelier (PS) y Alvear (DC) para forzar la aprobación en el Senado de una ley mutilada, que representa un grave retroceso respecto a los avances logrados en la Cámara de Diputados. Entre los retrocesos más graves están: a) La eliminación de la participación resolutiva en la Evaluación Ambiental Estratégica. b) La reactivación de las COREMAs, presididas por los Intendentes y dejando fuera a los Consejeros Regionales, prontos a ser elegidos democráticamente. c) La restricción de la participación en las Declaraciones de Impacto Ambiental. d) El debilitamiento de la Superintendencia, cuyas sanciones graves y gravísimas, y medidas provisionales, serán visadas por los Tribunales Ambientales propuestos por Senadores de la Alianza, y que reemplazarán a los tribunales ordinarios en materias ambientales. Además, el procedimiento de aprobación vía “fast track” impulsado por la Ministra impidió abordar otras materias fundamentales recogidas por los centenares de indicaciones ingresadas al Senado, incluyendo la situación de CONAF, la negociación incompatible entre proponentes y comunidades durante la evaluación ambiental, la unicidad de proyectos, el principio precautorio y la aplicación del Convenio 169 en materia de participación ambiental de comunidades y pueblos indígenas. Señora Presidenta, con este acuerdo, negociado a espaldas de la ciudadanía y sus representantes en el Parlamento, su Gobierno está incumpliendo gravemente los compromisos asumidos en materia ambiental y de participación ciudadana, sacrificando de paso las atribuciones de la futura Superintendencia y perpetuando la intervención política y el lobby en la evaluación ambiental. La ley ambiental que deberá ser aprobada en el Parlamento perdurará por años, como la actualmente vigente, promulgada en 1994 por el entonces Presidente Aylwin, sólo que esta vez llevará su firma. Considerando la relevancia de esta reforma a la institucionalidad ambiental de Chile, le hacemos un llamado para que su Gobierno abra los espacios de discusión necesarios y reponga en el Parlamento los artículos eliminados que cercenan el proyecto y ponen en riesgo su legitimidad social. No hacerlo sería traicionar las demandas de históricos procesos de movilización ciudadana, sin los cuales esta reforma jamás habría contado con el respaldo político necesario para iniciar su tramitación. Acción por los Cisnes Acción por la Tierra Asociación Chilena de ONGs, Acción Centro de Desarrollo Urbano Medio Ambiente y Ecológico, Viña Oriente Corporación Chile Ambiente Colegio de Antropólogos de Chile A.G. Comité de Defensa de Valparaíso Conapach Coordinadora Defensa Río San Pedro Corporación para el Desarrollo de Aysén (CODESA) Chichimen Ecosistemas Ética de los Bosques Federación Nacional de Sindicato Regionales de CONAF (FENASIC) Fundación Defendamos la Ciudad Fundación Terram Greenpeace Chile Jóvenes Tehuelches Valdivia Observatorio Ciudadano Oceana Movimiento de Defensa del Medio Ambiente (MODEMA) Salvemos Cobquecura Sindicato de Profesionales de CONAF Fundación Pumalin Fundación Yendegaia Santiago, 10 de noviembre 2009