Defendamos la ciudad

Su opinión contrasta absolutamente con la de los vecinos que reclaman por la estructura y la agrupación Defendamos la Ciudad, los cuales aseguran que el permiso entregado a la inmobiliaria Loft Carmencita está viciado y como tal es ilegal. El edil señaló que efectivamente existe una controversia entre la Dirección de Obras de la Municipalidad que dio un permiso de edificación a la constructora bajo una normativa nueva y la Seremi de Vivienda que determinó que la autorización estaba mal otorgada, porque no se estaría cumpliendo la condición de densificación del terreno. La Seremi sostiene que el sitio sólo es apto para una vivienda unifamiliar, pues un edificio de 5 pisos, necesita de un terreno de 1.500 metros y éste cuenta como un paño de 870 metros cuadrados. La Dirección de Obras se defiende argumentando que otorgó el permiso por el hecho de que el terreno sufrió un cambio de uso de suelo que no es habitacional. En este momento el tema está en manos de la Contraloría que es el órgano administrativo que resuelve este tipo de situaciones y que encargó un sumario, cuyos resultados aún no están listos. No obstante el alcalde afirmó: "Estoy seguro y hay precedente en eso de que en el caso del edificio, la Contraloría va a actuar bajo el principio de la buena fe (...) Cuando uno recibe un permiso de edificación aunque se haga con un criterio distinto al que pueda determinar la Contraloría, finalmente el privado recibe ese derecho y lo ejecuta". Añadió que mientras la directora de Obras no decrete algo distinto la edificación seguirá adelante. En ese sentido, De la Maza explicó que el recurso de protección interpuesto por la empresa en contra de la Seremi y los posteriores fallos de los tribunales de Justicia corresponden a otro ámbito, ya que dicho dictámenes sólo apuntaban a dilucidar si la repartición pública tiene o no atribuciones para interpretar la normativa municipal. La Corte Suprema confirmó el fallo del tribunal de alzada y determinó que la Seremi sí tenía competencia para interpretar la norma, pero no zanjó el tema de fondo. Asimismo aclaró que la Municipalidad no ha sido litigante en este proceso y que quienes impugnaron la iniciativa no pueden solicitarle la demolición del controvertido inmueble, pues la alcaldía no tiene la facultad de hacerlo. Contraparte insiste en la demolición Muy distinta es la visión del presidente de la agrupación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, quien insistió en que De la Maza debe emitir un decreto para paralizar las obras y posteriormente establecer la demolición de lo que calificó como una "construcción ilegal". Según Herman, el alcalde sí tiene la atribución para ordenar la demolición del inmueble y que argumentar lo contrario es "no conocer la ley o sacarse el pillo". Sin embargo, la ley a la que hace alusión entró en vigencia en agosto de este año y, por tanto, no podría aplicarse con efecto retroactivo a este caso. También rechazó la versión del edil sobre el fallo de la Corte Suprema y aseguró que el máximo tribunal logró establecer que el permiso estaba viciado. El escenario más probable De la Maza indicó que aunque él comparte la interpretación del Serviu, la directora de obras entregó el permiso dentro de sus atribuciones, tal como lo determinó un sumario interno del municipio. El edil dijo que este tipo de autorizaciones se dan para propiedades de tipo "cenicero", es decir las que están rodeadas de edificios y que el permiso cumple con la norma de ordenanza general. Además en el plano regulador, el lugar está definido como una zona de altura. "Veo difícil que se llegue a la demolición porque aquí no ha habido dolo ni vicio. En caso de que se haga un dictamen de cómo aplicar la norma, ese dictamen será obligatorio para la directora de Obras a partir de ese momento", expresó. También señaló que, a su juicio, lo que puede haber en este caso son eventuales sanciones administrativas, si es que la Contraloría comprueba que la autorización se entregó con algún grado de intencionalidad.