Defendamos la ciudad

“Planificación de ciudades sostenibles: informe mundial sobre los asentamientos humanos 2009”, es el estudio que presenta la Organización de Naciones Unidas (ONU) a nivel global. Se trata de un informe en el que se evalúa la efectividad de los actuales sistemas de planificación en el mundo y se examina la poca atención que se ha prestado en todas partes a satisfacer las necesidades de la mayoría de los habitantes de los centros urbanos. A nivel mundial, el estudio revela la alarmante tendencia que se observa en la mayoría de las ciudades de países desarrollados y en desarrollo, acerca de la proliferación de barrios suburbanos superpoblados, sin la infraestructura mínima y de comunidades con admisión controlada para personas con alto poder adquisitivo, como lo indicó Paola Jirón, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile (FAU) y coordinadora de la investigación en nuestro país. “Los desafíos van por problemas ambientales, todo el tema del cambio climático y cómo impacta esto a las ciudades; el crecimiento de las poblaciones, cómo este crecimiento afecta y, por ende, la expansión urbana que tienen las ciudades a nivel mundial; cómo los problemas económicos de la crisis que está sucediendo también están anclados en la ciudades y cómo ellas pueden lidiar con estos problemas. Otro de los temas que resaltan mucho, es la necesidad de vincular más la participación ciudadana dentro de la planificación urbano regional”, señaló. En América Latina, la preocupación mayor es la alta tasa de migración: cada día llegan más de 200 mil personas a las ciudades, aumentando las desigualdades y las condiciones de vida precarias, una materia en la que Santiago está entre las diez ciudades más desiguales de la región. De Chile se critica la falta de un política clara de planificación urbana, la que ha permitido una expansión “extremadamente permisiva, generando un crecimiento desordenado con graves consecuencias ambientales, económicas, sociales y funcionales”, como lo explicó Paola Jirón, “En el caso chileno, uno de los problemas graves y que sugiere Naciones Unidas es que en Chile no tenemos una política urbana formulada, donde oriente por dónde debería ir la gestión y la planificación de las ciudades y eso aumenta los costos de urbanización, del crecimiento de la ciudad, de transporte, de equipamiento. En Chile hay muy poca participación ciudadana en la toma de decisiones, los municipios también carecen de profesionales capaces que puedan lidiar con lo que conlleva la urbanización en distintas partes de Chile”, declaró. Si bien el informe presenta el caso de Chile en varias oportunidades como una de las naciones que presenta menos índices de presencia de campamentos en América Latina, sí es lapidario en materia de desarrollo de un sistema de transporte efectivo. Textualmente, el informe señala sobre el Transantiago que es “un ejemplo de una implementación fallida de este enfoque, en parte como una falta de planificación de transporte integrada, un vínculo bastante débil con la planificación urbana y una poca capacidad de comprender las maneras complejas en que la gente usa el espacio y el transporte en la ciudad”. Lo anterior, en comparación con experiencias como las de Transmilenio en Bogotá y la Red Integrada de Transporte de Curitiba en Brasil, el que es planteado como un ejemplo a nivel mundial. Esto, porque en proyectos modelos de planificación son tomadas en consideración las sugerencias de la ciudadanía, cosa que en Chile no sucede, como lo indicó el representante de la Agrupación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman. “El Estado chileno a través de sus distintos ministerios y funcionarios, de una u otra forma no hacen cumplir las normas establecidas por el propio Estado. El Estado chileno voluntariamente se ha desentendido de su rol conductor que debe ejercer en el tema de la planificación urbana, qué vamos a hablar de participación ciudadana, en Chile no existe, es más, se le ponen trabas a las participación ciudadana”, denunció. El informe plantea como medidas que existan leyes que garanticen compromisos ambientales y sociales en las políticas urbanas, la descentralización en las decisiones sobre planificación, mejor coordinación entre entes de gobierno y municipalidades en los proyectos urbanísticos, la promoción de investigación especializada en la materia y el intercambio de información entre profesionales, así como la actualización de estudios a través del desarrollo de la enseñanza.